Yahoo Noticias La sangrienta historia de la financiación de Chiquita Brands a un grupo paramilitar de Colombia
(CNN) -- La ejecución de "David", trabajador de una plantación bananera, a manos de paramilitares colombianos de derecha en 1997 fue tan rápida como brutal.
Minutos después de que detuvieran su autobús en un puesto de control en la región costera de Urabá, lo sacaron a rastras, lo golpearon hasta la muerte delante de sus compañeros de viaje y lo arrojaron a un lado de la carretera, donde sus asesinos cubrieron su cadáver con una planta de plátano. Las vacas se alimentaron después de su cuerpo, según documentos judiciales.
La brutalidad no terminó ahí. Su hija y su cuñada desaparecieron semanas después, y nunca se las volvió a encontrar. Otro miembro de la familia fue amenazado de muerte.
Lo que quedaba de la familia pronto abandonó Urabá para siempre.
Él fue solo una de las miles de personas que eran objetivo de las Autodefensas Unidas de Colombia, o AUC, un infame grupo terrorista de derechas que, en el punto álgido del conflicto civil de Colombia cerca del cambio de siglo, fue capaz de movilizar a decenas de miles de combatientes.
Más de un cuarto de siglo después, un caso civil histórico en un tribunal federal de Estados Unidos declaró esta semana a la empresa bananera Chiquita Brands International responsable de financiar al grupo paramilitar, y ordenó a Chiquita pagar US$ 38,3 millones en concepto de indemnización a la familia de "David" y a las de otras siete víctimas cuyas identidades reales se ocultaron en los documentos judiciales.
Los detalles de esas muertes, que tuvieron lugar entre 1997 y 2004, y los relatos del impacto que tuvieron en las familias fueron leídos a los miembros del jurado antes de que deliberaran sobre si Chiquita Brands—uno de los mayores productores de bananos del mundo— había actuado "como un empresario razonable" al pagar a las AUC lo que la empresa calificó de pagos de extorsión.
Las familias argumentaron que los pagos de Chiquita Brands a las AUC habían contribuido a apuntalar la violencia del grupo paramilitar en Colombia y que, por tanto, la empresa debía ser considerada responsable de los asesinatos del grupo.
El veredicto ha sido celebrado como un gran avance jurídico. Según los abogados que ganaron el caso en Florida, es "la primera vez que un jurado estadounidense responsabiliza a una gran empresa estadounidense de complicidad en graves violaciones de los derechos humanos en otro país".
"Siento una gran alegría, hemos esperado tanto tiempo y, de repente, hemos ganado. Casi había perdido la esperanza, pero Dios nos ayudó", declaró una de las demandantes a CNN tras el fallo.
La madre de cuatro hijas recordó ante el tribunal cómo su compañero fue asesinado por paramilitares de las AUC el 14 de noviembre de 2003 para presionar a la familia a vender una plantación de plátanos por debajo del precio de mercado.
"Yo no quiero el dinero, pronto me habré ido... pero al menos, para las niñas: ¡que ahora se les haga justicia!", dijo sobre la indemnización.
En esta foto de archivo de mayo de 2000, miembros de las Autodefensas Unidas (AUC) blanden sus armas durante una sesión de entrenamiento en una zona rural de Puerto Asís, provincia de Putumayo, al sur de Colombia. (Crédito: Reuters/Archivo)
¿Un caso pionero?
El veredicto sigue a una lucha judicial de casi dos décadas por parte de las familias, que demandaron a Chiquita International tras un caso judicial distinto en 2007. En ese caso, la empresa admitió haber pagado US$ 1,7 millones en "dinero de protección" a las AUC —en aquel momento consideradas Organización Terrorista Extranjera por el Departamento de Estado— y acordó pagar al gobierno estadounidense una multa de US$ 25 millones.
Sin embargo, es poco probable que sea el último desarrollo sobre este asunto, y no solo porque Chiquita ya ha dicho que apelará el veredicto.
Marco Simons, consejero general de Earth Rights International, una ONG de derechos humanos que prestó asistencia jurídica a las víctimas, describió su estrategia jurídica como un "proceso testigo", en el que su equipo seleccionó los nueve casos más sólidos que tenían de entre más de 4.500 denuncias. Ahora espera que sigan muchos más casos.
"Ha sido un honor representar a estas víctimas durante los últimos 17 años. Aún no ha terminado, pero éste es un paso adelante significativo, y esperamos que allane el camino para la indemnización de todas las víctimas", declaró Simons en una rueda de prensa celebrada este martes en Washington.
Debido a la apelación de Chiquita Brands, Simons dice que es poco probable que alguna de las víctimas reciba pronto una indemnización. Sin embargo, afirma, el caso ha enviado un fuerte mensaje a las empresas sobre la necesidad de respetar los derechos humanos.
"En última instancia, este dinero no va a reemplazar lo que se ha perdido. Seguimos hablando de los horribles abusos que han sufrido estas familias, pero el dinero es importante porque, por desgracia, el lenguaje que mejor entienden las empresas es el dinero. A veces hace falta una sanción económica importante para cambiar el comportamiento de las empresas", dijo Simons.
Paramilitares capturados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se paran ante los cadáveres cubiertos de sus compañeros muertos en combates con el ejército nacional el 13 de junio de 2002 en Sonsón, Antioquia, al este de Medellín. (Crédito: FERNANDO VERGARA/AFP vía Getty Images)
"Trágico para muchos"
Chiquita Brands ha mantenido en su defensa —tanto a lo largo del último caso como en litigios anteriores— que ella misma era una víctima, ya que se había visto obligada a pagar el dinero de protección a las AUC.
