Sheinbaum lo niega, pero AMLO y Morena sí amagaron con investigar e incluso someter a juicio político a personas juzgadoras

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya amenazado a personas juzgadoras por sus resoluciones. Sin embargo, sí hay registros de que el exmandatario y políticos de Morena propusieron investigaciones, juicios políticos e incluso sanciones penales contra el personal del Poder Judicial. 

A esto se suma declaraciones falsas y engañosas que se emitieron desde el gobierno anterior y el actual, contra la labor de las personas juzgadoras. 

El 12 de junio de 2023, el expresidente López Obrador anunció la exhibición de jueces, magistrados y ministros en la conferencia de prensa matutina, al asegurar  que las personas juzgadoras “son autónomas para robar”, aunque sin presentar pruebas al respecto. 

“Y si actuaron mal los jueces, lo mismo. Y además hay en el Código Penal establecidas sanciones para quien no, siendo autoridad, cumple con la impartición de justicia. Vamos a presentar denuncia a la fiscalía, aunque después va a caer en manos de juez y es posible que, como es un gremio, se protejan y haya impunidad”, dijo López Obrador. 

En 17 de junio de 2024, la relatora de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, alertó sobre los riesgos de que se utilicen los canales de comunicación gubernamentales para tachar a las personas juzgadoras de “corruptas”, lo cual puede generar hostigamientos y abusos dirigidos a influir en las decisiones judiciales. 

Advertencias y marcha fúnebre contra juzgadores

En 2021, el expresidente López Obrador pidió una investigación contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, después de que concediera un amparo contra la reforma a la industria eléctrica que impulsó el mandatario. 

En una carta que envió al expresidente de la Corte y ahora miembro del gobierno de Claudia Sheinbaum, Arturo Zaldívar, López Obrador señaló: “Si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio”.

Un año más tarde, el mandatario reconoció que sí había presionado a ministros para que resolvieron a favor de mantener la prisión preventiva oficiosa en la Constitución. 

“Puede ser que sí sea presión porque tocamos el tema, porque ¿Cómo no vamos a tratar el asunto si es delicadísimo? Imagínense ustedes, independientemente que el poder judicial, en este caso la Suprema Corte, invalida un artículo de la Constitución y está interfiriendo en la esfera de otro poder”, dijo López Obrador. 

En 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció el inicio de procedimientos administrativos y penales contra el juez Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat por la absolución de la ex titular de Sedesol, Rosario Robles. 

Sin embargo, en esta nota te contamos que la FGR no acreditó el delito de “ejercicio indebido del servicios público” y no investigó la trama de corrupción que involucró a 11 dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto con las que desviaron más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos. 

En mayo, el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, encabezó una protesta en contra de ministros de la Suprema Corte afuera de su sede, a la que morenistas acudieron con ataúdes con las siglas del Máximo Tribunal y fotos de los ministros.

El 31 de agosto de 2023, López Obrador anunció la promoción de una denuncia contra el juez Martín Santos Pérez ante el Consejo de la Judicatura Federal, por emitir una resolución que le ordenaba abstenerse de expresar cualquier discurso de odio hacia Xóchitl Gálvez. 

A inicios de este año, la Secretaría de Gobernación solicitó un juicio político contra el juez  Crescencio Contreras Martínez, por presuntas actuaciones irregulares que han favorecido a integrantes de grupos criminales en el caso del secuestro de las 31 personas migrantes en Tamaulipas. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación señaló que hubo deficiencias en las investigaciones de la FGR. 

Durante su conferencia diaria del 21 de febrero de 2024, el expresidente reconoció la intervención de Arturo Zaldívar, a petición suya, en las decisiones de jueces. “Cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía cuidado con esto”, dijo López Obrador. 

El 1 de julio de 2024, la Secretaría de Gobernación concretó la petición de juicio político contra Rodrigo de la Peza, juez de distrito que emitió una orden para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nombre a los dos magistrados que faltan para completar al Pleno de la Sala Superior.

En octubre, el diputado local electo de Morena en Veracruz, José Ricardo Ruíz Carmona, lanzó una amenaza contra la jueza Nancy Juárez Salas, quien ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación.

