Senado quita efectos generales de Ley de Amparo
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- El pleno del Senado aprobó el dictamen para reformar la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política.
Fue aprobado en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 67 votos a favor, 30 en contra y cero en abstención, el dictamen con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución.
Plantea que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales.
También se adecua la terminología usada en el texto de la ley a los conceptos establecidos en el texto constitucional vigente, como Tribunal de Disciplina Judicial, Órgano de Administración Judicial (antes Consejo de la Judicatura Federal), entre otros, y se derogan las disposiciones relativas a las salas.
Las senadoras María Martina Kantún Can, de Morena, y Amalia Dolores García Medina, de MC, presentaron modificaciones al documento, pero fueron rechazadas por la asamblea, por lo que el proyecto quedó en los términos del dictamen, aprobado en lo particular con 67 votos a favor y 30 en contra, y enviado a la Cámara de Diputados.
Por el PRI, Claudia Edith Anaya Mota advirtió que "quitar los efectos generales a las sentencias de juicios de amparo constitucionales impedirá que las minorías tengan acceso a la justicia y que sólo los más ricos puedan acceder a ella; no quieren que la gente pobre tenga acceso a la justicia", lamentó.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, explicó que se trata del proyecto de decreto que modifica la Ley de Amparo, Reglamentaria, en las que se establece que para avalar asuntos que requieren mayoría calificada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se necesitarán seis votos de los ministros
También el pleno del Senado aprobó, con 68 votos a favor y 29 en contra, reformas a las leyes del Infonavit y a la Federal del Trabajo en materia de vivienda con enfoque social y con atribuciones para construir casas de interés social.
La reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, además de poner las bases para que el Infonavit pueda construir vivienda y ofrecer esquemas de arrendamiento a sus afiliados, también se modificaría el peso que se tendría en la toma de decisiones del organismo, con la desaparición de las direcciones sectoriales de Trabajadores y Empresarial, y el gobierno tendría mayor poder de decisión en dos órganos fundamentales.
Estos cambios tienen por objeto regular la organización, administración, operación, desarrollo control, vigilancia y rendición de cuentas del Infonavit. Se busca fortalecer la representación del gobierno federal en la toma de decisiones relacionadas con el instituto.
Se homologa el instituto a los mismos mecanismos de gobernanza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y modifica el mecanismo para nombrar al titular de la dirección general para que sea designado por la titular de la Presidencia de la República.
También se busca generar certeza jurídica al establecer con claridad las reglas para regular el arrendamiento social.
Entre otras cosas, prevé que el instituto tiene por objeto invertir en programas de construcción y administrar viviendas destinadas a las personas trabajadoras, ya sea para su arrendamiento social o adquisición en propiedad.