La práctica del linchamiento mediático de los “adversarios políticos” en el actual gobierno

“He llegado a la conclusión de que la política es

demasiado seria para dejarla en manos de los políticos”.

Charles de Gaulle, primer ministro de Francia (1944-1946)

Para nadie es ajena la percepción de que nos encontramos en un contexto en el cual es evidente cómo en Palacio Nacional se arraigó una forma sui generis de ejercer el poder que se destaca por la habilidad de ocultar, distraer y manejar la mentira sobre los diversos temas de las agendas pública y nacional. Son rasgos que evidencian un discurso que se asemeja a uno de campaña en el que la improvisación y el construir cada día un nuevo distractor es la pauta que distingue el discurso del inquilino de Palacio Nacional.

Además, como parte de esa forma de ejercer el poder, la polarización ya es un elemento de empirismo político para plantear y argumentar la acción pública del presidente de la república y de su gobierno, apelando al mismo tiempo a una reivindicación que tiene sustento en la voluntad popular y en el apoyo que arguye tiene de un amplio segmento de la población, lo que lo anima a encasillar toda información o juicio disidente al silogismo “enemigo” del régimen y, por ende, del pueblo que asegura representa.

En el ámbito social el presidente descalifica, sin matices, a quienes levantan la voz y se atreven a formular la menor crítica, tildándolos de enemigos, reaccionarios y conservadores, y, en el extremo, se lincha mediaticamente a los adversarios políticos, se estigmatiza a los medios de comunicación que disienten de fondo o en las formas del gobierno, llegando al grado de acallar a quienes se atreven a criticar su gobierno.

Una estampa de lo anterior fue la intervención de la periodista Nayeli Roldán de Animal Político en la conferencia matutina del 10 de marzo pasado, en la que cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las denuncias de espionaje telefónico del Centro de Inteligencia Militar al activista Raymundo Ramos Vázquez, defensor de derechos humanos en Nuevo Laredo, y a periodistas, y que en directo se pudo advertir que ante tal petición el mandatario se desencajó y puso en duda la labor y el interés periodístico de la reportera y le reconvino: “Usted no va a poner la agenda”.

Y si faltar a la verdad no es suficiente, está visto que la intolerancia y la embestida para descalificar a quienes buscan esclarecer diferentes hechos sociales, económico y políticos, así como las responsabilidades respectivas para quienes han actuado y actúan en contra de los límites constitucionales y de la ley, se convierte en el recurso de la retórica de la desinformación presidencial, situación que en los hechos revela una inédita falta de sensibilidad política del contexto actual del país.

Lo anterior deja en claro que para la conciencia ciudadana las personas que ejercen funciones de liderazgo público tienen la gran responsabilidad de ejercer el poder a través del llamado a la unidad, del diálogo, el consenso y la tolerancia.

Estos últimos elementos son factores clave, sobre todo cuando el país y su población nos encontramos en un momento muy complejo en el debate público, en el que al parecer no existe la lucidez para entender los más relevantes temas nacionales de manera compleja o íntegra, así como la ausencia de proyectos, reglas o políticas públicas que confirmen un avance positivo en beneficio de la población y, por el contrario, el debate público y político se centra en la figura y en las filias y fobias de la Presidencia.

Esta situación obliga a la sociedad organizada a dar pasos firmes en la construcción de una agenda ciudadana propia y viable, una agenda pública que esté más cerca de los temas más urgentes de la sociedad y no jugar con la realidad. Esto a pesar del entorno refractario que priva en las diferentes esferas de gobierno. Un desafío como el señalado exige revertir la ingente polarización, dejar de lado el lenguaje y los símbolos ideológicos, el odio y la apología de la violencia. Para la sociedad el desafío es convertirse en un actor promovente del diálogo y el debate político, y del respeto de los cauces institucionales y constitucionales.

En ese sentido, no podemos seguir cayendo en la trampa de hacer eco de todo aquello que sabemos son inexactitudes que lo único que fomentan es crear un ambiente de polarización, puesto que es preciso considerar que muchos asuntos de nuestro país están prendidos por alfileres, razón por la cual tenemos que seguir redoblando nuestra participación ciudadana para colocar los asuntos urgentes de nuestra comunidad y nuestros derechos humanos, y de manera apremiante resolver las causas de la inseguridad que, por hoy, es un tema fundamental para la convivencia y la paz social, económica y política.

