Yahoo Noticias Tortura sexual, corrupción y 15 años de prisión preventiva oficiosa, el caso de Brenda Quevedo Cruz
Eran los primeros meses de 2006 en la Ciudad de México, cuando en distintos espectaculares se anunciaban enormes fotografías con nombres de personas que supuestamente habían realizado un secuestro y asesinato. Todos ponían recompensas económicas “a quien los entregue”.
La persona que había colocado esos espectaculares parecía que contaba con recursos económicos, no solo por colocarlos en las principales arterias de la Ciudad de México, sino también contacto y poder con políticos. Nos referimos a María Isabel Miranda Torres, mejor conocida como Wallace, quien asegura que no se detendrá hasta, según ella, encontrar a los responsables del supuesto secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto.
Los espectaculares fueron los primeros indicios de una historia punitiva, llena de corrupción, tortura, fabricación de pruebas y por supuesto de personas que han sido injustamente privadas de su libertad sin contar con sentencia. Nos referimos a Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, los hermanos Tony y Albert Castillo Cruz y César Freyre.
Desde 2006 Brenda y su familia han sido perseguidas. En el 2013 Enriqueta, madre de Brenda Quevedo, se acercó a Mexiro A. C. En ese momento hablamos con la defensa de Brenda, y al leer la carpeta de investigación nos percatamos de las muchas inconsistencias del caso, pero también de las graves violaciones a los derechos humanos que habían pasado a lo largo de todos estos años, como dos torturas sexuales en dos penales distintos, la falta de alimentos y salud, y el uso de instituciones públicas que no dejan de abrazar un crimen fabricado.
La detención ilegal de Brenda sucedió en el sexenio de Felipe Calderón, quien reforzó las políticas punitivas ya existentes, tales como la integración constitucional a la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) 1 para delitos considerados de “alto impacto social”, y el uso de las fuerzas armadas para medidas y acciones de seguridad pública.
La PPO fue reforzada discursivamente e institucionalmente con nuevas estrategias de “combate al crimen organizado” frente al alza de delitos, las cuales se caracterizaron por el uso de la fuerza, la militarización del espacio público, así como de las medidas de seguridad pública y el discurso de castigo contra quienes aparentemente pertenecían al crimen organizado, es decir, se violan derechos humanos con medidas legislativas del Estado sin ningún contrapeso.
A la par del Caso Brenda, en este periodo presidencial ocurrió un alza en el delito de secuestro y por tanto, un alza de personas aparentemente involucradas en la participación de los hechos. Magaloni, Magaloni y Razu (2018) consideran que bajo este contexto la tortura se institucionalizó como método de investigación criminal y como forma de confesión frente a autoridades policiales y ministeriales, pues el valor probatorio del testimonio tenía mayor peso que las dinámicas con las que se obtenía la información.
La tortura persigue fines políticos con la finalidad de inculpar a personas inocentes para legitimar políticas de Estado punitivas y militaristas. Como consecuencia de estas políticas han aumentado los niveles de violencia en detenciones, operativos de seguridad y medidas de investigación.
En el Caso Brenda se han documentado dos procesos de tortura sexual donde ha habido participación directa e indirecta de autoridades estatales, mismas que se encuentran descritas en el Protocolo de Estambul y han causado severos sufrimientos físicos y mentales a Brenda. 2
Este año, 2023, inició con una luz de esperanza para la familia Quevedo Cruz. El Instituto Federal de Defensoría Pública Federal (IFDP), quien lleva la defensa y representación del caso de Brenda Quevedo Cruz, ha desarrollado una estrategia de defensa emblemática mediante la interposición de diversos recursos y promoción de juicios de amparo con el propósito de que su proceso se lleve con estricto respeto y apego a los estándares nacionales e internacionales.
El 5 de enero de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso, lo cual resultó en una bocanada fresca de esperanza para Brenda, su familia, la representación legal, y por supuesto para las organizaciones que hemos acompañado estos años para exigir justicia.
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, 26 de junio, desde Mexiro A. C. hemos realizado un amicus curiae dirigido a la CIDH con la finalidad de aportar elementos que puedan ser útiles para el acceso a la justicia para Brenda, donde retratamos la relación entre tortura sexual, corrupción y la prisión preventiva oficiosa como problemas estructurales que impiden el acceso a la justicia para las mujeres que se encuentran privadas de su libertad sin ninguna sentencia. Invitamos a leerla en nuestras redes sociales acá, acá, acá y acá.
Brenda lleva 15 años en prisión por un crimen que no cometió, y en México persiste la corrupción, la tortura y una política punitiva como lo es la Prisión Preventiva Oficiosa, aún cuando se niegue estos problemas desde Palacio Nacional.
1 La prisión preventiva se impone a personas sin ser juzgadas o condenadas por un delito, debido a que buscan funcionar como medida para que se lleve a cabo la investigación de un delito mientras la persona inculpada se encuentra en prisión (Intersecta, 2022).
2 Esto no es un caso aislado, en el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México realizado por la Secretaría de Gobernación donde se nuestra que siete de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual, en las diferentes etapas del proceso penal.
