Yahoo Noticias Torturas, ejecuciones extrajudiciales marcan legado de Maduro, dice Departamento de Estado
El régimen de Nicolás Maduro obtuvo esta semana una calificación muy negativa en la evaluación anual del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos, en un informe que resalta el elevado número de ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada de personas y el uso de la tortura en el país sudamericano.
El informe sobre la situación de los derechos humanos por país en el 2023 recoge decenas de distintos crímenes de lesa humanidad perpetrados por los organismos de seguridad del Estado venezolano o por bandas paramilitares allegadas al régimen socialista de Caracas, y enfatiza una vez más la falta de independencia del poder judicial así como el arresto de familiares para castigar a personas que se han convertido en objetivo de las autoridades.
“Se llevaron a cabo cientos de asesinatos durante el año”, enfatiza el estudio al resumir las denuncias recibidas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por entidades policiales, integrantes de las fuerzas armadas y por las agrupaciones paramilitares conocidas en Venezuela como Colectivos.
Datos suministrados por organizaciones no gubernamentales identificaron al menos 355 casos de ejecuciones extrajudiciales en los primeros seis meses del 2023, de los cuales el 27% fueron cometidos por la Policía Nacional Bolivariana, el 19% por el Cuerpo Nacional de Investigaciones Científicas, Penales y de Investigación, el 18% por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el 17% por la policía estatal.
El 96% de las víctimas eran hombres, un 60% de ellos con edades de entre 18 y 30 años. La mayoría de las víctimas procedían de los sectores de menos recursos.
En la mayoría de los casos, los asesinatos son reportados por las fuerzas del orden público como enfrentamientos con presuntos delincuentes.
Si bien las organizaciones no gubernamentales venezolanas detectaron una disminución en los asesinatos arbitrarios en los últimos tres años, atribuyeron la reducción a la existencia de mecanismos internacionales de rendición de cuentas, como la Misión Independiente de Investigación de la ONU y la investigación recientemente abierta por la Corte Penal Internacional sobre crímenes contra la humanidad.
El informe del Departamento de Estado recoge los datos brindados por FundaRedes, organización que documentó 63 desapariciones o secuestros entre enero y marzo en los estados fronterizos de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia y 27 desapariciones o secuestros en estos y en otros seis estados adicionales entre abril y junio.
La mayoría de las víctimas eran hombres. En muchos casos, FundaRedes informó que los perpetradores eran organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.
En el 2022, FundaRedes registró 80 mujeres desaparecidas en la frontera con Colombia y señaló que las desapariciones no fueron denunciadas debido al temor a represalias o a la desconfianza en las instituciones controladas por Maduro.
Según las investigaciones de FundaRedes, los agentes de seguridad fueron cómplices de grupos armados irregulares y bandas criminales en la comisión de abusos contra los derechos humanos, incluidas desapariciones.
Por otro lado, el informe enfatizó que los organismos de seguridad del régimen continúan haciendo uso sistemático de la tortura aun cuando la práctica es prohibida por las leyes y la constitución del país.
Las organizaciones venezolanas Foro Penal y Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia sostuvieron que cientos de casos de tortura no fueron denunciados porque las víctimas temían represalias, mientras que la la Misión Independiente de Investigación de la ONU documentó 28 casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a detenidos entre enero de 2020 y agosto de 2023.
La misión informó que en ocasiones los jueces ordenaron prisión preventiva en instalaciones del Servicio Nacional de Inteligencia o de la Agencia de Contrainteligencia Militar, incluso cuando los detenidos alegaron ante el tribunal que habían sido torturados o mostraban signos de tortura.
Los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales, reporta el informe del Departamento de Estado, han informado que las fuerzas del orden y los militares alineados con Maduro golpeaban y humillaban regularmente a los sospechosos durante los arrestos. También se denunciaron casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes infligidos a presos.
Individuos alineados con Maduro sometieron a los detenidos a asfixia, descargas eléctricas y fracturas de huesos.
Los detenidos también fueron sometidos a bajas temperaturas, privación sensorial y privación del sueño; obligados a pasar horas de rodillas; y esposado durante largos períodos de tiempo. Algunos detenidos y sus familiares informaron haber recibido amenazas de muerte.
Los detenidos informaron que las fuerzas de seguridad alineadas con Maduro los trasladaron de los centros de detención a casas y otros lugares clandestinos donde se produjeron abusos. El trato cruel implicaba con frecuencia negar a los presos atención médica y mantenerlos durante largos períodos en régimen de aislamiento.
Algunos detenidos fueron víctimas de violencia sexual y de género por parte de las unidades de seguridad.
