Yahoo Noticias Planes de desarrollo urbano de la CDMX suman cinco meses de retraso; ordenamiento territorial está “en el limbo”, advierten ONG
La Ciudad de México suma más de cinco meses y medio sin planes de desarrollo urbano, un hecho que genera preocupación entre organizaciones civiles, que ven el riesgo de que puedan aprobarse de forma exprés sin tomar en cuenta observaciones de la ciudadanía.
“Es muy preocupante que una urbe del tamaño de la Ciudad de México, con más de 9 millones de habitantes, que es el centro económico, político, cultural y educativo del país, no cuente con una planeación a largo plazo”, advirtió en entrevista Mónica Tapia, directora de la asociación Ruta Cívica, quien ha seguido de cerca los procesos de desarrollo urbano en la capital.
El Gobierno en la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, tuvo que haber publicado una Ley de Ordenamiento Territorial, así como un Plan General de Desarrollo (PGD) y un Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), pero a la fecha no lo ha hecho. La Constitución local actualmente establece que tanto el PGD como el PGOT debían haber entrado en vigor el 1 de octubre de 2022.
En octubre pasado, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) sometió a consulta un proyecto de PGOT que fue rechazado por diversas asociaciones civiles y colectivos de vecinos. Por ello, se suspendió el proceso sin que se haya dado información sobre su reposición, y a la fecha, la institución no tiene titular ni consejo ciudadano que permita a las organizaciones civiles conocer o intervenir en la nueva propuesta.
“En ese momento la ciudad está en un limbo, porque no sabemos para dónde debería estar yendo, y mientras tanto, sigue creciendo desordenadamente, lo que influye en la vida de las personas que todos los días tienen que hacer más de dos horas desde sus casas al trabajo, o con conflictos vecinales a causa de la tenencia de la tierra. Pero lo que vemos aquí es que las inercias políticas siguen estando por encima de las necesidades ciudadanas”, alertó la directora de Ruta Cívica.
Los riesgos y rezagos
Debido a los retrasos que ha habido en la publicación del PGD y el PGOT, la jefa de gobierno pidió que se reformara la Constitución de la CDMX, para que esta estableciera la entrada en vigor de dichos instrumentos en octubre de 2022 —originalmente era octubre de 2020—. Sin embargo, el plazo que se pidió de prórroga ya se venció sin que haya claridad sobre la emisión de las normas en materia de ordenamiento territorial.
“En ese otro aspecto también estamos en la incertidumbre, no hay información sobre los tiempos de trabajo, ni de los diálogos sostenidos después de la cancelación del proceso de consulta pasado por los problemas que se suscitaron con muchos de los pueblos originarios por la clasificación de los usos de suelo”, dijo en conferencia de prensa Armando Rosales, presidente de la representación en la Ciudad de México de la Asociación Mexicana de Urbanistas, grupo que se ha sumado a Ruta Cívica para la exigencia de explicaciones a las autoridades.
Sobre el tema de la regulación del suelo, Rosales señaló que con la desaparición de la categoría “suelo rural”, propuesta por Sheinbaum, crecerá la incertidumbre en asentamientos humanos irregulares, que continúan sin información sobre lo que ocurrirá con ellos.
“Requieren un manejo especial que debería estar dictado por una ley que regule el uso de suelo rural, ya que muchos de ellos se encuentran en terrenos destinados a actividades agrícolas, algo que se pudo contemplar en una norma especial, la regularización de servicios en algunos asentamientos, pero para eso necesitamos leyes y es algo que sigue sin ser claro”, afirmó.
Tanto organizaciones como vecinos advierten que estos rezagos en la normativa para guiar el proceso de consulta de nuevos proyectos de PGD y de PGOT puedan resultar en que se deje fuera de los diálogos a la sociedad civil y a los pueblos originarios.
Acompañada de Ruta Cívica y la Asociación Mexicana de Urbanistas, Quetzal Castro, representante de un grupo vecinal de la colonia Hipódromo, aseguró ante medios de comunicación que colectivos de vecinos han intentado dialogar con las autoridades para informar sus necesidades y expectativas para los planes de desarrollo, pero no han sido escuchados.
“Hemos tenido muchas reuniones, porque queremos que en las propuestas de las autoridades se contemple que somos una zona sísmica, que se tome en cuenta las características de la colonia, pero desgraciadamente no hay una respuesta positiva y solo nos dicen que tenemos que acatar cómo se contemplen las reglas generales para toda la ciudad, sin que se ponga atención a que hay espacios que requieren de consideraciones especiales”, reclamó.
Mónica Tapia alertó que la falta de atención a zonas de riesgo podría tener afectaciones ante eventos sísmicos, pero también a eventos relacionados con la falta de agua o inundaciones, que podrían agravarse por el crecimiento desordenado de la urbe en colonias céntricas y zonas consideradas de importancia ambiental.
La ruta para concretar los planes
La Constitución de la CDMX establece el marco institucional con la ruta para la regulación de la planeación y el ordenamiento territorial de la capital, que debe ser guiada por el IPDP, con la guía de su consejo técnico y ciudadano.
Sin embargo, desde hace dos semanas —tras la renuncia de Pablo Benlliure— el IPDP no cuenta con titular, y tampoco con un consejo ciudadano. Por ello, para Ruta Cívica y la Asociación Mexicana de Urbanistas, el primer paso es que el Congreso de la capital nombre al nuevo encargado de la institución y este facilite la integración de ciudadanos a la toma de decisiones.
Una vez que esto ocurra, Tapia indicó que esperan que las autoridades abran el diálogo con las asociaciones y grupos de vecinos para que tengan claridad sobre los proyectos que se someterán a consulta ciudadana, mismos que serán aprobados con retraso.
“Desde que se discutió la Constitución se hizo énfasis en que el Instituto de Planeación debía ser autónomo, para que no estuviera sujeto a intereses y voluntades políticas, sino a las necesidades de la ciudadanía; es por eso que insistimos en que se nos tome en cuenta para todas las decisiones que se tomen al respecto, que vayan más allá de los cambios de administraciones y las grillas entre partidos”, enfatizó la activista.
