La prohibición ampliada para cabildear en Florida enfrenta una impugnación legal. Algunos funcionarios ya han dimitido

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Un recurso judicial podría complicar el futuro de la prohibición de cabildear durante seis años, que fue aprobada por los electores de la Florida, en un cambio previsto desde hace tiempo y que probablemente ha sido la causa del éxodo de personas en cargos públicos antes de su entrada en vigor al finalizar el año.

En la demanda federal, cinco personas con cargos de elección de los condados Miami-Dade, Palm Beach y León pretenden bloquear las nuevas restricciones a los cabilderos, que se espera sean las más estrictas del país.

Las nuevas medidas prohíben a quienes ocupen cargos de elección estatales trabajar como cabilderos mientras estén en un cargo público y, a quienes ocupen cargos de elección estatales y locales, cabildear en sus departamentos u oficinas estatales durante seis años después de dejar el cargo. Actualmente existe una prohibición de dos años. La ley también se aplica a algunos titulares de cargos designados en lugar de elegidos.

“Es ciertamente posible —de hecho, así lo espero— que antes que termine el día de hoy [viernes], se oiga a más gente dimitir de sus cargos públicos en todo el estado”, dijo Scott A. Hiaasen, abogado del bufete Coffey Burlington, que está entre los que tratan de bloquear las nuevas restricciones al cabildeo.

Los demandantes —el comisionado de Miami-Dade René García, el alcalde de South Miami Javier Fernández, la concejal de Miami Shores Crystal Wagar, el comisionado del Condado Palm Beach Mack Bernard y el comisionado del Condado León William “Bill” Proctor— pretendían bloquear temporalmente la entrada en vigor de las medidas el sábado.

Pero en una audiencia de emergencia celebrada el jueves, la jueza de distrito de Miami Beth Bloom denegó la solicitud, dijo Hiaasen en una entrevista. El tribunal tiene previsto escuchar los argumentos del caso el 27 de enero.

Mientras tanto, varios funcionarios públicos de todo el estado se verán obligados a decidir si renuncian a sus cargos públicos o a sus empleos privados, dijo Hiaasen (Hiaasen es un antiguo reportero del Miami Herald).

García y Fernández no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Una defensa de la puerta giratoria

En la demanda federal, los funcionarios locales de argumentan que el cabildeo se ha “enquistado injustamente con connotaciones insidiosas”, pero que en el fondo su finalidad es “garantizar el intercambio de información e ideas entre los responsables de la toma de decisiones gubernamentales y los segmentos del público que pueden verse directamente afectados”.

Además, argumentan que la nueva ley estatal que implementa la enmienda constitucional estatal, que fue aprobada abrumadoramente por los electores en 2018, es demasiado amplia y que viola sus derechos constitucionales a la libertad de expresión.

“El cabildeo llega al corazón del proceso democrático”, sostiene la demanda. “Es por esta misma razón que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege expresamente el derecho a solicitar al gobierno la reparación de agravios, junto con los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión”.

En la impugnación legal, los demandantes afirmaron que la prohibición a los cabilderos podría tener un efecto amedrentador sobre el servicio público en los gobiernos estatales y locales.

“El servicio público ya es suficientemente exigente para quienes están dispuestos a comprometerse a ocupar un cargo público, y ya no es nada fácil atraer a candidatos honorables para que dediquen su tiempo al servicio público”, sostiene la demanda. “Una disposición constitucional que destruye carreras y medios de vida mediante restricciones innecesarias y excesivamente amplias es manifiestamente contraria al interés público”.

Muchos cargos de elección en la Florida son a medio tiempo, lo que obliga a los funcionarios a tener otros trabajos para ganarse la vida, señaló Hiaasen.

Un ‘punto de presión’

A nivel estatal, el gobernador Ron DeSantis ha sugerido que los cambios en esa ley se habían convertido en un “punto de presión” para algunos funcionarios de alto nivel en su administración.

“Es una especie de fecha límite para las personas en algunos de estos puestos porque hay diferentes cosas que están cambiando en la ley en lo que pueden hacer en el futuro”, dijo DeSantis en una conferencia de prensa el 16 de diciembre. “Así que sabíamos que eso sería potencialmente un punto de presión”.

Aunque ninguno ha declarado explícitamente que la prohibición de cabildeo sea la razón de su salida, dos jefes de departamento en la administración de DeSantis y el comisionado de seguros de la Florida anunciaron y dejaron sus puestos en las semanas previas a la implementación de las nuevas restricciones de cabildeo.

Impedir que los legisladores puedan cabildear durante seis años, la prohibición más larga del país, fue idea del ex presidente del Senado Don Gaetz, republicano por Niceville, como miembro de la Comisión de Revisión de la Constitución, un panel que se reúne cada 20 años para proponer enmiendas a la constitución estatal. Gaetz es el padre del congresista Matt Gaetz.

La propuesta surgió después que varios legisladores hicieran carrera sirviendo a la Legislatura parte del tiempo, pero trabajando como cabilderos para intereses especiales y clientes ante las comisiones de los condados y el Congreso. A partir de 2023, eso sería ilegal.

A las firmas de cabildeo también les gusta contratar a antiguos líderes de la Cámara de Representantes y el Senado por el poder que ejercen en la estructura legislativa vertical de la Florida.