Matan a dos candidatos en un día; suman 25 aspirantes asesinados en el proceso electoral

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Dos candidatos que contendían por alcaldías en diferentes estados de la República fueron asesinados en un mismo día, este 19 de abril, sumando ya 25 homicidios en contra de personas que buscaban un cargo de elección popular durante el proceso electoral 2023-2024.

Noé Ramos, aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de El Mante, Tamaulipas, y Alberto Antonio García, candidato de Morena para la alcaldía de San José Independencia, Oaxaca, se convirtieron en las víctimas 24 y 25, respectivamente, de la violencia electoral que ha afectado a los siete partidos políticos con registro nacional.

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De los 25 homicidios, 10 de estos crímenes se han cometido en contra de políticos del partido de Morena; 5 del PAN; 4 contra el PRI; 3 de Movimiento Ciudadano, 1 del PRD; 1 del Partido del Trabajo y uno más contra el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Los estados que han reportado más asesinatos en este proceso electoral son: Guerrero, Michoacán, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y el Estado de México.

El asesinato de Noé Ramos, el candidato que buscaba reelección en Tamaulipas

Edgar Noé Ramos Ferretiz, candidato del PAN para la alcaldía de Mante, Tamaulipas, fue asesinado la tarde del viernes 19 de abril mientras realizaba actos de campaña en la colonia Azucarera.

El aspirante, exdirector de Bienestar Social en la administración de Mateo Vázquez Ontiveros, buscaba la reelección a la presidencia municipal por la coalición Fuerza y Corazón de México.

Tras el homicidio, el gobernador Américo Villarreal lamentó los hechos violentos contra Ramos y solicitó a la ciudadanía brindar información sobre el probable responsable. Además, dijo que se puso en marcha un operativo.

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional exigió al gobierno de Tamaulipas actuar sin demora y capturar a los responsables del asesinato de Noé Ramos.

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Noé Ramos buscaba la reelección por la alcaldía de El Mante, Tamaulipas. Foto: Especial.

Alberto Antonio García, el aspirante municipal de Morena en Oaxaca que fue privado de su libertad y asesinado

El 17 de abril fueron vistos por última vez Alberto Antonio García, candidato a la presidencia municipal de San José Independencia, Oaxaca, y su esposa Agar Cancino Gómez, actual alcaldesa del mismo ayuntamiento.

Dos días después, el 19 de abril, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la localización del matrimonio de políticos en una isla conocida como Cerro Arena, perteneciente a la localidad de Viejo Soyaltepec.

Agar Cancino Gómez fue localizada con vida, sin embargo, el candidato morenista fue encontrado muerto.

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El candidato a la presidencia municipal de San José Independencia, Oaxaca, Alberto Antonio García, fue encontrado sin vida. Foto: X

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) condenó el asesinato del candidato Alberto Antonio García, así como los hechos violentos contra la presidenta municipal.

Asimismo, exigieron que se aplique la ley a quien o quienes resulten responsables de lo sucedido.

Gobierno federal no registró a 8 asesinatos de aspirantes durante proceso electoral

El gobierno federal omitió el asesinato de ocho candidatos durante el proceso electoral 2023-2024: Los homicidios de dos activistas trans, tres exalcaldes, dos exregidores y un exdirigente priista.

De acuerdo con el conteo de la administración federal, solo se tenía el registro de 15 personas asesinadas. Sin embargo, el informe “Votar entre Balas“, elaborado por Animal Político, Data Cívica y México Evalúa mostró que desde el comienzo formal del proceso electoral -en septiembre del año pasado- 23 aspirantes, precandidatos y candidatos han sido víctimas de homicidio.

A dicha cifra se le deben sumar los asesinatos de los candidatos Noé Ramos, del PAN en Tamaulipas, y Alberto Antonio García, aspirante municipal de Morena en Oaxaca, registrados este viernes 19 de abril, dando un total de 25 homicidios.

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El registro de datos, presentados en Palacio Nacional por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), inicia a partir del 21 de diciembre de 2023 con el asesinato de Ricardo Taja Ramírez, quien aspiraba a una diputación federal por Morena.

Antes de esa fecha, cuatro aspirantes a cargos de elección popular ya habían sido asesinados.

Los 25 aspirantes asesinados durante las elecciones

William Monje Morales, político de Movimiento Ciudadano, fue asesinado el 11 de octubre de 2023, un mes después del inicio formal y legal del proceso electoral de 2023. Él aspiraba a la candidatura para competir por la presidencia municipal de Gutiérrez Zamora, Veracruz.

El segundo homicidio se registró al siguiente día -el 12 de octubre- en Salvatierra, Guanajuato: Alejandro Lanuza Hernández, aspirante del PAN a la presidencia municipal fue asesinado.

El 28 de octubre fue asesinado Miguel Ángel Cruz Robles, quien había declarado su intención de ser candidato de Morena a la alcaldía de Villa del Carbón, Estado de México.

El 24 de noviembre, cuando ya habían comenzado las precampañas federales y locales en la mayor parte del país, se registró el asesinato de Jaime Damaso Solís, panista que buscaba convertirse en el presidente municipal de Zitlala, Guerrero.

