CÓRDOBA.– A una semana de que AstraZeneca anunciara que dejaba de comercializar en Europa la vacuna contra el Covid-19, conocida originalmente con el nombre de la farmacéutica, se presentó una demanda individual en su contra y en contra de la Anmat en la Justicia Federal de Río Cuarto. La realizó una mujer por 100 millones de pesos: aduce que le provocó una reacción secundaria que la obligó a pedir un retiro por incapacidad laboral. Fue diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia. LA NACION consultó al laboratorio, que prefirió no hacer comentarios al respecto.

La primera demandante individual en la Argentina es Flavia Ochoa, de 39 años, oriunda de Coronel Moldes, en el sur de la provincia de Córdoba, madre de un niño de 5 años. La presentación la realizó junto a su pareja.

Reclama 7,4 millones de pesos por incapacidad sobreviniente; 25,3 millones de pesos por fondo de reparación Ley 27.573; 9,3 millones de pesos por proyecto de vida-pérdida de chance; 7,5 millones de pesos por daño moral; 1,5 millones de pesos por daño moral de la pareja; 49,5 millones de pesos por daño punitivo y 180.000 pesos por daño emergente.

La demanda por daños y perjuicios está en el Juzgado Federal de Río Cuarto, porque el demandado es el Estado nacional, junto con AstraZeneca. La Justicia debe resolver si es competente.

El caso llega en momentos en que la farmacéutica enfrenta en tribunales de Reino Unido una demanda colectiva por 51 casos de muerte y secuelas asociadas con el inmunizante. Durante ese proceso, el laboratorio admitió que su producto podía causar trombosis. A la Argentina, arribaron poco más de 29,6 millones de dosis, a partir de febrero de 2021.

Ochoa recibió como tercera dosis contra el Covid-19 la AstraZeneca el 4 de enero de 2022 en el centro cultural de su localidad, que funcionaba como vacunatorio. Casi de inmediato sintió “calambres fuertes y flojedad en las piernas”. En la presentación señala que se acostó temprano “por los fuertes dolores que padecía” y relata: “Al otro día no pude ponerme de pie, me caí en peso muerto, tuvo que levantarme mi pareja”. Consultó a su médica de cabecera, quien le dijo que “podía ser un efecto adverso de la vacuna que me había inoculado y, cuando acudí al hospital de mi pueblo, me confirmaron que se trataba de una reacción a la vacuna y me suministran decadrón y diclofenac, ello para mitigar el fuerte dolor que sufría, pues a pesar de ello tenía movimiento muy limitado en mis piernas; también se me adormecían los brazos. Así volví al otro día con la misma terapia, esta vez por suero sin resultado alguno, por ello fui derivada al Sanatorio Privado Río Cuarto” el 10 de enero.

Ochoa recibió tratamiento con gamaglobulina y dexametasona. En marzo de ese año le dieron el alta en el sanatorio, pero continuó con neurorrehabilitación y controles neurológicos. En la presentación –que todavía no fue notificada a las partes– se describe que a Ochoa, después de varios estudios, un médico neurólogo (cuyo nombre se explicita) le diagnosticó síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia.

Refiere que le realizó “resonancia medular completa inicial normal, punción lumbar con aumento de proteínas en líquido cefalorraquídeo con tratamiento polirradiculoneuroterapia inflamatoria desmielizante aguda”. La incapacidad en ese momento era “de 90%”.

Pablo Roca, abogado de la mujer, explicó a LA NACION que ella continúa con rehabilitación, camina con asistencia de un andador, sufre de migrañas y no tiene control de esfínteres. Sí recuperó el movimiento de los brazos. “En el dictamen de la comisión médica para la incapacidad laboral se determina que es por la inoculación de la AstraZeneca; también lo firman los neurólogos que la trataron”, añade.

Uno de los neurólogos, el que hace el primer diagnóstico, hizo la denuncia en el Sistema Nacional de Farmacovigilancia en 2022. Fue una comisión médica de Río Cuarto, en virtud del retiro por invalidez que solicitó la joven, la que determinó que tiene una incapacidad laboral del 75,6%. Ochoa trabajaba en una panadería.

En un tramo de la demanda, Ochoa manifiesta que la decisión de vacunarse contra el Covid-19 fue “producto de la gran presión social, laboral, de los medios de comunicación y coacción ejercida desde el mismo Estado, pues no tuve otra opción que inocularme, de lo contrario perdía mi trabajo. Confié en el consejo de los ‘expertos’. Por esa errónea decisión de inocularme, perdí mucho más que mi trabajo, me arrebataron la vida, soy madre de un nene de 5 años. Jamás fui informada y tampoco se me advirtió que podría sufrir efectos adversos, como asimismo de los riesgos/beneficios de la inoculación, no hubo un verdadero consentimiento de mi parte, solamente nula información y coacción”.

Qué dice el laboratorio

“Desde AstraZeneca no realizamos comentarios sobre litigios en curso. Extendemos nuestra más profunda solidaridad con cualquier persona que haya perdido a un ser querido o haya informado problemas de salud. La seguridad del paciente es nuestra máxima prioridad y las autoridades reguladoras cuentan con estándares claros y estrictos para garantizar el uso seguro de todos los medicamentos, incluidas las vacunas”, señaló el laboratorio ante la consulta de LA NACION.

Añadió: “A partir del conjunto de pruebas obtenidas en ensayos clínicos y datos del mundo real, se ha demostrado continuamente que la vacuna AstraZeneca-Oxford tiene un perfil de seguridad aceptable y los reguladores afirman sistemáticamente que los beneficios de la vacunación superan los riesgos de posibles efectos secundarios extremadamente raros”.

Concluyó con que, según estimaciones independientes, “se salvaron más de 6500 millones de vidas mundialmente en el primer año de uso de la vacuna y se suministraron más de 3000 millones de dosis en todo el mundo, impactando positivamente en el control y manejo de la pandemia”.