Yahoo Noticias Realizan campañas para promover narrativas anti-LGBTQ+
¡Arriba la familia!, ¡arribaaa la familia!, gritaba la presentadora Karen Ahued en el Congreso Internacional de las Familias, pegada al micrófono que llevaba su voz a todos los rincones del auditorio de 50 metros de largo que reunía a cerca de 200 personas. El encuentro tuvo lugar en la ciudad mexicana de Guadalajara durante el primer fin de semana de marzo.
Realizado por primera vez en 1997, el evento tiene como propósito promover la “familia natural”. Algunas de las organizaciones que lo respaldan han hecho declaraciones en oposición al aborto, al matrimonio igualitario y lo que cree ser el avance de las personas trans.
Para celebrar el arranque de las actividades, vimos cómo la familia del presidente del congreso, el mexicano Fernando Milanés, tomó el escenario y ondeó la bandera del evento: una tela de fondo blanco en la que se veía un árbol concebido por la suma de los cuerpos de varias figuras humanas pintadas en los colores amarillo, rojo, marrón, morado y azul.
En esta tercera entrega de “Arcoíris bajo al ataque”, la alianza formada para este reportaje por elDetector, Animal Político, Lupa, Data Crítica y el Instituto Democracia Digital de las Américas (DDIA) muestra que las narrativas contrarias a la comunidad LGBTQ+ no sólo se viralizan online. También tienen presencia en la vida offline. Y esto gracias a mucho dinero.
Entre 2013 y 2017, los movimientos anti-LGBTQ+ acumularon $3,700 millones de dólares en financiamiento, una suma más de tres veces mayor que la dirigida a causas proLGBTQ+, según un informe de 2020 del Global Philanthropy Project, una organización que trabaja en el impulso del reconocimiento de los derechos humanos de esta comunidad. Además, en los últimos años han ido escalando los casos de violencia física contra personas de la diversidad de género y sexual.
Tres días, 47 oradores, 10 entidades convocantes
El lema del congreso de 2024 fue “La familia una red insustituible”, y esa frase resonó en una docena de espacios el 1, 2 y 3 de marzo. El evento tenía en su programación a 47 oradores (mexicanos e internacionales) y ofreció paneles, conferencias, charlas para jóvenes, área de cuidados para bebés y niños, y hasta una capilla provisional para llevar adelante actividades religiosas sin tener que abandonar la sede del congreso.
Según informó la organización en una rueda de prensa, en el evento participaron 8,000 personas. Originalmente cada boleto costaba 1,500 pesos mexicanos, el equivalente a 88 dólares al cambio de moneda actual. Pero tras arrancar las actividades, ofrecieron un descuento para recibir a más personas y el acceso tuvo un costo final para el público general de 900 pesos mexicanos, un equivalente a 53 dólares.
Durante aquellos días de congreso, la página web del evento enseñaba al menos 10 logotipos de organizaciones “convocantes”. Apoyaban el encuentro las ONG International Organization for the Family (IOF), basada en Estados Unidos (Illinois); Red Familia, con sede en México, y Familia Unida, que tiene actuación no solo en los dos países anteriores, sino también en Costa Rica, El Salvador y Ecuador.
La unión Social de Empresarios de Méxicoo (USEM); la ONG Juntos por México, reúne los movimientos católicos del país; la Federación de Asociaciones de Padres y Amigos de Centros de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Grupo Colmenares, de educación, daban el tono local en la lista de “convocantes”.
También estaba presente el logotipo del Global Center for Human Rights en un evento que mesclaba la fe y educación conservadora. En su página web, ese centro se describe como una “organización no gubernamental que, a través de estrategia, formación y promoción, trabaja para construir y consolidar una nueva generación de tomadores de decisiones dispuestos a defender la vida, la familia, la libertad religiosa y la democracia.
Amplificación del discurso anti-LGBTQ+
Tres de las 10 organizaciones que apoyaron o participaron en el congreso de Guadalajara aparecen en listas de entidades que invierten tiempo y dinero para amplificar el discurso anti-LGBTQ+ en América Latina. IOF, Red Familia y Frente Nacional por la Familia han sido nombradas, por ejemplo, por el Global Philanthropy Project.
La IOF se creó en 2016 bajo el liderazgo de Brian Brown, quien se mantiene en la presidencia de esta organización y de otra ONG dedicada a “proteger el matrimonio y las comunidades religiosas que lo sustentan”, la National Organization for Marriage (NOM, por sus siglas en inglés).
