Tribunal federal concede amparo a general señalado por caso Ayotzinapa; continuará su proceso en libertad

Un tribunal federal concedió un amparo al general Rafael Hernández Nieto, señalado por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para que continúe su proceso en libertad. 

Por mayoría de votos, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la resolución que ya había sido otorgada en primera instancia por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 

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De esta forma, el general en retiro seguirá afrontando su proceso en libertad, en el que la Fiscalía General de la República (FGR) lo señala por reunirse con integrantes del grupo criminal Guerrero Unidos, según diversos chats que intervino la Administración de Control de Drogas (DEA).  

Desde agosto de 2023, una jueza federal decidió dejarlo salir de prisión y otorgarle la prisión domiciliaria tras considerar que no existía riesgo de fuga de dejarlo salir en libertad, luego de que le fuera concedido un amparo para cambio de medida cautelar. 

Por ello, la jueza le ordenó entregar su pasaporte y presentarse cada 15 días ante las autoridades para firmar el libro de procesados. Además, le prohibió acercarse a las familias o testigos del caso Ayotzinapa para preservar su seguridad y el procedimiento penal que enfrenta. 

La FGR impugnó la resolución tras considerar que no se encontraba garantizada la presencia del general en el proceso y que incluso existían pruebas para justificar la imposición de la prisión preventiva en su contra, ya que no se encontraba acreditado su arraigo domiciliario ni asiento familiar, lo que constituía un alto riesgo de fuga y permanecer oculto de dejarlo salir. 

No obstante, el Tribunal calificó como “inatendibles” los argumentos de la FGR y ordenó dejar sin efecto la resolución emitida en audiencia el 8 de julio de 2023, respecto a la imposición de la medida de prisión preventiva en su contra, y que se realice otra audiencia en la que se otorgue el carácter de definitivo a la audiencia en la que le fue dictada la prisión domiciliaria a su favor, celebrada el 20 de agosto de 2023. 

Cambio de medida cautelar es “inusual”

En su momento, organizaciones como Tlachinollan, Fundar, SeraPaz y el Centro Prodh -que acompañan a las familias de los 43 normalistas- calificaron como “inusual” el cambio de medida cautelar del general Hernández Nieto. 

“La determinación adoptada por la Juez Segundo de Distrito muestra un innegable sesgo a favor del Ejército. Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios, explicables sólo por la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas en el presente”, señalaron en un comunicado conjunto.

Además, señalaron que “de forma extremadamente inusual” la Guardia Nacional determinó en menos de 24 horas, que el detenido no presentaba riesgo de fuga; “celeridad y parcialidad que no se ha documentado en casos de civiles acusados de delitos, y que resulta sumamente sospechosa”.

Las organizaciones también recordaron que en agosto de 2022, Hernández Nieto fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal.

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“Esta inédita decisión es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos que obstaculiza impunemente el esclarecimiento de los casos de violaciones de derechos humanos en los que esta misma administración prometió verdad y justicia”, aseguraron.

¿Qué participación tuvo el general en el caso Ayotzinapa? 

Hernández Nieto era comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en el momento del ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, que fueron atacados y desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. 

Por ese motivo, el general en situación de retiro fue señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada relacionados con la desaparición de los 43 normalistas. 

Incluso Elena Jaloma Cruz, administradora de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), presentó como pruebas las intervenciones telefónicas realizadas por la DEA para probar sus dichos contra el general.  

Otras detenciones relacionadas con el Ejército y el caso Ayotzinapa son las del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirota Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, quienes están en una cárcel militar acusados por los mismos delitos.