Porqué una propuesta de ley para mantener a los niños de la Florida alejados de las redes sociales enfrentaría resistencia en tribunales

Para proteger la salud mental y la seguridad de los niños, legisladores del estado están avanzando con una propuesta pionera que modificaría la forma en que casi todos los floridanos usan internet.

Los menores de 16 años tendrían prohibido estar en las redes sociales. Y todos los floridanos que quieran usar las redes sociales tendrían que presentar algún tipo de identificación, o someterse a un escáner facial, para demostrar su edad.

La legislación, el Proyecto de Ley 1 de la Cámara de Representantes, es una de las principales prioridades del presidente de la Cámara, Paul Renner, republicano de Palm Coast, quien cree que los efectos de las redes sociales en los niños son similares a los de los opioides o los cigarrillos. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara el miércoles de esta semana y cuenta con un amplio apoyo bipartidista.

Pero si la idea de mostrar un documento de identidad para usar las redes sociales no le parece atractiva, no se preocupe.

Es poco probable que entre en vigor.

Es probable que la idea infrinja la Primera Enmienda y otras partes de la Constitución, según han dictaminado jueces federales al frenar leyes similares aprobadas en otros estados. Un juez calificó la prohibición de Arkansas –que es menos restrictiva que la de la Florida– de “instrumento impresionantemente contundente para reducir el daño de las redes sociales en los niños”. Un juez de Ohio calificó la versión de ese estado de “inquietantemente vaga”.

Jueces y activistas de la libertad de expresión apuntan a una larga serie de decisiones de la Corte Suprema que han anulado límites similares sobre libros, videojuegos e internet.

“Nunca he visto una prohibición general del acceso a la libertad de expresión constitucionalmente protegida como esta que sea confirmada por un tribunal”, dijo Bob Corn-Revere, abogado con 40 años de experiencia en asuntos de la Primera Enmienda que ahora es asesor legal en jefe de la Foundation for Individual Rights and Expression.

“El estado no puede dejar caer una cortina y decir: ‘No pueden leer nada a menos que nosotros digamos que pueden’”, añadió.

Renner ha reconocido que la jurisprudencia es “desafiante”, pero que están evitando obstáculos legales al dirigirse “solo a aquellas plataformas que sabemos que son altamente adictivas y también altamente perjudiciales”.

Pero a menos que la Corte Suprema de Estados Unidos decida revocar décadas de fallos anteriores sobre la Primera Enmienda, ese argumento no se sostendrá, dicen activistas.

Los niños tienen protecciones de la Primera Enmienda

Incluso los detractores de la ley dicen que su objetivo merece la pena: revertir el aumento de la depresión y los suicidios entre los adolescentes desde 2010, que es más o menos la época en que se popularizaron los smartphones.

El asunto de si las redes sociales son la causa de ese aumento es objeto de intenso debate. Los datos distan mucho de ser concluyentes, y en otros países donde las redes sociales son populares no se han registrado incrementos de la depresión o los suicidios entre los adolescentes.

Según el proyecto de ley de la Florida, las empresas tendrían que contratar programas de terceros para verificar la edad de los usuarios. Los legisladores afirman que sería más estricto que la simple introducción de la fecha de nacimiento. Los usuarios tendrían que presentar un documento de identidad oficial, una tarjeta de crédito o someterse a un escáner facial, y la información tendría que borrarse inmediatamente después de la verificación.

El proyecto de ley de la Florida es muy similar al de otros estados, con la salvedad de que no permitiría el consentimiento paterno, lo que la convertiría en la legislación de este tipo más estricta del país.

Ninguno de los proyectos de ley de otros estados, como Utah, Arkansas y Ohio, ha entrado en vigor porque jueces federales han dictado medidas cautelares para bloquearlos o los legisladores han retrasado su aplicación.

La Primera Enmienda protege ampliamente la libertad de expresión, y los esfuerzos del gobierno por restringirla –incluso en nombre de la seguridad de los niños– han sido anulados en repetidas ocasiones por jueces federales y por la Corte Suprema de Estados Unidos, señalaron dichos jueces.

Los legisladores de la Florida reconocieron que el HB 1 impediría a los niños ver material positivo en internet. Eso por sí solo plantearía un problema para el tribunal, que ha dictaminado que “solo en circunstancias relativamente estrechas y bien definidas” puede el gobierno bloquear la difusión de discursos protegidos a los menores.

