Yahoo Noticias Tortura contra mujeres en la Guerra Sucia: herida que se abre cada cambio de gobierno, pero que sobrevivientes curan solas
Después de insistirle varias veces, atendió la entrevista por teléfono. Fue directa con las condiciones: “No pienso narrar otra vez lo que viví en esos años, que si fui torturada, eso es revictimizante. Estoy sanando las heridas y lo estoy haciendo sola”.
Esta frase de Laura Elena Gaytán Saldivar, sobreviviente de tortura por militares en 1979, evidencia el hartazgo de muchas mujeres por revivir y relatar lo que enfrentaron en la Guerra Sucia sin que hasta ahora se logre la justicia.
No existe una cifra exacta sobre cuántas mujeres fueron torturadas en aquella época, pero el informe final de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), creada en 2002 en la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR), da cuenta de al menos 284 registros de mujeres detenidas-torturadas, todas identificadas por nombre, apellido y fecha de detención y tortura.
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Pese a ello, actualmente la FGR sólo investiga actualmente dos casos de tortura –y ninguno por violencia sexual– cometidas durante este periodo, de acuerdo con diversas solicitudes de información hechas a la dependencia. A pesar de que la Fiscalía está obligada a registrar y desagregar esta información por sexo de las víctimas, dijo no contar con ese dato. Entre los dos casos que se investigan no está el de Laura Gaytan, pues ella denunció a sus torturadores en la década de los 90, ante la entonces Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, y desde entonces nadie la ha contactado para continuar las investigaciones.
Martha Camacho, un caso emblemático pero impune
Uno de los únicos dos expedientes abiertos en la FGR por tortura durante la llamada Guerra Sucia podría ser el de Martha Alicia Camacho Loaiza, quien era militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, una organización guerrillera que formó parte del movimiento armado socialista en México durante la llamada Guerra Sucia.
Martha, que actualmente preside el colectivo Unión de madres de hijos desaparecidos de Sinaloa de los años 70, fue detenida y torturada por agentes de la DFS y militares, mientras cursaba el último mes de su embarazo. Su caso es tan emblemático que, en 2019, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le ofreció una disculpa pública a nombre del Estado y le prometió justicia.
Su búsqueda de justicia se remonta al 2002, 25 años después de la tortura, luego de que el gobierno panista, con Vicente Fox Quezada en la presidencia, puso fin a 7 décadas de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En esa época, el gobierno llamó a las víctimas de la Guerra Sucia a denunciar a los perpetradores. Confiada en la promesa de una transición política, Martha denunció, se hizo acompañar legalmente por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) e inició un largo camino judicial que aún no termina.
Martha dio su testimonio a la entonces FEMOSPP, en la PGR, porque esperaba que con ello se recopilara evidencia para castigar a sus torturadores, a quienes identificó plenamente con nombre y apellido. Pero esto nunca pasó y su caso quedó retratado como uno más dentro de esos capítulos.
La FEMOSPP se disolvió oficialmente en 2007, en medio de demandas por no respetar los derechos laborales de las personas investigadoras del informe. Durante los seis años que estuvo activa sólo logró una sentencia y fue por el delito de desaparición forzada.
Tras el cierre de la FEMOSPP, todas las averiguaciones previas quedaron a cargo de la Coordinación General de Investigación de la PGR. Desde entonces, el caso de Martha avanza a cuenta gotas. Su expediente ha cambiado, al menos, 10 veces de Ministerio Público y ella ha aportado pruebas centrales para dar con el paradero de sus torturadores, quienes -aseguró Martha- aún viven y trabajan en la misma ciudad que ella. La FGR cuenta con esos datos pero no ha llamado a nadie a declarar, tampoco hay imputados ni sentencias por los delitos que acusa.
