La pugna del Movimiento sin Tierra con el agronegocio en el Brasil de Lula

Rodeado de árboles frutales, Adonilton Rodrigues clava su azada sobre tierras ocupadas irregularmente en la sabana del Cerrado: su pequeña siembra es el frente de un viejo conflicto en Brasil que toca las puertas del presidente Lula.

El terreno es parte del campamento "8 de marzo" instalado desde 2012 en Planaltina, a 50 km de Brasilia, por el grupo campesino Movimiento sin Tierra (MST).

Pero esta organización, fundada hace 40 años, sigue fuertemente movilizada: unas 30 ocupaciones se registran desde abril en 12 estados, además del Distrito Federal, que abarca la capital brasileña.

"Sin ocupación no hay presión y sin presión no tenemos tierra para producir", dice Rodrigues, dirigente local del MST.

Las ocupaciones forman parte de unas jornadas anuales de protesta de los movimientos campesinos, y "casi todas" han sido desarticuladas, dijo a AFP el ministro de Desarrollo Agrario, Paulo Teixeira.

El MST estima en cambio que todas menos cuatro siguen en pie, según afirmó una vocera a la AFP.

Los llamados a la distribución de tierras no sorprenden en Brasil, donde 61% del territorio agrícola está en manos de 1,4% de las propiedades, de acuerdo a cifras oficiales.

Producto de los latifundios de la era colonial o de los apoyos estatales para los grandes productores en la segunda mitad del siglo pasado, la desigualdad en la propiedad de la tierra "sigue ocurriendo", dice a la AFP Sergio Sauer, profesor de la Universidad de Brasilia en Planaltina e investigador en asuntos agrarios.

Potencia mundial de la soja, la carne y el maíz, Brasil tiene "una de las mayores concentraciones de tierra (agrícola) del planeta", afirma.

Creado al final de la dictadura militar (1964-1985) para levantar la bandera de la reforma agraria, el MST es un símbolo de la izquierda popular brasileña.

Acusados de "invasores" por sus críticos, sus defensores indican que las tierras ocupadas están generalmente improductivas, o son investigadas por deudas o señalamientos de trabajo esclavo, y que su modelo es una agricultura familiar y sustentable.

Las 17 hectáreas donde Rodrigues y unas 80 familias viven y cultivan forman parte de una enorme hacienda particular de 1.700 hectáreas, que según el MST son propiedad pública.

- "Fábrica de invadir" -

Luiz Inácio Lula da Silva se convirtió en un incondicional aliado del movimiento desde sus primeros dos mandatos (2003-2010).

Apoyado en el auge de las materias primas, el izquierdista financió una de las mayores olas de nuevos asentamientos agrícolas en Brasil, con más de 600.000 familias beneficiadas, según el gubernamental Instituto para la Reforma Agraria (Incra).

A pesar del volumen, los proyectos "no alteraron la mala distribución de la tierra", afirma Sauer.

Según el experto, esos programas perdieron impulso por dificultades operacionales, falta de recursos, y sobre todo por el aumento del poder político del agronegocio, que tomó un nuevo impulso durante el gobierno del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022).

Con apoyo de la influyente bancada ruralista, el Congreso avanzó en mayo una propuesta para excluir de beneficios gubernamentales a quienes tomen parte de las ocupaciones.

El MST "es una fábrica de invadir propiedades", dijo a la AFP el diputado Alberto Fraga, del Partido Liberal de Bolsonaro. Y de no cesar las tomas promete presentar un proyecto de ley que las tipificaría como "crimen de terrorismo".

Para Ceres Hadich, coordinadora nacional de MST, eso muestra que "el Congreso Nacional es hoy un reducto de la extrema derecha".

"Y parte de ella tiene un cordón umbilical con el agronegocio y el latifundio en Brasil", dijo Hadich a la AFP.

- Conflictos en alza -

Lula ha lanzado guiños a los grandes productores, como al promulgar en diciembre una ley que flexibiliza las normas sobre "agrotóxicos".

Al mismo tiempo su gobierno lanzó un programa para atribuir hasta 2026 nuevas tierras o regularizar lotes existentes a casi 300.000 familias.

Mientras, los conflictos aumentan: la Comisión Pastoral, ligada a la Iglesia católica, registró el año pasado más de 2.200 episodios violentos -desde amenazas hasta asesinatos y expulsiones- en tierras en disputa, el mayor número desde que se comenzaron a recopilar esos datos, en 1985.

Más de 59 millones de hectáreas en Brasil (un área mayor a España) están inmersas en conflictos.

La Policía Federal investiga al grupo "Invasión Cero", compuesto por comerciantes y empresarios del agro, y acusado en el asesinato de una dirigente indígena durante una movilización para expulsar a los ocupantes de una hacienda en Bahía (noreste), según medios locales.

Fraga considera la contratación de milicias un "absurdo". Pero con más "invasiones", advierte, "habrá conflictos, y el problema se puede complicar".

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