Tras ser liberada, Jacky fue llevada a un albergue a pesar de contar con una red de apoyo

A Jacqueline, de 22 años y quien vive con una discapacidad motriz, la sentenciaron a cuatro años y cuatro meses de prisión por el robo de unos refrescos. Durante dos años, estuvo privada de su libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan, en la CDMX, de donde salió el pasado 30 de junio luego de verse beneficiada por el programa de preliberaciones que impulsa el gobierno capitalino.  

Ya que no tiene redes familiares que la apoyen, la asociación civil Mujeres Unidas por la Libertad fue por ella y la llevó a su casa. El martes 5 de julio, Adriana Leyva, cofundadora de la AC, acompañó a la joven al Instituto de Reinserción de la CDMX para dar seguimiento a su proceso en libertad, poner en regla sus papeles y ver la posibilidad de que accediera a algún apoyo económico en tanto logra insertarse en el mercado laboral. Sin embargo, el instituto —sin notificación previa y a pesar del acompañamiento que tenía— ingresó a Jacky a un albergue. 

Beatriz Maldonado, fundadora de Mujeres Unidas por la Libertad, reclama que no solo internaron a Jacky sin dar explicaciones, sino que en el albergue ni siquiera sabían qué tratamiento darle o por qué estaba ahí, si tenía alguna red de apoyo y que, como parte de su acuerdo de preliberación, debe ir cotidianamente ante el juez para firmar por su libertad.

“Solo porque a Adriana se le ocurre dejarle su gafete de Mujeres Unidas por la Libertad es que del albergue nos hablan en la nochecita para preguntarnos de Jacky, que qué necesitaba o cuánto tiempo iba a estar ahí”, expone Maldonado.

“El albergue nos refiere que el instituto no les dijo nada más que ‘aquí les traemos a esta muchacha, bye’”, reclama.

El caso de Jacqueline se suma al de Dulce, quien después de ser preliberada por las autoridades capitalinas, sin tener un plan de reinserción, regresó a vivir a las calles.

Durante dos días, las activistas lucharon por rescatar a Jacky del albergue. Sin la presencia ni acompañamiento del Instituto de Reinserción, finalmente lograron sacarla y llevarla con ellas para darle el acompañamiento que requiera.

Animal Político buscó al Instituto de Reinserción Social para saber por qué no ha brindado compañía y seguimiento a las mujeres beneficiarias del programa de preliberaciones, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

“Te dan tu libertad y viene el Instituto de Reinserción Social a echar para abajo todo el trabajo de la jefa de gobierno (Claudia Sheinbaum) y sus abogados, que son los que empezaron a apoyar en temas jurídicos en favor de las personas en condición vulnerable (…) Si no se les da el seguimiento como tal, realmente no estamos hablando de reinserción social y entonces para qué existe este instituto”, cuestiona Maldonado.

Apoyo urgente una vez liberada

La fundadora de Mujeres Unidas por la Libertad explica que el jueves 30 de junio, unas horas antes de que Jacky fuera puesta en libertad, recibieron una llamada de la directora de Tepepan para pedirles ayuda y hacerse cargo de la joven que estaba a punto de salir de prisión. Según Maldonado, la funcionaria le dijo que ya había hablado a otras asociaciones pidiendo apoyo, pero que se habían negado y ella no quería que Jacky saliera sin una red de apoyo.

“Nosotros fuimos, ahora sí que la recibimos y nos dieron sus documentos”, comparte.

“Ella salió con el beneficio y tiene que ir a firmar, pero pues es una niña que realmente no entiende, tiene muy poco razonamiento, y nos la trajimos aquí a la casa porque es una muchachita que no puede estar en la calle sola, no puede hacer sus trámites porque no es autónoma”.

Durante los cuatro días que estuvo con ellas, Jacky no tuvo ningún problema: comía y dormía bien y platicaba algunos aspectos de su infancia que a ellas les iban sirviendo para pensar dónde podría estar su familia. Les dijo que nació en Puebla, que su mamá le pegaba desde chiquita y que desde los 11 años dejó su casa para vivir en la calle. 

Como parte de su preliberación, la llevaron al juzgado para dar seguimiento y conocer cada cuánto tenía que presentarse. Ahí, explica Maldonado, el juez les entregó un papel que decía que Jacky podía ir voluntariamente a un albergue. También mencionaba que debía ir al Instituto de Reinserción para hacer otros trámites.

“Llegaron (al instituto) como al mediodía y se supone que nada más les iban a dar su kit, la ayuda de Impulso Laboral (apoyo económico) y quizá vincularla en otro lado para que siguiera con talleres”, explica la activista.

Jacky y Adriana estuvieron esperando, pero nadie les decía nada. Algunas horas después, solo les informaron que ya había llegado la gente del albergue para llevarse a la joven. Incluso, les explicaron que era un albergue de puertas abiertas, de libre tránsito, donde nada más iba a dormir y en el día iba a salir.

“¿Cómo pretendían que Jacky siguiera esa rutina? Si no les dan seguimiento, esas mujeres ya no siguen el proceso de una reinserción social y vuelven a ser aprehendidas y es lo que iba a pasar con ella, iba a volver a la cárcel porque no tiene la autonomía para llevar a cabo sus trámites”, afirma Maldonado.

“Las mismas autoridades del albergue refieren que efectivamente no se le iba a dar un seguimiento a Jacky en el tema jurídico, de que alguien la llevara a firmar y la regresara o que la llevara a sus talleres de contención psicológica o algo así, no tienen la capacidad y sobre todo el presupuesto”, agrega.

Ante esta situación, la asociación redactó un escrito que presentó al juez encargado del proceso de Jacky para informarle que asumirá todo su cuidado: ahí le darán alimento y techo, la llevarán a firmar cuando se requiera y la apoyarán en su proceso de reinserción.

Trabajo a futuro 

Aunque Jacky volvió con Mujeres Unidas por la Libertad, aún hay mucho trabajo por hacer: hay que tramitar su acta de nacimiento, encontrarle talleres en los que participe, buscar atención psicológica adecuada que evalúe y en su caso recete el medicamento acorde, pero sobre todo, buscar opciones de atención real que eviten que quienes salen de prisión queden en la indefensión y nadie les ayude en su reinserción.

“Estamos solicitando un espacio para convertirlo en un albergue de confianza temporal para las mujeres que egresan del sistema penitenciario y le den seguimiento a su reinserción social”, expone Maldonado.

Por ello, la asociación busca una audiencia con la jefa de gobierno para exponerle su idea, a fin de que casos como los de Jacky y Dulce no se vuelvan a repetir y quienes así lo requieran tengan acompañamiento permanente.

“Fuimos solidarias, nosotras no tenemos un albergue, pero nuestra casa está a disposición de Jacky porque ninguna mujer que sale de prisión debe ser ignorada por nadie, pero menos por las autoridades”, sostiene Maldonado.

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