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El caso de Martha es emblemático porque fue testigo de los delitos y, a diferencia de otros casos, sobrevivió, pero “aún así no es suficiente para que exista una línea sólida de investigación o un plan urgente de investigación del cual se estén realizando diligencias” explicó en entrevista Melissa Zamora, coordinadora del área de defensa del Centro ProDH y abogada de Martha. Las acciones más recientes dentro del expediente son información que ha aportada Martha directamente.
“Eso lo vemos como una constante en todos los casos de la Guerra Sucia, las víctimas son quienes están impulsando”, agregó la defensora legal.
Limitaciones para investigar tortura sexual
En sus declaraciones, Martha no sólo narró la tortura y la violencia sexual y obstétrica que vivió, también declaró ante las autoridades que, junto a ella, hubo mujeres jóvenes que los militares violaron hasta la muerte. El testimonio de Martha “señala la persistencia de la tortura sexual en la Guerra Sucia como una práctica de Estado, que no fue aislada, tendientes al castigo en el contexto específico que se vivía”, declaró la abogada del Centro ProDH.
Pero la Fiscalía no investiga estas violencias específicas. En las solicitudes de información, la FGR asegura tener 0 registros de averiguaciones previas o carpetas de investigación por violencia sexual ocurrida en ese periodo.
Para la abogada Zamora, esto que ocurre en la investigación de Martha, en donde únicamente se investiga tortura y no la violencia sexual, es “algo frecuente en muchas otras investigaciones, hay una incapacidad de Fiscalía para investigar hechos complejos como es la tortura sexual”.
El Centro ProDH ha documentado que en México “el uso de la violencia sexual en contextos de conflictos armados, de estrategias de seguridad de mano dura tiene un impacto diferenciado en las mujeres y su objetivo de persuadir o desarticular su participación en la vida pública y política del país”
Pero a pesar de ser una violencia contra las mujeres histórica en nuestro país, no existe el delito de tortura sexual. La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes no contempla esta forma de tortura ni otra basada en el sexo de la víctima.
Para castigar la tortura sexual, la obstétrica u otras basadas en el sexo, la ley marca que si la víctima de tortura es una mujer gestante o fue sometida a cualquier forma de violencia sexual o de género es considerado un agravante del delito.
Existen al menos cuatro iniciativas legislativas que buscan tipificar la tortura sexual en México, las cuales están siendo analizadas. Pero a decir del Centro ProDH, tipificar la tortura sexual no es necesariamente la mejor vía, ya que cuando los delitos se complejizan (por ejemplo, al pasar de tortura a tortura sexual) las víctimas enfrentan más carga probatoria.
Una vía para castigar actualmente la tortura sexual es que las fiscalías investiguen a la par ambos delitos de tortura y violencia sexual (que sí están tipificados en la ley) porque ocurrieron conjuntamente. Por ejemplo, en un caso como el de Martha, los torturadores tendrían que ser juzgados por los delitos de tortura y el de violencia sexual, más sus agravantes.
Pero investigar la violencia sexual como parte de la tortura cometida por agentes del Estado no es una práctica común en México. Un ejemplo de esto es el caso de las 11 mujeres denunciantes de tortura sexual ocurrida en 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, por parte de policías estatales y municipales. Por este caso, que también acompaña el Centro ProDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en 2018 una sentencia contra México. Con 17 años de retraso, la FGR ya investiga la tortura, pero aún no investiga los delitos sexuales que se cometieron, explicó la abogada.
Otro problema al que se enfrentan las sobrevivientes de tortura de la Guerra Sucia para hacer justicia por lo que vivieron es que sus denuncias son por hechos que ocurrieron hace casi 50 años porque si bien la tortura es un delito que no prescribe, la violencia sexual sí. ¿Es posible investigar la tortura y la violencia sexual que ocurrió hace décadas? para ello, los análisis de contexto son clave, explicó el coordinador de Prevención de la Tortura de Documenta, Ángel M. Salvador Ferrer.
