Solo una persona puede negarle al estudiante de Florida cientos de libros | Opinión

En las últimas semanas se han regado por internet imágenes de libreros vacíos en aulas de clase en Florida.

En las escuelas de Manatee y Duval, los administradores y profesores, motivados por leyes nuevas sin parámetros claros sobre cuáles libros son apropiados en las escuelas, han decidido eliminar por completo los libros.

En medio de este caos, son los estudiantes los que pagan el precio. En al menos un caso, incluso han llorado por ello.

Estos sucesos son la culminación de un movimiento para prohibir libros que se ha esparcido por Florida desde el 2021. Lo más increíble, sin embargo, es cómo esto lo ha propulsado una minoría vocal que ha logrado un impacto descomunal en la disponibilidad de estos libros.

Estos autodenominados “censores” han desarrollado una serie de tácticas: han radicado objeciones a decenas de libros a la vez, han leído libros de forma provocativa en las reuniones de las juntas escolares y han enviado correos electrónicos a funcionarios escolares con exigencias de censura.

La presión por prohibir, restringir o minar el acceso estudiantil a los libros ha funcionado: 156 libros fueron retirados de los estantes por algunos meses en Indian River; 110 libros fueron etiquetados con advertencias por ocho meses en Collier County; y más de 100 libros han sido trasladados a cuartos escondidos en Escambia, requiriéndoles a los padres que llenen una hoja de permiso para que los estudiantes puedan leerlos.

La fuerza motora en todos estos casos no ha sido la denuncia absoluta del público; sino, de ciertos individuos o de grupos pequeños. A veces es un padre o una madre o un profesor; en otras, es algún ciudadano que se ha sentido convocado o inspirado a asumir esta causa.

Muchos son líderes de grupos activistas que están decididos a reprimir la información y las ideas en las escuelas, como Moms For Liberty, Florida Citizens Alliance o County Citizens Defending Freedom.

En Clay County, por ejemplo, una persona (que también lidera el capítulo estatal del grupo ‘No Left Turn in Education’) lanzó una cruzada contra los libros en las bibliotecas escolares. Ha presentado cientos de quejas y ha amenazado con presentar miles más.

El distrito tiene una política de retirar los libros para los cuales se sometan quejas e incluso les han dicho a los especialistas de medios que sencillamente descarten algunos de los títulos en cuestión. Como resultado, esta única persona ha logrado que más de 200 títulos se prohíban de forma temporal o permanente.

Los proponentes de la retirada de libros podrían pensar que las madres y los padres de Clay apoyan estos esfuerzos. Se equivocan. Este año escolar, los padres tuvieron la oportunidad de poner límites sobre cuáles libros sus hijos podían conseguir en las bibliotecas escolares; pero después del primer trimestre escolar, solo los padres de tres estudiantes de entre 30,000 en total decidieron hacerlo.

Eso no es evidencia alguna de que la mayoría de los padres y las madres no confían en el profesorado ni que están exigiendo que se restrinja qué pueden leer sus hijos.

Existen procesos de hace años para que las escuelas reciban y respondan a las peticiones para retirar materiales de las bibliotecas escolares. Esto usualmente implica formar comités de profesores, padres, madres y bibliotecarios que leen los libros en cuestión y asesoran a los líderes escolares en cuanto a si deben retirarlos o restringirlos.

No obstante, en la ola actual de prohibición de los libros, este proceso democrático a menudo se pasa por alto. El distrito de Clay County es uno de los que pone en cuarentena indefinida a los libros antes de que se lleve a cabo cualquier revisión seria.

En otros distritos, como Walton y St. John’s, los superintendentes han prohibido de forma unilateral una variedad de libros sin siquiera comenzar un proceso formal de un comité de revisión. En otras palabras, los libros se están prohibiendo porque una sola persona se quejó de ellos.

El otro factor que ha permitido que esto suceda es la hipérbole y la desinformación: reclamos falsos, exagerados o absurdos sobre el contenido de los libros. En Florida —y en todo el país— los partidarios de prohibir libros han inundado a las escuelas con quejas de que los personajes LGBTQ hacen que un libro sea “sexual” y que los libros con cualquier contenido sexual hacen que sean “pornográficos” u “obscenos”.

Han dicho que los libros que simplemente mencionan el racismo pueden ser dañinos y requieren restricciones, incluso si un libro simplemente incluye datos verificables u observaciones de figuras históricas citadas textualmente.

En vez de confiar en el profesorado, en los bibliotecarios o especialistas en medios, muchas escuelas simplemente han cedido, prohibiendo libros por los caprichos de un número reducido de personas, sin contar con las opiniones de la comunidad ni de los expertos y sin transparencia ni rendición de cuentas.

Las leyes educativas propuestas podrían fomentar estas tendencias. Con el cierre espontáneo de las bibliotecas escolares y de las aulas de clase, y a raíz de una directriz reciente a los especialistas en medios de que “es mejor prevenir que lamentar” a la hora de revisar estas colecciones inmensas, las condiciones son propicias para que la censura se extienda.

El profesorado y los especialistas en medios que no descarten excesiva y adecuadamente sus colecciones de libros se arriesgan a enfrentarse no solo a exigencias implacables de censura, sino que también podrían perder sus licencias o exponerse a que se les imputen cargos criminales.

A dos años de que comenzara el movimiento para prohibir libros, el poder de estos censores solitarios se ha fortalecido al punto en el que las escuelas y los educadores tienen mucho más que perder si alzan la voz por la libertad que deben tener los estudiantes a la hora de escoger qué leer, que si también se vuelven en agentes de la censura. Están siendo presionados para anteponer las preferencias ideológicas de un grupo selecto sobre los derechos de todos.

Es un panorama triste para el futuro de la educación pública de Florida. Y es una sentencia devastadora sobre el estado de nuestra democracia.

Jonathan Friedman es director de programas de libre expresión y educación en la organización de libertad de expresión llamada PEN America. Stephana Ferrell es cofundadora del Florida Freedom to Read Project.