A medida que se acercan las elecciones intermedias, una regla electoral supone un dilema para las investigaciones sobre Trump

WASHINGTON — Ahora que las elecciones intermedias se aproximan, los altos funcionarios del Departamento de Justicia sopesan si deben reducir de manera temporal el trabajo en las investigaciones penales relacionadas con el expresidente Donald Trump debido a una regla no escrita que prohíbe las acciones evidentes que pudieran influir de manera indebida en el voto, según personas que conocen las conversaciones que se han dado a este respecto.

Conforme a lo que se conoce como la regla de los 60 días, por tradición, el departamento evita tomar medidas previas a las elecciones que pudieran influir en el voto de la gente, por precaución de que tales actos puedan interpretarse como un abuso de su poder para manipular la democracia estadounidense.

Trump, quien no está en la boleta electoral, pero ejerce una enorme influencia en el Partido Republicano, supone un dilema muy especial para el fiscal general Merrick Garland, cuyo departamento está llevando a cabo dos investigaciones relacionadas con el expresidente. Entre ellas, se encuentra la extensa investigación sobre el disturbio del 6 de enero de 2021 y su esfuerzo relacionado para anular las elecciones de 2020, además de otra sobre la retención de documentos gubernamentales clasificados en su club y residencia de Florida.

Un vocero del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. Pero a medida que el plazo de 60 días se acerca a su fin esta semana, la situación tan inusual no proporciona salidas fáciles, comentó Jack Goldsmith, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard y exjefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia.

“Es una regla no escrita cuyos alcances son inciertos, por lo que no está del todo claro que incluya adoptar medidas de investigación contra un expresidente que no es candidato y que, sin embargo, está muy involucrado en las elecciones de noviembre”, dijo Goldsmith. “Pero el propósito de esta norma de evitar cualquier impacto significativo en unas elecciones parece implícito”.

A pesar de su nombre, la regla de los 60 días es un principio general más que una ley o un reglamento escrito. Sus alcances y sus límites no están definidos. El Departamento de Justicia tiene algunas políticas y directrices formales relacionadas con la norma, pero no ayudan mucho para determinar cómo debe aplicarse a la situación actual.

El manual del departamento prohíbe seleccionar de manera deliberada el momento de cualquier acción oficial “con el propósito de afectar unas elecciones” o de ayudar o perjudicar intencionalmente a un candidato o partido específico. Es mucho más vaga en cuanto a las medidas que no se interpretarían de esa manera, pero que podrían dar esta percepción; en tal caso, se lee, los funcionarios deberán consultar la sección de integridad pública del departamento.

En los recientes ciclos de elecciones presidenciales, los fiscales generales también han emitido memorandos escritos que recuerdan a los fiscales y agentes que deben adherirse a la política del departamento en estos temas sensibles. En 2020, el fiscal general William Barr necesitó una aprobación de alto nivel para que se abrieran las investigaciones de candidatos que contendían para ciertos puestos.

En mayo, Garland reiteró el edicto de Barr en un memorando emitido durante un ciclo de elecciones intermedias. Pero ninguna de estas medidas prohíbe de manera específica emitir acusaciones formales contra candidatos políticos o tomar medidas de investigación o procesales que pudieran afectar una elección 60 días antes del día de la votación.

Un informe de 2018 del inspector general independiente del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, explica algunas ideas poco conocidas sobre la regla de los 60 días. El documento analizaba las decisiones que el exdirector del FBI James Comey tomó menos de dos semanas antes de las elecciones de 2016, cuando determinó desviarse de la práctica al reabrir una investigación sobre el uso que dio Hillary Rodham Clinton a un servidor de correo electrónico privado e informar al Congreso sobre dicha investigación. Muchos creen que las acciones de Comey contribuyeron a su derrota tan cerrada.

Una sección del informe de 2018 menciona entrevistas con exfuncionarios de alto nivel del Departamento de Justicia y del FBI que reconocieron que la regla de los 60 días era una práctica no escrita que regulaba las decisiones del departamento (no se sabe cuándo ni cómo se convirtió en una norma reconocida).

Por lo general, la regla es muy clara. Por ejemplo, si los fiscales creen que un candidato cometió un delito y es posible retrasar su acusación, deben esperar hasta que hayan pasado las elecciones para hacerlo.

Pero las complejidades de las investigaciones que implican a Trump están poniendo a prueba los límites de dicha práctica. No está claro si la regla de los 60 días aplica a una figura política de alto perfil que no figura en las boletas de las próximas elecciones.

Normalmente, la regla no aplicaría, pero Trump, quien ha sugerido que podría contender de nuevo a la presidencia en 2024, es, en la práctica, la cara del Partido Republicano, su imagen y su destino están estrechamente ligados a los de muchos candidatos al Congreso de su partido que siguen apoyándolo.

Tampoco se sabe si la regla de los 60 días incluye medidas de investigación que ocurran fuera de la mirada pública, pero que puedan llegar a conocerse de cualquier manera, como ejecutar una orden de allanamiento o emitir un citatorio judicial.

Aunque el gobierno no suele tener permitido hacer públicas ciertas medidas y detalles de una investigación salvo y hasta que haya una acusación, los testigos y las personas bajo escrutinio —y sus abogados— están en libertad de divulgarlos. El mes pasado, Trump anunció que el FBI había llevado a cabo una búsqueda en su residencia de Mar-a-Lago y un documento judicial presentado por sus abogados decía que antes de eso había recibido citatorios del gran jurado.

Rebecca Roiphe, profesora de Ética Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York y exfiscal de Manhattan, comentó que teniendo en cuenta los parámetros vagos de la regla de los 60 días, es probable que los funcionarios del Departamento de Justicia la interpreten teniendo en cuenta su propósito primario, que es “proyectar legitimidad” al mantener la división entre la política y las investigaciones.

Conforme a esa norma, la profesora predijo que Garland decidiría que la regla debe aplicarse a las investigaciones que hay contra Trump durante las elecciones intermedias. Pero no hay tanta claridad sobre hasta qué punto, comentó.

En las últimas semanas, Garland ha sido muy cauteloso ante las acusaciones de politización. El martes, endureció las restricciones a las actividades partidistas de los funcionarios políticos del departamento, al prohibirles asistir a cualquier acto de campaña, incluidas las fiestas para ver regresar al candidato el día de las elecciones cuando los candidatos sean miembros de sus familias.

En este contexto, Roiphe comentó que ella creía que Garland instruiría a los investigadores que retrasaran todas las acciones que pudieran en las investigaciones relacionadas con Trump, para que no pareciera que el departamento estaba intensificando una investigación penal que parece apuntar al expresidente mientras la gente decide cómo votar.

“Me parece que van a optar por la cautela en esto, pero no lo sé”, comentó y agregó: “Lo que de verdad no quieren es que alguien pueda filtrar alguna información a Fox News y que entonces se afirme: ‘Esto es prueba de que el Departamento de Justicia está corrompido por la política’”.

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