MONTEVIDEO.- Punta Ballena ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos meses en Uruguay, producto de un proyecto urbanístico que planea construir edificios en una zona que hoy es usada para pasear, practicar deportes o simplemente observar atardeceres. Se trata de un terreno privado pero que, en los hechos, es de uso público.

No obstante, en los últimos días el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, comentó en diálogo con El País que se había reunido con representantes de Triple Impacto, una empresa con visión ambientalista que mostró interés en comprar los terrenos de la discordia para mantener la zona como área protegida.

De momento, el proyecto urbanístico de los dueños de las tierras está siendo analizado por el Ministerio de Ambiente y el precio por el que pondrían a la venta sus parcelas depende de si reciben o no el aval para construir.

Pero Maximiliano Cañas, fundador de Triple Impacto, contó que desde su empresa ya tuvieron los primeros contactos con los dueños de las tierras y es cuestión de meses ver cómo avanzan las negociaciones.

¿Qué es Triple Impacto?

Cañas hizo énfasis en que Triple Impacto no es una organización sin fines de lucro sino que se trata de una empresa especializada en la compra de terrenos explotados o próximos a explotar para preservarlos o incluso regenerar su biodiversidad. Ello a través de la tecnología de blockchain, que permite a filántropos, empresas o simplemente ciudadanos con dinero e interés en la preservación de la naturaleza, acceder a parcelas virtuales. Con ese dinero, Triple Impacto compra las áreas en cuestión y, según dijo su fundador, garantiza “preservar tierras a perpetuidad”.

“Utilizamos la tecnología para descentralizar las tierras; virtualmente las segmentamos en parcelas digitales”, dijo. Quien adquiere una o varias parcelas accede a beneficios exclusivos como la visualización de fotos y videos del terreno, información de biólogos sobre el lugar, y ocasionalmente visitas presenciales para actividades de ecoturismo.

En Uruguay, la firma está asesorada legalmente por Cecilia Amieva y Álvaro Xavier de Mello, de la firma Ecija. Y en Uruguay, precisamente, Cañas contó que Triple Impacto ya es propietaria de la isla Román Grande, perteneciente al departamento de Río Negro, sobre el Río Uruguay, cerca del Parque Nacional Esteros de Ferrapos. La primera prueba, en cambio, fue en Argentina, en un terreno de 170 hectáreas ubicado en la provincia de San Luis, donde el dueño anterior, originalmente, iba a construir un barrio privado.

El plan maestro de la firma es tener “15.000 hectáreas en los próximos tres años”. “Lo de Punta Ballena no estaba en el máster plan”, dijo Cañas, que aseguró que esta movida inició apenas meses atrás, luego del rechazo de parte de la sociedad civil al proyecto urbanístico de los propietarios de las tierras.

Sin embargo, en este caso no se optaría por lo que normalmente hace Triple Impacto, que es quedarse con el terreno para mantenerlo como reserva natural y brindar beneficios a los compradores de parcelas. El objetivo sería “recaudar el dinero para comprarlo y en el mismo acto donarlo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)”, lo que motivó la reunión con el subsecretario de Ambiente.

Se trata de una “ecuación filantrópica”, dijo Cañas. “Punta Ballena es un lugar icónico para toda la población”, apuntó; “la gente no quiere que se construyan esas torres porque se pierden un montón de beneficios naturales”. Según alegó Cañas, “Amarilla dijo que el SNAP se podría hacer cargo del plan de conservación.

El proyecto urbanístico

El proyecto de Triple Impacto trasciende después de que hubiera varias protestas contra un proyecto que comprende unas nueve hectáreas de terreno, con 29 edificios que tendrán un total de 320 departamentos.

El “Complejo Residencial Punta Ballena” es un proyecto presentado por un grupo de inversionistas que lidera el empresario argentino Delfín Ezequiel Carballo, que hasta principios de año presidía el Banco Macro.

El proyecto llega con un fuerte apoyo político porque fue consecuencia de una negociación de privados con los gobiernos del Frente Amplio y del Partido Nacional en el departamento de Maldonado, zona este del Uruguay. Esa negociación debió ser ratificada por el legislativo municipal.

Pero ahora que está en la etapa de autorizaciones ambientales, vecinos de Punta Ballena y militantes de diversas organizaciones promovieron una campaña para frenar la construcción.