Con respecto a este último aspecto, es puntual mencionar que durante los cuatro años y cuatro meses de la actual Administración federal, el país suma más de 145 mil homicidios, existe una crisis de violencia sin precedentes, es turbadora la cifra de 109 mil 743 personas desaparecidas y no localizadas de las cuales el 25% son mujeres. Además, según el informe del centro de análisis México Evalúa sobre la impunidad en México, el 94.8 % de los casos denunciados en el país quedan impunes como resultado de un sistema de procuración y administración de la justicia deficiente.

En la sociedad en general se debe “prender” la conciencia de los negativos gubernamentales que ya no pueden ser ocultados por un discurso público convertido en un arma propagandística para obtener beneficios políticos. Frente a ese ambiente, los ciudadanos tenemos que seguir demostrando que no somos una ciudadanía que se dobla en pleitesía, acepta un gobierno que merma la  confianza de la sociedad y juega a ser caja resonancia del discurso oficial.

Con ese contexto, es obligado exponer en todo foro que no hay los resultados de  gobierno ofrecidos hace más de cuatro años, por lo que la ciudadanía está en condición legítima de impulsar una agenda que revierta la práctica política de la confrontación que es divisa recurrente de quien ejerce el poder; que en economía existan los incentivos del crecimiento sustentable; en seguridad, que se registre un  descenso real de los delitos de alto impacto; en desarrollo social, impulsar  propuesta de política pública que combata el incremento de la pobreza; el deterioro de la educación y la destrucción del sistema público de salud; en materia ambiental fomentar acciones y conciencia social para contribuir a frenar el cambio climático, entre los temas de mayor importancia para la población.

Lo anterior no se antoja lejano, pues debemos recordar que a través de al menos las últimas 4 décadas los ciudadanos hemos construido una vocación propositiva, concibiendo laboratorios de análisis de diagnósticos y propuestas de políticas públicas donde han participado los distintos actores sociales, públicos y privados, para la solución de la agenda pública local, regional y nacional. Nuestra revista Brújula Ciudadana de este mes profundiza en varios de estos temas.

Además, el actual escenario es el idóneo para refrendar los esfuerzos ciudadanos y de la sociedad civil organizada para reforzar el orden democrático, con instituciones sólidas que limiten los abusos y la concentración del poder. Es una  oportunidad para que los ciudadanos nos definamos como actores de interés público y de que somos parte esencial en la solución de los problemas de nuestras comunidades, de nuestros estados y de nuestro país. Es tiempo de que la sociedad mexicana se siga organizado y dispute la agenda pública en la actual coyuntura.

En este camino la sociedad debe ser exigente al gobierno de que en su ejercicio sea requisito la corresponsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas, con  el propósito de delinear y concertar objetivos nacionales, con la convicción de que  el país está urgido de un diálogo y fórmulas para concebir, construir y transitar hacia un estadio en el que la premisa sea la construcción a futuro de la Nación, de  un proyecto nacional que cohesione la pluralidad y la convivencia de opiniones y  doctrinas y se fortalezca la idea de la justicia social en busca de construir el interés  general.

En ese objetivo, no se trata de sustituir el rol de cada actor en el espacio público, sino construir el bien público con la suma y coordinación de los distintos sectores  para la solución de la agenda pública. Para el ciudadano de a pie debe quedar  claro que la participación de la sociedad en la toma de decisiones trascendentales lleva a la apropiación del país, que no es propiedad de unos cuantos políticos y demostrar en la práctica que entre todos somos capaces de generar sinergias de  un cambio real.

Lo anterior es una necesidad urgente, porque una auténtica democracia supone por definición una participación efectiva de los ciudadanos en las grandes decisiones del gobierno, así como para acotar el ejercicio inmoderado del poder, y  como mecanismo para que tenga vigencia un eficaz Estado de Derecho, como única opción real para asegurar la convivencia pacífica. Por esa razón, debemos como sociedad dejar atrás la apatía y tomar la iniciativa para organizarnos y ser más participativos, con la finalidad de evitar que otros decidan por nosotros.

Es una oportunidad de la ciudadanía para forjar un gran compromiso histórico en  el que converjan todas las voces y que se manifieste sin ambigüedades el gran caleidoscopio de fuerzas sociales, políticas, económicas y culturales, para  formular políticas alternativas y viables, así como para modular la acción y la  función del gobierno, para construir sobre bases sólidas y con acuerdos básicos un verdadero gobierno democrático y un país que pertenezca a todos los  mexicanos.

* Elio Villaseñor Gómez es director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C. (@Iniciativa_pcd).