Un ajuste que se da sobre otro ajuste. Así definen los especialistas consultados por LA NACIÓN la partida que le asigna el proyecto de ley de presupuesto nacional 2025, presentado el domingo pasado por el presidente Javier Milei, al rubro educación.

El actual es de $4,9 billones, afirman desde la ONG Argentinos por la Educación. En tanto, para el año próximo el Gobierno programa invertir $6,7 billones. Se podría hablar de un aumento nominal del 36.7%, pero los expertos en políticas educativas afirman que los números son engañosos y que, incluso en el mejor de los escenarios inflacionarios, esta partida implicaría un “nuevo ajuste”, que se sumaría al del 40% que se registró entre 2023 y 2024 y a los que se suman de manera escalonada desde hace décadas.

“Este aumento nominal del 36.7% hay que contrastarlo con la inflación. La pregunta es cuál va a ser la inflación. Si la inflación es de entre 38% o 40%, como estiman los analistas, eso implicaría un nuevo ajuste. El presupuesto educativo 2025 quedaría levemente por debajo del de este año, que ya es 40% menor al de 2023″, afirma Javier Curcio, profesor e investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (UBA-Conicet) y miembro de Argentinos por la Educación.

Pero, incluso, si las estimaciones inflacionarias para 2024 y 2025 que toma la Ley de Presupuesto se cumplen, sigue el especialista, habría, de todas formas, una disminución en el presupuesto educativo. “El tema es que la inflación que se publica es la de punta a punta, desde el comienzo hasta el fin del año, la que el Gobierno dice que va a ser del 18.5%. Como la inflación se está desacelerando, aún cuando la inflación sea realmente de 18.5%, como vamos a venir arrastrando una de tres dígitos de este año, la inflación promedio va a estar rondando el 50%. Es por esto que, incluso en ese escenario auspicioso, estaríamos hablando de ajuste”, explica Curcio.

La ley Nacional de Educación, aprobada en 2006, establece que el presupuesto consolidado del Estado destinado a la educación no debe ser menor al 6% del Producto Bruto Interno (PBI), obligación que desde entonces solo se cumplió en 2015, destaca Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y exministro de Educación porteño. Pero la nueva ley de presupuesto impulsada por el gobierno de Milei propone en su artículo 27 suspender este compromiso por un año.

“La suspensión no cambia en nada la situación, porque en los últimos 14 años esta obligación se cumplió una sola vez, con lo cual la aplicación de la ley ya estaba suspendida de hecho. Lo que hace el gobierno de Milei, como hace en tantas otras actividades de gobierno, es sincerar la situación”, plantea Narodowski.

“No estamos ante ninguna novedad –sigue el especialista– . El ajuste del gobierno anterior en educación de 2022 a 2023 fue brutal. Y si seguimos mirando para atrás, también. La deuda que acumularon los gobiernos desde Cristina Kirchner hasta Alberto Fernández por no cumplir con el monto superior al 6% del PBI, había acumulado para 2020 26.000 millones de dólares. Es decir que la deuda educativa de todos los gobiernos nacionales y provinciales con el pueblo argentino es más de la mitad de la deuda de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional”, afirma Narodowski.

Posición oficial

Consultados por LA NACIÓN, fuentes de la Secretaría de Educación destacaron el historial de gastos en programas educativos ineficientes y el concepto de “inversión inteligente” , principal consigna de Carlos Torrendell, el titular del área.

Afirmaron: “La crisis educativa argentina tiene en uno de sus componentes un historial de gastos de recursos dispersos en sucesivos programas educativos que redundaron poco en la mejora de los aprendizajes. Más que pensar en un número fijo, es importante invertir mejor. Nuestro foco está en la asignación inteligente, es decir, priorizando los aprendizajes fundamentales, para que las personas puedan construir las bases de una educación sostenible a lo largo de la vida”.

Curcio festeja el concepto de “inversión inteligente” que viene repitiendo la Secretaría de Educación, a la vez que cuestiona la inversión actual: “Creo que es un buen concepto. Por supuesto que no todo es invertir más recurso, hay que invertir bien, frente a la escasez, tenemos que administrar adecuadamente los recursos. Pero el nivel de ajuste que tenemos en las funciones educativas hace imposible que sea inteligente. Son dos valores que no se contraponen: por un lado hay que administrar bien los recursos que hay, pero por el otro hay que sostener el financiamiento educativo. Estos niveles de ajuste son incompatibles con el desarrollo de las funciones educativas. Básicamente, el gobierno nacional se desentendió de la política de educación básica nacional”.

Entre los principales cuestionamientos que hace, destaca la eliminación del Fondo de Incentivo Docente. “Le transfieren esa responsabilidad a las provincias. El problema es que las provincias no tienen fondos adicionales para eso y, por lo tanto, en el agregado, hay una reducción del financiamiento educativo, o sea, los docentes pierden y el sistema educativo pierde. Al tener menores niveles salariales, tenés menos calidad de la educación, porque hay menos incentivos para el buen desempeño de los docentes”, opina.

Desde el Gobierno destacan, a su vez, que más de 189.000 millones de pesos serán destinados al Plan Nacional de Alfabetización, una iniciativa que busca una inversión total de casi 1000 millones de dólares en los cuatro años de la Presidencia. “Hay que revertir los índices que indican que 1 de cada 2 estudiantes en tercer grado no lee y escribe, de acuerdo a su edad. Además, cabe señalar que para 2025, la participación de Educación dentro de Capital Humano será mayor”, señalan.