La trama de falsificación e interferencias electorales que revelaron los fiscales para llegar al veredicto sobre Trump

NUEVA YORK.– Durante años, los fiscales debatieron, se pelearon y, en por lo menos dos casos, incluso renunciaron por el destino de la investigación sobre Donald Trump que realizaba la fiscalía del distrito de Manhattan. De hecho, algunos juristas llegaron a predecir que esa investigación sería la ruina del fiscal general del distrito, Alvin Bragg.

Pero el jueves un jurado reivindicó rápida y decisivamente la riesgosa estrategia que usó Bragg para presentar 34 cargos penales contra el expresidente norteamericano.

A los fiscales los ayudó la ley electoral local del estado de Nueva York y los dos jueces que los habilitaron a avanzar con su novedosa teoría legal, pero también su propia habilidad para sacarle el jugo a su testigo de mayor riesgo, Michael Cohen, el exoperador de Trump.

El veredicto que encontró culpable a Trump de los 34 cargos penales que se le imputaban representa un triunfo para Bragg, que ahora también puede reclamar su lugar en la historia como el primer fiscal que imputa, procesa y logra la condena de un expresidente norteamericano.

“Cumplí con mi trabajo”, dijo Bragg tras conocerse el veredicto. “Y nuestro trabajo es ceñirnos a los hechos sin temores ni favoritismos, y es lo que hicimos”, añadió.

Los fiscales tuvieron que convencer a los miembros del jurado de que Trump había falsificado registros y asientos comerciales para cubrir un escándalo sexual que amenazaba con dinamitar su campaña presidencial de 2016.

Y la tarea no era fácil: tenían que llevar al jurado en un complejo y sinuoso viaje de una década que arrancó en el torneo de golf de celebridades en Lago Tahoe, Nevada, hasta concluir en la Casa Blanca. Y los mantuvo a flote la letra chica de la ley electoral del estado de Nueva York. Lo único que tenían que demostrar es que Trump fue “la causa” de que los registros comerciales fueran falsos, sin necesidad de que lo haya orquestado o falseado personalmente.

Pero para que las acciones de Trump constituyeran un delito penal también tenían que demostrar que el magnate había falsificado esos registros para ocultar un segundo delito. Y ese fue el punto que desalentó de seguir adelante al antecesor de Bragg, el exfiscal Cyrus Vance Jr. Pero Bragg es un fiscal de carrera y una especie de nerd de las leyes, y puso a todo su equipo a escudriñar el Código Penal en busca de una vía legal que funcionara.

Tras meses de deliberaciones internas, Bragg se decidió por el argumento de que Trump había violado una ignota ley electoral del estado de Nueva York. Esta teoría novedosa y nunca antes probada –aplicar una ley electoral estatal a una campaña electoral nacional– dio de comer a los abogados de Trump, que argumentaron que el caso de la fiscalía, en el mejor de los casos, era endeble. Dos jueces ya habían dictaminado que los fiscales tenían sustento legal para avanzar, pero la causa también tendrá que resistir la apelación que Trump ya adelantó que presentará.

Durante seis semanas, y con el testimonio de 20 testigos, los fiscales lograron hilar una extensa trama de interferencias electorales y falsificación de asientos comerciales, convenciendo más allá de toda duda razonable a los 12 neoyorquinos que integraban el jurado de que Trump era culpable de delitos graves. También citaron como testigos a muchos de los exempleados y exaliados de Trump que, como dijo el fiscal Joshua Steinglass en su alegato final, no tenían razón para mentir o, en todo caso, tenían un incentivo para sesgar su testimonio a favor del expresidente.

Esos testimonios, sumados a los miles de páginas de pruebas documentales y las propias palabras de Trump, permitieron que los fiscales apuntalaran su caso antes de que los jurados escucharan a dos testigos claves cuya credibilidad sería atacada agresivamente: Cohen y la actriz porno Stormy Daniels, protagonista central del caso.

“Existe literalmente una montaña de evidencia testimonial que corrobora los hechos y que tiende a conectar al acusado con el delito”, señaló Steinglass durante su alegato final. “Cuesta pensar en un caso más comprobado que este”.

La ronda de testimonios del 22 de abril arrancó con un llamado al estrado a David Pecker, exeditor de The National Enquirer y amigo de Trump. Pecker pasó días testificando sobre la amplia trama que los fiscales intentaban mostrarle al jurado: el plan de Trump para influir en el resultado de las elecciones de 2016.

Los fiscales describieron la reunión de 2015 en la Trump Tower, donde el magnate inmobiliario y miembros de su círculo íntimo idearon un complot para blindar su campaña presidencial. Los miembros del jurado escucharon el convincente testimonio de Pecker sobre las escandalosas historias que compró y cajoneó para evitarle el bochorno a la campaña de Trump.

Si bien los miembros del jurado escucharon que esa práctica es común en el mundo de la prensa sensacionalista, Pecker explicó que su plan con Trump, diseñado para ayudar en su campaña e influir en las elecciones, había sido algo fuera de lo corriente.

A partir de ahí, los fiscales revelaron metódicamente el meollo de la causa: el pago de 130.000 dólares que le hizo Cohen a Stormy Daniels para encubrir un escándalo sexual, y el reembolso de ese dinero a Cohen, origen de los falsos asientos comerciales.

Varios empleados actuales y otros exempleados detallaron las minucias contables y el camino de los cheques de reembolso para Cohen, cuyo rastro conducía directamente a la Oficina Oval y al presidente Trump.

Kate Christobek

Traducción de Jaime Arrambide