Propuesta del Senado invalidaría retroactivamente acuerdo de Disney con el distrito fiscal

Siguiendo la orden del gobernador Ron DeSantis, un senador estatal redactó una enmienda para invalidar retroactivamente un acuerdo de urbanización entre Walt Disney World y su distrito fiscal especial que socavó el control del gobernador sobre la nueva junta de gobierno del distrito.

La enmienda, redactada por el senador Blaise Ingoglia, republicano de Spring Hill, está programada para presentarse ante la Comisión de Reglas del Senado el miércoles, y dar seguimiento a la amenaza del gobernador de poner fin a lo que llamó un “acuerdo farsa”. El acuerdo limita en la práctica lo que los designados por el gobernador pueden hacer con el distrito especial que alberga los parques temáticos y complejos turísticos de Disney.

En febrero, en vísperas de un período especial de sesiones legislativas para dar a DeSantis el control sobre el Distrito de Mejoras de Reedy Creek, la junta respaldada por Disney superó al gobernador. Celebró acuerdos de urbanización y convenios restrictivos de última hora con Walt Disney Parks and Resorts, U.S., Inc. que esencialmente exigen que Disney autorice cualquier cambio realizado por una junta controlada por el gobernador en las próximas décadas.

La enmienda de Ingoglia al SB 1604, un proyecto de ley relativo a las normas de uso y urbanización del suelo, anula esos documentos al prohibir que el distrito celebre un acuerdo en los tres meses siguientes a la constitución de una nueva junta. La enmienda también requiere que la junta de gobierno nombrada por DeSantis, ahora llamada Junta del Distrito de Supervisión Turística de la Florida Central, revise y vuelva a adoptar cualquier acuerdo de urbanización aprobado por la junta anterior.

Ingoglia dijo en una conferencia de prensa con DeSantis el lunes en Lake Buena Vista que su objetivo era arrebatarle el control a Disney y dárselo al estado.

“Ellos eran su propio gobierno, y yo diría que es una forma atroz de bienestar corporativo”, dijo. “Es inconcebible que una empresa tenga tanto poder. ¿Y qué hicimos? Le quitamos ese poder, se lo devolvimos a la gente y pusimos a todos en igualdad de condiciones”.

Intenciones originales del acuerdo de 1967 con Disney

Ingoglia, al igual que DeSantis, no mencionó que la razón por la que el estado creó el Distrito de Reedy Creek en 1967 fue permitir que la empresa se impusiera gravámenes para construir una infraestructura de servicios municipales sobre la cual hacer funcionar el parque temático, que en aquel momento estaba a más de 16 millas de la urbanización más cercana.

Tampoco mencionaron que la empresa no solo paga más de $160 millones en impuestos anuales, a una tasa impositiva tres veces superior a la que pagan los habitantes de los condados Orange y Osceola. El dinero se usa para mantener un nivel de servicios e infraestructura superior al que proporcionan los condados. El distrito fiscal está gobernado por la junta, que hasta febrero era nombrada por The Walt Disney Co.

El miércoles, la junta de supervisores nombrada por DeSantis tiene previsto reunirse y también tratará de anular el acuerdo respaldado por Disney, dijo DeSantis.

“Pensaron que podían crear algún tipo de acuerdos de urbanización que esencialmente anularían todo lo que hicimos y los pondría en control a perpetuidad para esto”, dijo DeSantis en la sede del distrito especial. “Bueno, eso no va a ser posible en este momento”.

La disputa comenzó cuando Disney expresó su oposición a la aprobación por parte de la Legislatura de la Ley de Derechos de los Padres en la Educación en 2022, que prohibía la instrucción en clases sobre temas de identidad de género en ciertos grados. La lucha continuó este año después de que el presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, calificó la medida de DeSantis de “contraria a las empresas y negativa para la Florida”.

Aunque DeSantis sugirió que estaba interesado en medidas más punitivas dirigidas a Disney, como la posible construcción de una prisión estatal junto a los parques temáticos de la compañía y la imposición de nuevas regulaciones sobre sus atracciones y monorraíles, la enmienda intenta anular el acuerdo de urbanización y los convenios restrictivos, pero no impone restricciones adicionales.

Análisis jurídico se inclina a favor de Disney

Analistas jurídicos que revisaron la enmienda de Ingoglia dijeron al Herald/Times que es probable que la propuesta enfrente un desafío legal,y la propuesta pudiera ser declarada inconstitucional en virtud de la Cláusula de Contratos de las constituciones de Estados Unidos y de la Florida. Si se aprueba, el cambio establecería un nuevo precedente para la gestión de la urbanización en la Florida.

“Esa cláusula prohíbe que las acciones del gobierno afecten un contrato existente”, dijo Jake Schumer, abogado de asuntos municipales municipal del bufete de abogados Shepard, Smith, Kohlmyer & Hand, de los suburbios de Orlando.

Dijo que el estado argumentará que el contrato no se vio perjudicado porque la ley estatal permite modificaciones, pero Disney argumentará que la ley estatal no permite que la Legislatura vete los contratos, sino simplemente permite a los legisladores promulgar nuevas reglas.

“Creo que el argumento de Disney es más sólido, pero no es pan comido”, dijo Schumer. Pero la enmienda también pretende aplicarse a los pactos restrictivos, que imponían restricciones a la junta controlada por el gobernador para cosas como la altura de los edificios y otras decisiones de urbanización.

Al intentar derogar esos pactos, la enmienda es “una clara violación de la cláusula de contratos”, argumentó Schumer. “Sería un cambio importante en la ley que el proyecto de ley se frenara en cuanto a la aplicación a ese acuerdo”.

El estatuto de la Florida “no autoriza a este estado a modificar o revocar por sí solo un acuerdo urbanístico”, dijo a Michael Wolf, profesor de Derecho de Propiedad y Gobierno local de la Universidad de la Florida.

Jane West, abogada y directora de política y planificación de 1000 Friends of Florida, una organización activista de la gestión del crecimiento, dijo que no es probable que la enmienda afecte a otros acuerdos urbanísticos vigentes en otras partes del estado.

En mi opinión, el lenguaje de esta enmienda es tan restrictivo que prácticamente no tendría aplicación en ningún otro contexto de acuerdos de urbanización que yo conozca, lo cual es bueno para el resto de la Florida, pero no tanto para Disney”, dijo West.

La Primera Enmienda pudiera entrar en juego

Si los legisladores aprueban la enmienda, también enfrentarán un importante caso relacionado con la Primera Enmienda, según los expertos jurídicos. La empresa pudiera alegar que el gobernador y la Legislatura intentan castigarla por expresarse.

“Si Disney puede demostrar que todo esto es un intento de esta Legislatura y el gobernador de intimidarlos o castigarles porque sus ejecutivos adoptaron una postura que es impopular entre los representantes del pueblo debidamente elegidos, entonces tiene derecho a la protección de la Primera Enmienda”, dijo Wolf.

“Pudiera decirse que todo esto es una represalia prohibida por la Primera Enmienda, porque surge de la expresión protegida de Disney contra el proyecto de ley de educación y la nueva [enmienda] parece claramente dirigida solo a Reedy Creek”, dijo Schumer.

Wolf también dijo que la medida también pudiera ser invalidada por el tribunal porque intenta aplicarse retroactivamente a los acuerdos de Disney. En 1999, la Corte Suprema de la Florida dictaminó en el caso Metro-Condado Dade vs. Chase Fed. Hous. Corp. que “las consideraciones generales del debido proceso impiden al estado abolir retroactivamente derechos adquiridos”.

Adrian Ruhl, editor del Miami Herald, contribuyó a este artículo.