Casi un mes después, el 21 de diciembre, se asesinó también en Guerrero al morenista Ricardo Taja Ramírez. Él aspiraba a la candidatura de su partido en el Ayuntamiento de Acapulco.

Asesinatos de aspirantes registrados en 2024

En 2024, los homicidios registrados en contra de aspirantes han ido en aumento y hasta el 19 de abril han ocurrido 25 asesinatos.

El 4 de enero fue asesinado Alfredo Giovanni Lezama Rivera, regidor del PAN a la alcaldía de Cuautla, Morelos.

Un día después se registró el homicidio de David Rey González Moreno, quien pretendía la alcaldía de Suchiate, Chiapas y también fue ultimado Sergio Hueso, aspirante de Movimiento Ciudadano al ayuntamiento de Armería, Colima.

Miriam Nohemí Ríos, activista del movimiento LGBTTTI, fue asesinada el 11 de enero. Ella era comisionada de Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán e iba a participar en la planilla de regidoras de MC en el municipio.

Tres días después -el 14 de enero- se registró el homicidio de la activista trans Samantha Fonseca, luego de acudir a una visita en el Reclusorio Sur, en Xochimilco, Ciudad de México. La morenista había expresado que buscaría una candidatura al Senado.

En Chilapa, Guerrero, sucedió un doble homicidio el 25 de enero: Asesinaron al exalcalde de Atlixtac, Marcelino Ruiz Esteban, quien buscaba competir nuevamente por la presidencia municipal, y a su esposa y consejera del PRD en Chilapa, Guadalupe Guzmán.

Durante los primeros días de febrero ocurrieron tres asesinatos: Jaime Vera, aspirante del Partido Verde al ayuntamiento de Mascota, Jalisco; Yair Martín Romero, aspirante de Morena a diputado federal en Ecatepec, Estado de México y Manuel Hernández, aspirante a diputado local por el distrito de Misantla, Veracruz.

El 26 de febrero fueron ultimados Miguel Ángel Reyes Zavala, de Morena, y Armando Pérez Luna, del PAN. Los eran dos precandidatos a la presidencia municipal de Maravatío, Michoacán.

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Dos precandidatos de Michoacán fueron asesinados. Foto: Cuartoscuro

Durante marzo se registraron cinco homicidios en hechos separados: El 3 de marzo fue asesinado Alfredo González Díaz, aspirante del PT a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, Guerrero; Tomás Morales, aspirante de Morena a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, fue ultimado el 13 de marzo.

También fueron asesinados el priista Diego Pérez Méndez, quien buscaba el ayuntamiento de San Juan Cancuc, Chiapas; Humberto Amezcua Bautista, aspirante del PRI a la presidencia municipal de Pihuamo, Jalisco, y Jaime González Pérez, morenista que buscaba competir por la alcaldía de Acatzingo, Puebla.

El poblano Jaime González Pérez, asesinado el 23 de marzo, fue el primer candidato ya registrado como tal, pues los anteriores eran aspirantes o precandidatos.

El lunes 1° de abril se registró el homicidio de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato. Ella fue asesinada a tiros tras un acto proselitista en su segundo día de campaña.

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Familiares y amigos dieron el último adiós en una misa de cuerpo presente de la candidata Gisela Gaytán. Foto: Cuartoscuro.

Ocho días después -el 9 de abril- fue asesinado a balazos Julián Bautista, exalcalde y candidato del PRI a presidente municipal de Amatenango del Valle, Chiapas.

Este 19 de abril ocurrieron dos homicidios: En Tamaulipas fue ultimado el candidato del PAN, Noé Ramos, quien buscaba la reelección a la alcaldía de la ciudad de El Mante. En Oaxaca, el aspirante morenista para la presidencia municipal de San José Independencia y esposo de la actual alcaldesa, Alberto Antonio García, fue encontrado muerto tras reportarse su desaparición.

¿Cómo afecta la violencia electoral?

El informe Votar entre Balas, elaborado por Animal Político, Data Cívica y México Evalúa, señala que el asesinato de aspirantes y candidatos es la cara más visible de la violencia político-criminal, pero no es la única.

El asedio del crimen organizado repercute en la integridad del proceso electoral, en la sustitución de funcionarios de casilla el día de las elecciones, así como en la participación ciudadana y en la competencia política.

De acuerdo con el estudio “Democracia vulnerada: el crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México”, este tipo de violencia en México sí afecta a los partidos y aspirantes, quienes son los directamente involucrados en el proceso electoral, pero también tiene afectaciones sobre la participación política de las personas al vulnerar su derecho fundamental a la democracia.

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La violencia político-criminal afecta a la participación ciudadana, según estudio realizado por Animal Político, Data Cívica y México Evalúa. Foto: Cuartoscuro

El estudio, presentado como parte del proyecto “Votar entre balas: entendiendo la violencia político-criminal en México”, señala que, con el detrimento de la participación de los ciudadanos en las elecciones, se afianza el vínculo entre crimen y autoridades.

Los hallazgos de la investigación indican que, además de buscar incidir en las elecciones, el crimen organizado captura el aparato estatal.

“Nuestros análisis muestran que nuestra atención y preocupación por este tipo de ataques deben ir más allá de los procesos electorales”, señala el estudio.

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