“Desde aquí le decimos a la jueza Nancy Juárez que no se le ocurra meterse con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum porque el pueblo veracruzano no se lo va a permitir”, dijo el morenista conocido como Pepín Ruíz al expresar su respaldo a la mandataria ante el debate para eliminar la publicación de la reforma del Diario Oficial.

Al menos en dos ocasiones, Morena y aliados en el Senado y el expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, amagaron con iniciar un juicio político contra la presidenta de la SCJN, Norma Piña. 

“La intervención indebida de Norma Piña, en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte”, dijo Zaldívar. 

Y el 1 de septiembre de 2024, Morena también consideró iniciar un juicio político contra los jueces que concedieron las suspensiones provisionales contra la reforma al Poder Judicial. Aunque esta propuesta no continuó. 

Durante la discusión de las acciones de inconstitucionalidad que buscaban frenar la reforma judicial, el diputado morenista Oscar Cantón Zetina amenazó con iniciar juicios políticos contra los ministros.

“En caso de seguir con esta torpeza mental, que de verdad ya no tenemos otras palabras para definirlo, habrá un juicio político contra los ministros que operen esta inconstitucionalidad. Aquí lo que procede es el sobreseimiento como ya en la primera parte de la sesión se dio a conocer y estamos atentos a eso”, dijo Cantón Zetina. 

Acoso y desinformación

En distintas ocasiones, el presidente López Obrador acusó sin pruebas a las personas juzgadoras de corrupción y permitir la liberación de presuntos delincuentes. En contraste, la relatora de las Naciones Unidas aseguró que existió  una “práctica sistémica” del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su Gobierno para estigmatizar o tachar de “corruptos” a jueces y magistrados que emiten resoluciones contrarias a su administración. 

“El hecho de que altos funcionarios, incluido el Presidente, señalen y califiquen públicamente a determinados jueces como ‘corruptos’ o ‘delincuentes’ por sus decisiones judiciales es motivo de gran preocupación, ya que dichos funcionarios de alto rango ejercen influencia sobre la percepción pública del poder judicial”, escribió la relatora en su cuenta de X. 

La relatora dijo tener información sobre investigaciones a jueces, solicitadas en público por parte de López Obrador, como parte de sus reiteradas denuncias contra ellos, incluso mediante acciones administrativas, penales y disciplinarias, además de peticiones de revocación de la inmunidad judicial en aparente represalia. 

En su escrito, la relatora detalló el acoso que han sufrido juzgadores como Samuel Ventura Ramos por una resolución en la que ordenó la liberación de 24 acusados que estaban bajo investigación por el caso Ayotzinapa; o el juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, señalado en cuatro ocasiones por “favorecer delincuentes”, lo que incluso lo orilló a presentar una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando preocupaciones por su seguridad personal. 

En esta nota, te contamos que la sección titulada “jueces que favorecen a presuntos delincuentes” , encabezada por el titular de la Secretaría de Seguridad Luis Rodríguez Bucio, presentó sesgos informativos y sin argumentar de manera jurídica por qué los jueces podrían ser señalados por favorecer a presuntos delincuentes. 

Desde el gobierno pasado, el expresidente y legisladores difundieron dichos engañosos contra el Poder Judicial, tal como lo difundido por López Obrador acerca de las percepciones de los ministros de la Corte.  

En el nuevo gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el coordinador de asesores de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, han difundido desinformación contra el Poder Judicial. 

El 15 de octubre de 2024, la mandataria acusó al Poder Judicial Federal de la liberación de Vanessa “N”, alias “La Güera”, señalada como autora intelectual del homicidio de dos ciudadanos israelíes en Plaza Artz en 2019. Sin embargo, este caso fue resuelto por el poder judicial de Morelos. 

El 10 de noviembre, la presidenta del partido Morena, Luisa María Alcalde, acusó en una asamblea en Veracruz al Poder Judicial de poner “todos los obstáculos y los amparos para que no hubiera vacunación en el COVID”.

Pero su dicho es falso. No hay registro de que el Poder Judicial interpusiera acciones durante la pandemia para frenar la vacunación. De hecho, ocurrió lo contrario.