Ministro Carrancá admite controversia del Gobierno de Guanajuato para impugnar la reforma judicial

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite la controversia constitucional interpuesta por el Gobierno de Guanajuato para impugnar la reforma judicial. 

A través de la lista de notificaciones de la Corte, el ministro informó sobre la admisión de la demanda (286/2024) que fue promovida por el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, quien impugnó la reforma judicial justo antes de dejar su cargo.

De esta forma, Guanajuato se convirtió en la primera entidad en presentar una controversia constitucional para impugnar la reforma judicial y para combatir una reforma a la Constitución Federal. 

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Ministro deberá elaborar un proyecto de sentencia sobre controversia

Ahora, el ministro Alcántara Carrancá deberá solicitar al Congreso de la Unión (Cámaras de Diputados y Senadores), al Poder Ejecutivo Federal (liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum), así como a las legislaturas estatales que aprobaron el decreto de reforma -que también forman parte de las autoridades demandadas en este juicio- para que rindan sus informes previos y con ello defiendan la promulgación de la reforma judicial.

En tanto, el ministro deberá elaborar un proyecto de sentencia sobre el asunto para que pueda ser analizado y votado por el Pleno de la Suprema Corte en los próximos meses. 

Para que el proyecto sea aprobado se requiere de una mayoría calificada de ochos votos a favor, pues se trata de una controversia constitucional tradicional. Sin embargo, si la Corte llega a declarar que puede pronunciarse sobre una reforma constitucional ésta solo tendría efectos para Guanajuato. 

Una controversia constitucional es un juicio mediante el cual la Corte resuelve un conflicto cuando uno de los Poderes (de la Unión o estatales), órganos autónomos o niveles de gobierno consideran que una norma, acto u omisión invaden su esfera de competencia, vulnerando el orden constitucional. 

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En la admisión de la controversia, el ministro Carrancá no ordenó una suspensión, lo que significa que el Gobierno de Guanajuato no solicitó esta medida cautelar y por ende no se frena la implementación de la reforma judicial temporalmente en esta entidad.