De acuerdo con Salvador Ferrer, estos análisis (apoyados por todos los informes oficiales y de sociedad civil en los que se habla de la tortura sexual como una violencia común) permiten identificar que en ese periodo del pasado hubo un patrón de violencia sistemática contra sectores específicos por parte de los agentes del Estado en un contexto de represión social.
Esto es muy importante no sólo para que se investigue la violencia sexual en el pasado, sino para que la carga probatoria no recaiga solo en las víctimas. “Si existen suficientes pruebas para sospechar que hubo tortura, ocurre una ‘reversión de la carga de la prueba’, esto quiere decir son las autoridades, y ya no las víctimas, quienes deben demostrar que no fueron responsables de los delitos de los que se les acusa, detalló Salvador.
AMLO reabre herida pero perpetúa deudas
En 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador creó por decreto una Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
Martha, Laura y otras sobrevivientes fueron llamadas a narrar nuevamente su testimonio en los diálogos por la verdad que organiza esta Comisión y a ingresar a los campos militares en los que fueron torturadas. A pesar del recelo que ambas guardan con su propia historia para no ser revictimizada, aceptaron participar en los eventos de la Comisión.
“Si algo hemos aprendido en este proceso es que lo que menos podemos perder es la esperanza, sino no estaríamos empeñadas en seguir en ello (…) A mí me interesa la verdad, la justicia y la presentación y destino de los desaparecidos (…) Lo que insistimos es que se investigue. Necesitamos evidenciar la incompetencia, el desinterés y el pacto de silencio que aún permanece”, declaró Laura.
Laura aseguró que al cabo de estos años ha intentado reparar sus heridas “con creatividad”. Por eso se identifica más con el término de sobreviviente que el de víctima, porque asegura que el primero te coloca “en una posición de emprendimiento de lucha, de búsqueda, de denuncia, de seguir arriesgando hasta la vida por decir la verdad y alcanzar la justicia. Yo me considero sobreviviente porque para serlo tuviste que desarrollar estrategias para continuar la vida a partir de la experiencia”, declaró.
Por su parte, Martha Camacho y su hijo regresaron a la novena zona militar en Sinaloa, en marzo pasado. Sin la presencia de agentes del Ministerio Público ni nadie de la FGR que tomara evidencia durante las inspecciones, Martha y otras personas sobrevivientes caminaron por el campo militar y reflexionaron durante tres días sobre los hallazgos.
A las y los sobrevivientes se les impidió tomar fotografías o video durante la inspección y se les pidió no dar declaraciones hasta la conferencia de prensa oficial. Martha reconoció los lugares en los que ella y otras mujeres fueron sometidas y violentadas física, psicológica y sexualmente. Regresar al cuartel le provocó una tristeza y un dolor abdominal que la llevaron al hospital.
Martha aún no sana del todo, sin embargo, se sobrepuso y viajó hasta la Ciudad de México para relatar ante la FGR lo que encontró en las instalaciones militares.
Ahora espera que su documentación sea tomada en cuenta por los MP. Contrario al esfuerzo de las víctimas, la FGR, que en sus expedientes alberga informes, declaraciones oficiales y averiguaciones previas iniciadas por estos y otros delitos contra las mujeres durante la Guerra Sucia, confirmó vía transparencia que no participa de las actividades de la Comisión de la Verdad.
La Comisión de la Verdad está compuesta por cinco instrumentos, uno de ellos está dedicado a la justicia. En el decreto de creación se aclara que este instrumento no tiene atribuciones ministeriales y que sus objetivos son sólo de “impulso y análisis”. Contrario al mecanismo de esclarecimiento, que también forma parte de la Comisión, el de justicia no se plantea investigar con perspectiva de género.
A un año de concluir su mandato, la investigadora con más experiencia en la perspectiva de género dentro del mecanismo de esclarecimiento de la Comisión, Aleida García, y dos de las tres personas que integran el instrumento de justicia renunciaron por falta de apoyo institucional para realizar sus labores.
Esta investigación fue realizada en el marco del proyecto “periodistas contra la tortura” conel acompañamiento de Documenta