Brown se ha dado a conocer por liderar durante casi dos décadas iniciativas y acciones en contra del matrimonio igualitario. En 2009, afirmó que “las uniones entre personas del mismo sexo no son matrimonios”. Dos años después, surgió una vinculación entre la pedofilia y los matrimonios sexualmente diversos. En 2018, insinúo que los derechos LGBTQ+ eran “conceptos inventados que no sólo no son derechos, sino que tampoco son correctos”. Otras afirmaciones como esas están documentadas por la ONG Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación (GLAAD, por sus siglas en inglés) en su página web.
Desde 2016 Brown también es el dirigente internacional del Congreso Internacional de las Familias, considerando uno de los principales proyectos impulsados por IOF dentro de su misión de promover la llamada “familia natural”
Brown estaba en la apertura del evento en Guadalajara y fue presentando como “un inalcanzable promotor de las familias”. Habló en inglés, con traducción simultánea en pantalla, defendió que quienes acudían al congreso estaban ahí para “promover y proteger a la familia natural”. Los asistentes aplaudieron y vitorearon. “Estamos convencidos de que el desarrollo sostenible sólo es posible con más y mejores familias”, dijo.
En las redes sociales, IOF tiene post que reflejan sus posiciones anti-LGBTQ+. En esta publicación del 24 de enero de 2024, en Facebook, por ejemplo, destacó que los obispos de las Antillas y Guyana habían rechazado bendecir parejas gays “y asociaciones irregulares”. En este otro mensaje del 31 de mayo de 2023, IOF celebra la eliminación del artículo 304 del Plan Nacional de Desarrollo durante su debate en el Senado de Colombia. Esa parte del texto se refería a la política nacional de derechos sexuales del país. Para IOF, su desaparición fue un éxito contra el adoctrinamiento de género”.
De acuerdo con la base de datos que ProPublica mantiene sobre las ONG que actúan en Estados Unidos, IOF declaró 1.06 millones de dólares en ingresos en 2022, casi el doble de los $561,117 registrados en 2018.
Organizaciones que defienden la educación “basada en la ciencia y la biología”
Otro convocante del congreso de Guadalajara que aparece entre los que van en contra de la comunidad LGBTQ+ es Red Familia. Creada en la década del 2000, esta organización surge para “fortalecer el bienestar de las familias mexicanas” y promover diálogos propositivos en favor de la familia, de la vida de todos y las libertades fundamentales como libertad de expresión, de conciencia y religión”, según indica su página web.
En sus redes sociales, sin embargo, es común encontrar publicaciones que defienden una educación “basada en la ciencia y en la biología” y que rechazan “tajantemente la ideología de género”. Difunden posts que respaldan a profesionales de la salud que se niegan a realizar cirugías de reafirmación de género y contenidos que apoyan las “terapias de conversión” para supuestamente devolver a las personas LGBTQ+ al mundo heterosexual o cisgénero (la identidad de género correspondiente al sexo registrado).
Las terapias de conversión “pueden equivaler a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, señala un informe presentado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2022. Sólo 13 países del mundo han penalizado estas prácticas. En el continente americano únicamente Ecuador, Brasil, Canadá y México cuentan con prohibiciones nacionales, mientras que en EEUU están prohibidas las terapias de conversión en menores en algunos estados, de acuerdo con el registro de la red internacional Global Equality Caucus, que reúne a parlamentarios contrarios a la discriminación de personas LGBTQ+, e informarles del Congreso mexicano.
Según ha señalado la Organización Panamericana de la Salud, “los supuestos servicios de ‘curación’ de personas con orientación sexual no heterosexual carecen de justificación médica y representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de las personas afectadas”.
La Asociación Estadounidense de Psicología (APA por sus siglas en inglés) asegura que no se puede cambiar la orientación sexual con terapia y afirma que “la realidad es que el homosexualismo no es una enfermedad. No requiere tratamiento y no se puede cambiar”. Ni la APA ni la OMS consideran la identidad trans como un desorden mental que habría que tratar.
En marzo 2022, en su página de Facebook, Red Familia compartió una reseña informativa sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana de declarar inconstitucional la limitación aplicada a los menores de 18 años para pedir un cambio de identidad de género. La justicia decidió que se podría hacer esa solicitud desde una edad más temprana, para favorecer a adolescentes trans.
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