Miami Beach estudia prohibir que indigentes duerman al aire libre

Las autoridades de Miami Beach estudian nuevas medidas destinadas a limitar la presencia de indigentes en lugares públicos, incluida una ordenanza que somete a arresto a las personas que duerman al aire libre si no aceptan ser alojadas en un albergue.

Durante meses, la ciudad ha estado lidiando con la forma de adoptar un enfoque de aplicación de la ley más agresivo hacia los indigentes en medio de un aumento de la población de desamparados en la ciudad y las quejas de los habitantes.

En una reunión de la Comisión municipal el miércoles, en cuyo orden del día figuraban numerosas propuestas, funcionarios electos encargaron a la oficina del abogado municipal que elaborara un proyecto de ordenanza que refleje una ordenanza en Orlando: una ley de “no acampar” que prohíbe dormir al aire libre en público en la mayoría de los casos y que fue confirmada en 2000 por el Tribunal Federal de Apelaciones del 11no Circuito.

Está previsto que la propuesta se someta a votación en la próxima reunión de la Comisión, en septiembre.

“Tenemos que hacer cumplir la ley, y tiene que ser más enérgica”, dijo Steven Meiner, comisionado de la ciudad, durante la reunión del miércoles. “Tanto como podamos forzar los límites, hagámoslo”.

La población de desamparados en Miami Beach era de 235 en enero, según el conteo más reciente realizado por el Miami-Dade County Homeless Trust, un aumento en comparación con 167 en agosto de 2022, y y el más elevado de la ciudad en más de una década. En Miami se contabilizaron 608 desamparados. Estas cifras tienen en cuenta a las personas que viven en la calle fuera de los albergues.

Estas cifras palidecen en comparación con las de ciudades como San Francisco, que el año pasado reportó más de 7,700 indigentes. Pero el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, y otros funcionarios municipales han señalado a San Francisco y otras ciudades costeras como ejemplos de lo que esperan evitar.

La comisionada Kristen Rosen González, quien ha pedido el uso de agentes de policía de reserva o guardias de seguridad privados armados para patrullar las zonas con altas concentraciones de desamparados, dijo que las anécdotas que ha escuchado de los habitantes sobre los indigentes en Miami Beach —como un hombre masturbándose y una pareja teniendo relaciones sexuales delante de niños en Collins Park— le hacen creer que se necesitan más medidas.

“No podemos seguir coexistiendo sin esta [ordenanza]”, dijo Rosen González. “Estoy a favor de todo”.

Miami Beach ya tiene prohibido acampar al aire libre en la ciudad. Pero la ordenanza en vigor expresa que la Policía debe dar a la gente una advertencia con la oportunidad de reubicarse antes de hacer un arresto, que puede resultar en hasta 60 días de cárcel y una multa de $500.

La ordenanza vigente también establece que se debe dar a las personas la oportunidad de entrar en un albergue para indigentes y que, si no hay camas disponibles, no; las pueden arrestar.

La disponibilidad de refugios fue clave en la decisión de mantener la ordenanza de Orlando por el 11no Circuito, que señaló que un refugio en el centro de Orlando estaba abierto a todas horas y nunca había alcanzado su capacidad.

“A final, si no hay refugios disponibles, resulta muy difícil ocuparse de los indigentes”, dijo Gelber.

¿Un enfoque ‘compasivo’?

El comisionado Alex Fernández enmarcó la propuesta calificándola de “compasiva”, diciendo que permitir que la gente duerma al aire libre supone un riesgo para la seguridad pública de los indigentes porque son “vulnerables a la intemperie”.

Pero los activistas a favor de los indigentes han cuestionado la idea de que obligar temporalmente a las personas sin hogar a abandonar la calle sea el planteamiento más eficaz o compasivo.

Stephen Schnably, profesor de Derecho de la Universidad de Miami y abogado colaborador de la ACLU que trabajó en el histórico caso Pottinger, que abordó el problema de los desamparados en Miami, dijo que hay muchas razones por las que un indigente quizá no quiera aceptar irse a un albergue.

Por una parte, dijo, los refugios solo permiten a las personas alojarse temporalmente, muchas veces solo 24 horas, y no siempre permiten a la gente llevar todas sus pertenencias.

