Yahoo Noticias Reforma judicial implicará retrasos en 1.5 millones de litigios, advierte informe de la Suprema Corte
La propuesta de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, que contempla el reemplazo inmediato de jueces con nuevos juzgadores electos popularmente, podría interrumpir los procesos penales y retrasar la resolución de litigios en curso, según un análisis del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lo anterior, debido a que la falta de competencias técnicas de las nuevas personas juzgadoras y la necesidad de capacitarse podría resultar en demoras en la solución de los casos que ya se encuentren en trámite —un millón y medio de litigios en el país—. Y aunque plantee la obligación de resolver los asuntos en un máximo de seis meses, “cumplirla sería inviable si la judicatura no tiene los conocimientos suficientes para hacerlo”.
En el documento titulado “Análisis de la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación”, el Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN destaca las consecuencias negativas para la continuidad de los casos y los derechos de las personas con la propuesta de reforma constitucional presidencial tal como se encuentra planteada.
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“La propuesta de reforma parte de un supuesto falso: una vez electas, las nuevas personas juzgadoras entrarán en funciones plenas, con los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para llevar a cabo sus labores, pero la realidad es que las nuevas personas titulares de los órganos jurisdiccionales necesariamente tendrán que pasar por un proceso de aprendizaje y adaptación a las labores, lo que, necesariamente, tiene como consecuencia un mayor rezago judicial”, de acuerdo con el documento.
Cada una de las más de mil 600 personas juzgadoras federales resuelve, en promedio, 14 casos semanales aproximadamente, dice el documento.
De acuerdo con datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal durante el 2022 ingresaron 1 millón 256 mil 77 asuntos al Poder Judicial de la Federación, mientras que la cantidad de asuntos resueltos fue de 1 millón 214 mil 806, lo que significó que cada persona juzgadora resolvió 762 asuntos durante ese año.
Para el mismo año ingresaron 2 millones 154 mil 768 asuntos a los poderes judiciales estatales, de los cuales 1 millón 320 mil 702 concluyeron en primera instancia, por lo que cada juzgador resolvió 428 asuntos en promedio, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023.
Animal Político publicó que pese a los avances, el rezago judicial -que se define como la demora en la solución (sentencias, conciliaciones) de los problemas y casos que se presentan ante los jueces y tribunales- continuó en 41 mil 271 expedientes pendientes por concluir a nivel federal y 5 mil 773 a nivel estatal, en casos que impactan directamente a las personas.
Tan solo a nivel estatal en materia civil quedaron pendientes por resolver mil 989 expedientes; en materia familiar, mil 736; en materia penal, mil 155; en materia mercantil 650, y en materia comunitaria o vecinal, 224. Estas cifras no incluyen los asuntos que de por sí ya estaban rezagados y que ingresaron en otros años.
Por ello, el estudio señala que la iniciativa de reforma judicial que el presidente envió en febrero pasado a la Cámara de Diputados va “en sentido contrario” a los objetivos que persigue, como son garantizar un acceso a la justicia de manera justa y oportuna.
“No se garantiza justicia por medio de procesos judiciales liderados por personas juzgadoras que no cuentan con la calidad técnica indispensable para proveer justicia. No se garantiza oportunidad de la justicia si, precisamente como consecuencia de las brechas en conocimientos, habilidades y competencias de las personas juzgadoras, el sistema de justicia debe dedicar años de formación básica para suplir tales brechas, en desmedro de quienes recurren a la justicia hoy”, apunta.
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En ese sentido, alerta que la elección popular de personas juzgadoras interrumpirá de manera inmediata y grave todos los procesos penales del país.
“El abrupto cambio de toda la judicatura federal interrumpirá inmediatamente todos los procesos penales federales activos en el país, lo cual probablemente implicará la pérdida de pruebas relevantes y afectará de forma irreparable los derechos de las partes”, dice.
“De un día para otro habrá nuevos juzgadores penales a cargo de procesos penales ya iniciados; las nuevas personas juzgadoras deberán conducir audiencias orales, sin experiencia previa, e interactuar con fiscales y abogados y abogadas defensoras en casos que no conocerán. Esto se replicará posteriormente en los poderes judiciales locales de las entidades federativas”, añade.
El pasado jueves 27 de junio, las y los ministros de la Corte participaron en el primer foro organizado en la Cámara de Diputados sobre la reforma, y la mayoría de ellos manifestaron preocupaciones por una implementación abrupta de la reforma.
“Señoras y señores legisladores, el paso veloz ante modificaciones estructurales sólo puede dar entrada a problemas mayores”, dijo la ministra presidenta Norma Piña.
La reforma judicial del presidente López Obrador plantea la elección vía voto popular de ministros y ministras, magistrados y magistradas de circuito, jueces y juezas de distrito, magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y consejeros y consejeras de la Judicatura, quienes concluirán su encargo en la fecha que tomen protesta las personas que emanen de la elección extraordinaria.
Establece como criterios para acceder a la elección ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de derechos, con 35 años cumplidos para ministros y ministras, magistrados y magistradas, y 30 años cumplidos para ser jueces y juezas.
Así como tener un título de licenciatura en Derecho con antigüedad de cinco años, prácticas profesionales de cinco ó 10 años, buena reputación, sin condena penal, con residencia de al menos uno o dos años en el país y sin haber sido titular de una serie de dependencias o cargos estatales.
