Nicaragua cita a ocupantes de las viviendas decomisadas a desnacionalizados

Tegucigalpa, 2 mar (EFE).- La Procuraduría General de la República de Nicaragua informó este jueves que citó a las personas que viven en las propiedades decomisadas a 94 nicaragüenses desnacionalizados - entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli - "para formalizar con el Estado de Nicaragua su estatus ocupacional".

El citatorio está dirigido a las personas naturales o jurídicas que se encuentren en uso y goce de dichos bienes decomisados mediante diferentes figuras jurídicas, como arriendo, usufructo u otras similares, indicó el Procuraduría General, en su calidad de representante legal del Estado de Nicaragua, a través de una declaración.

Ramírez y Belli; el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez; la veterana defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, el periodista Carlos Fernando Chamorro, y el excomandante Luis Carrión, un antiguo compañero de armas del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, figuran en la lista de 94 nicaragüenses declarados apátridas y privados de sus bienes inmuebles por las autoridades judiciales de ese país el pasado 15 de febrero.

Entre los afectados también se encuentran la legendaria excomandante guerrillera Dora María Téllez, el exmiembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional tras la caída de la dictadura de los Somoza, Moisés Hassan, y el exvicecanciller sandinista disidente Víctor Hugo Tinoco.

Además el exsecretario de relaciones internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Julio López Campos; la excomandante guerrillera, historiadora y disidente sandinista Mónica Baltodano, y el exministro de Educación y sociólogo Humberto Belli, hermano de la escritora Belli.

En la lista figuran religiosos, diplomáticos, exfuncionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios, entre otros, a los que un Tribunal de Apelaciones de Managua los declaró "traidores a la patria" y ordenó el decomiso de sus bienes.

"Los terceros que se encuentren ocupando dichos inmuebles decomisados, deberán acudir a las oficinas de esta Procuraduría General de la República para formalizar con el Estado de Nicaragua su estatus ocupacional", ordenó esa institución, sin más detalles.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018 que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

(c) Agencia EFE