Aunque ese argumento no fue suficiente para convencer al jurado de que había actuado "como lo habría hecho una persona de negocios razonable dadas las circunstancias", la empresa dijo a CNN tras el último veredicto que seguía "confiando en que nuestra posición legal prevalecerá en última instancia".
"La situación en Colombia fue trágica para muchos, incluidos los directamente afectados por la violencia allí, y nuestros pensamientos permanecen con ellos y sus familias. Sin embargo, eso no cambia nuestra creencia de que no hay base legal para estas reclamaciones", dice su comunicado.
En su caso de 2007 contra el Departamento de Justicia de EE.UU., la empresa admitió haber realizado más de "100 pagos a las AUC por un total de más de US$ 1,7 millones". Chiquita registró los pagos a las AUC como "servicios de seguridad", aunque la empresa nunca recibió ningún servicio real de estos pagos, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE.UU. de la época.
Eric Holder, que representó a Chiquita Brands en el juicio de 2007 antes de ocupar el cargo de secretario de Justicia bajo la presidencia de Barack Obama, declaró entonces ante el tribunal que "la empresa tuvo que pagar a diversos grupos terroristas durante más de 15 años porque esos eran los grupos que controlaban las zonas en las que operaba la empresa. No el gobierno colombiano".
Sin embargo, en ese juicio, la empresa acabó admitiendo en un acuerdo de culpabilidad que había seguido pagando voluntariamente a las AUC incluso después de que el grupo fuera declarado organización terrorista por el gobierno de EE.UU. en 2001, e incluso después de que un alto directivo presentara una objeción a la junta de Chiquita Brands reiterando "su firme opinión de vender nuestras operaciones en Colombia" debido a la cuestión del dinero de protección.
Los fiscales federales descubrieron que Chiquita Brands obtuvo US$ 49,4 millones de beneficios de sus operaciones en Colombia entre 1997 y 2004.
Una época de "auténtico terror"
Las AUC se fundaron en 1997, durante una de las fases más trágicas del conflicto civil colombiano, en la que el Gobierno luchaba por el control contra las fuerzas guerrilleras de izquierdas, los paramilitares de derechas y las organizaciones criminales.
En esa época, las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se movilizaban contra el Estado y aterrorizaban a la población civil. Chiquita Brands declaró en el caso de 2007 que había pagado rescates a las FARC y al ELN antes de recurrir a las AUC en 1997.
Ante la posibilidad de una revolución comunista armada en el país, terratenientes colombianos y simpatizantes de la derecha crearon grupos de vigilantes para responder a la guerrilla golpe por golpe. Las AUC fueron en su día un grupo de este tipo y pasaron los años previos a su desmovilización definitiva en 2006 aterrorizando a la población del norte de Colombia para frenar la rebelión.
En su apogeo, las AUC podían movilizar a decenas de miles de combatientes y se financiaban en gran medida con el narcotráfico: tras la desmovilización, más de una docena de líderes de las AUC fueron extraditados a Estados Unidos acusados de narcotráfico.
"Recuerdo ese periodo, fue un auténtico terror", dijo a CNN una de las demandantes indemnizadas el lunes. "Mi marido fue asesinado, pero mi hija también fue violada, había víctimas por toda la ciudad".
Según otros testimonios escuchados por los jurados en el caso judicial más reciente, una niña menor de edad fue obligada a ver desde un taxi cómo ejecutaban a su madre y a su padrastro a un lado de la calle, antes de que le dieran el equivalente a menos de un dólar para volver a casa y sobrevivir como huérfana.
Quién es Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar responsable de masacres que regresa a Colombia como gestor de paz Colombia hoy
Colombia es hoy un país muy distinto de aquel en el que nacieron las AUC.
Pocos años después de la desmovilización de las AUC, un acuerdo de paz en 2016 también puso fin a 52 años de conflicto entre el gobierno y las FARC, aunque algunos disidentes siguen luchando.
Tanto los paramilitares de derecha como los guerrilleros de izquierda han sido incluidos desde entonces en procesos de justicia transicional destinados a cerrar algunas de las páginas más oscuras del conflicto.
Sin embargo, el miedo en Urabá persiste.
Salvatore Mancuso (izq.), líder de las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entrega su arma al comisionado de paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo, en el campamento base Campo Dos de Tibú, a 600 km al noreste de Bogotá, en el departamento de Norte de Santander, el 10 de diciembre de 2004. Unos 1500 combatientes del llamado Bloque Catatumbo se desmovilizaron en un polémico proceso de paz durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010). (Crédito: LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images)
Algunos de los antiguos miembros de las AUC siguen en libertad y se han unido a un nuevo grupo de delincuencia organizada, el Clan del Golfo, que desafía el control del gobierno en el noroeste de Colombia.
Grupos de defensa de los derechos humanos afirman que poderosos intereses empresariales siguen actuando en connivencia con políticos locales y grupos delictivos para reprimir el activismo, especialmente en defensa del medio ambiente, que puede ser un negocio peligroso en Sudamérica.
Aun así, al menos para algunas de las muchas víctimas de las AUC, el veredicto judicial de esta semana es un motivo de optimismo. Una de las demandantes que habló con CNN pidió compartir su mensaje como un acto de desafío.
"Mi hija, mi hijo, todos dicen 'mamá no atiendas el teléfono, mamá no hables'. Pero oye, el miedo solo puede durar hasta que alguien decide hablar", dijo.
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