Cuando California intentó en 2005 exigir la supervisión de los padres para que los niños pudieran comprar videojuegos, los jueces de la Corte Suprema encabezados por Antonin Scalia tumbaron la idea porque los juegos eran expresiones protegidas.

“No hay duda de que un estado posee un poder legítimo para proteger a los niños de cualquier daño, pero eso no incluye un poder libre para restringir las ideas a las que los niños pueden estar expuestos”, escribió Scalia.

Cuando el Congreso aprobó en 1996 la Ley de Decencia en las Comunicaciones para proteger a los niños de material explícito en internet, también fue declarada inconstitucional.

“El interés gubernamental en proteger a los niños no justifica una supresión innecesariamente amplia de la expresión dirigida a los adultos”, escribieron los jueces.

El proyecto de ley de la Florida también infringiría la libertad de expresión de los adultos. Los jueces federales han escrito o dictaminado en contra de exigir a las personas que presenten información personal –como la verificación de la edad– para acceder a internet al menos cinco veces. Como dijo un juez en un fallo de 2008, la idea obligaría a los usuarios a “renunciar a su anonimato para acceder a un discurso protegido”.

El gobernador Ron DeSantis, que no se ha pronunciado sobre el proyecto de ley, dijo durante su fallida campaña presidencial que prohibir la expresión anónima en internet “es peligroso e inconstitucional”.

NetChoice, una coalición de empresas de redes sociales que incluye a Meta, X y TikTok, ha impugnado las leyes de otros estados y se ha pronunciado en contra de la propuesta de la Florida.

“Es el gobierno prohibiendo el acceso a la información a los adolescentes de la Florida y a todos los floridanos en general”, dijo Carl Szabo, vicepresidente y asesor legal de la organización. “Es el tipo de cosas que se ven en regímenes autoritarios, no en estados libres como la Florida”.

¿Qué es una plataforma de ‘redes sociales’?

Facebook e Instagram se consideran en gran medida redes sociales. ¿Pero qué hay de YouTube, que según estudios es por mucho la aplicación de “redes sociales” más popular entre los adolescentes? ¿O Nextdoor, Snapchat y Truth Social de Donald Trump?

Los patrocinadores republicanos del HB 1 se negaron esta semana a nombrar las empresas que tendrían que adaptarse al proyecto de ley.

En su lugar, señalaron la definición de “plataforma de redes sociales” del proyecto de ley, una prueba de 26 puntos que incluye plataformas que “rastrean la actividad del titular de la cuenta” y en las que los usuarios pueden publicar contenidos y ver los de otros.

Pero muchas de las definiciones son vagas. El proyecto de ley excluye las plataformas en las que la “función predominante o exclusiva” es el correo electrónico, las noticias, los juegos en línea, el “entretenimiento educativo” o el envío de mensajes, lo que presumiblemente excluiría de la prohibición a Snapchat, la cuarta aplicación de redes sociales más popular entre los adolescentes.

Y tiene otra definición vaga: Aplicaría a cualquier plataforma que use “características de diseño adictivas, perjudiciales o engañosas, o cualquier otra característica que esté diseñada para hacer que el titular de una cuenta tenga una necesidad excesiva o compulsiva de usar o participar en la plataforma de redes sociales”.

Otros estados se han esforzado igualmente por definir las empresas de redes sociales. El juez federal del caso de Arkansas señaló que el experto del estado y su abogado no se ponían de acuerdo sobre si Snapchat estaba incluida en la prohibición.

Señalando décadas de jurisprudencia, el juez de Arkansas escribió que no se puede dejar que las empresas elijan “entre arriesgarse a una aplicación impredecible y arbitraria” y pagar por “costosos requisitos de verificación de edad”.

“Tal ambigüedad hace que una ley sea inconstitucional”, escribió el juez.

Los activistas de la libertad de expresión afirman que el HB 1 tiene pocas posibilidades de hacerse realidad.

“¿Qué sentido tiene aprobar esto?”, preguntó Howard Simon, director ejecutivo interino de la American Civil Liberties Union of Florida.

“Será frenada en los tribunales como un ataque a la Primera Enmienda durante años, y tal vez, en última instancia, nunca verá la luz del día”.