Schnably también señaló que no hay refugios para indigentes en Miami Beach, lo que significa que las personas se verían potencialmente obligadas a abandonar una ciudad donde han vivido.

“En realidad, se está usando el poder del arresto para obligar a la gente a elegir entre la cárcel o el exilio”, dijo Schnably. “Equivale a decir que no puedes ser un indigente Miami Beach”.

En el caso Pottinger, que impidió a la Policía de Miami arrestar a desamparados por actividades “vitales” hasta que un decreto de consentimiento finalizara en 2019, la Policía estaba obligada a ofrecer refugio antes de realizar un arresto, dijo Schnably.

Miami Beach tiene un acuerdo con Camillus House en Miami para 12 camas de refugio designadas.

A fines del año pasado, la ciudad reforzó la aplicación de la ley por parte de los guardaparques en Collins Park y otras áreas donde los indigentes tienden a congregarse. En una nota de febrero, la administradora municipal Alina Hudak afirmó que la iniciativa se había saldado con 13 colocaciones en refugios, 59 arrestos y 95 advertencias de allanamiento.

La ciudad también emplea a un equipo de fiscales municipales que se enfoca en delitos de “calidad de vida”, como beber alcohol en público y entrar a un parque fuera de horario. En 2019, el Miami Herald descubrió que dos tercios de los casos del equipo involucraban a desamparados. El programa se ha ampliado en los años posteriores.

Los comisionados municipales incluyeron otras propuestas en la agenda del miércoles, incluida la prohibición de acostarse en Lincoln Road, el uso de botes y contenedores de basura asegurados para evitar el hurto y la represión del merodeo cerca de las entradas a la playa. En 2020, la ciudad cerró las fuentes en Lincoln Road porque se veía a indigentes bañándose en ellas.

Pero los abogados municipales dijeron que la mejor manera de lograr los objetivos de los funcionarios, evitando al mismo tiempo un desafío legal, sería probablemente reflejar la ordenanza de Orlando, dado que fue confirmada por un tribunal de apelaciones y pudiera aplicarse en toda la ciudad.

Invertir en vivienda

Además de su discusión sobre las medidas de aplicación de la ley el miércoles, los comisionados pidieron una elección especial en noviembre de 2024 para imponer un gravamen del 1% sobre las ventas de alimentos y bebidas para ayudar a financiar el Homeless Trust del condado y los centros contra la violencia doméstica.

“Tenemos que proporcionar la financiación necesaria, en primer lugar para la vivienda”, dijo el comisionado de Miami Beach Ricky Arriola. “No se puede curar la falta de vivienda sin proporcionar vivienda”.

El impuesto a las ventas, que la Legislatura de la Florida creó en 1993, se recauda en los restaurantes de las ciudades de Miami-Dade, excepto las que ya tienen un impuesto turístico: Miami Beach, Surfside y Bal Harbour. En 2021, los electores de Miami Beach mostraron su apoyo a la imposición del gravamen adicional en un referendo, pero la Legislatura no modificó sus leyes para permitirlo hasta principios de este año.

Si los electores aprueban un referendo de nuevo el próximo año, los comisionados de Miami-Dade tendrían que aceptar el impuesto.

Funcionarios de Miami Beach han tenido conversaciones en los últimos meses con Ron Book, un cabildero de Tallahassee y presidente de Miami-Dade Homeless Trust, ya que Book pidió dinero de la ciudad para apoyar los nuevos esfuerzos de vivienda permanente que el Trust está llevando a cabo.

Hasta la fecha, la ciudad se ha comprometido a aportar $1 millón y ha estado negociando con el Homeless Trust las condiciones de $1 millón adicional que financiaría 45 viviendas permanentes y 10 camas de refugio para los indigentes de Miami Beach en lugares fuera de la ciudad.

Miami Beach ha avanzado poco en la construcción de viviendas asequibles en la última década, mientras que el costo de la vivienda se ha disparado en este centro turístico. El alquiler promedio de un apartamento de un dormitorio en la ciudad es $2,600, según el portal inmobiliario Zumper.

“La solución a este problema, a largo plazo, es más viviendas asequibles”, dijo Schnably.