La fiscal Florencia Gómez, que lleva adelante la acusación contra el productor y empresario Ricardo Adolfo La Regina, pidió oficialmente una pena de cuatro años de prisión y una indemnización de 518.000 dólares por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “daño agravado” y crueldad animal en calidad de delito continuado en tres hechos ocurridos en 2021 en la estancia La Perla, el campo propiedad de La Regina en Punta. La misma pena fue solicitada por Eduardo Hualpa, el abogado querellante.

El viernes, el Tribunal de Justicia de Chubut declaró a La Regina culpable de daño ambiental y maltrato animal en modalidad continuada. Sin embargo, el monto de la pena que decida el tribunal presidido por María Laura Martini y que completan los jueces Carlos Richeri y Eve Ponce se conocerá en los próximos días y se informará por escrito a las partes.

La defensa de La Regina, a cargo del abogado Federico Ruffa, solicitó una pena mínima de un año de prisión en suspenso, y argumentó que la indemnización no debería ser incluida en la condena, ya que el propio acusado había ofrecido en su momento realizar un resarcimiento económico que fue rechazado.

Gómez enfatizó la gravedad del daño en Punta Tombo: “Más de 40 centímetros de la capa superficial [fueron destruidos, lo que implica que los nidos afectados] han desaparecido para siempre”. La fiscal añadió que “murieron 200 reproductores adultos” en un acto de “crueldad inusitada y destrucción a la naturaleza inconmensurable”.

En cuanto al alambrado electrificado instalado en la zona, Gómez afirmó que estaba “a 20 centímetros del suelo”, lo que impedía que “los pingüinos y toda la fauna nativa pudieran trasladarse de un lado a otro”. Esto generó un impacto directo en las crías, ya que “los pichones que se encontraban en sus nidos no pudieron ser alimentados por los adultos”.

“No existe y no resiste ningún esfuerzo para la imaginación buscar una lógica por el actuar del imputado”, remarcó la fiscal, y agregó que la conducta fue “total y completamente planificada”. Gómez también señaló que el imputado no esperó a que “no existieran pingüinos o que no estuvieran los pichones en sus nidos” antes de iniciar la obra.

Concluyó con la petición de una pena de cuatro años de prisión para el imputado, además de la multa económica, y subrayó que “su terrible accionar jamás respondió a una situación de nerviosismo o un arrebato, sino que fue deliberado”.

Los hechos de 2021

El caso, que ha sido identificado como Carpeta Judicial N° 7629 y caratulado “Ministerio Público Fiscal s/investigación maltrato animal – Punta Tombo”, comenzó en 2021, cuando La Regina fue acusado de haber pasado con una topadora en cercanías de la reserva de Punta Tombo, una de las áreas más importantes para la reproducción del pingüino de Magallanes. La intervención, que incluyó la apertura de un camino con maquinaria pesada, destruyó al menos 61 nidos de pingüinos y causó la muerte de una gran cantidad de crías y huevos, en plena temporada reproductiva.

El fallo del tribunal declara a La Regina responsable de los delitos de daño agravado en modalidad de delito continuado, abarcando tres incidentes específicos que ocurrieron entre el 10 y el 14 de agosto, el 10 y el 14 de septiembre y entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021. Según el informe presentado por la organización Global Penguin Society, se estima que la acción de La Regina provocó la destrucción de 292 pichones y huevos. Pablo García Borboroglu, fundador de la organización, señaló que esta intervención sin autorización fue “una de las más destructivas y sin justificación en un ecosistema de importancia global”, resaltando que el impacto sobre la colonia podría ser irreversible.

La estancia La Perla, propiedad de La Regina, cuenta con un extenso historial en la región. Fundada en 1926 por Luigi La Regina, inmigrante italiano, esta propiedad fue en parte donada en 1968 para la creación de la reserva natural de Punta Tombo, en una iniciativa para conservar la fauna local. Sin embargo, tras el fallecimiento de su hijo, Luis Emilio La Regina, la estancia quedó dividida entre los herederos Alberto y Ricardo La Regina, lo que generó varias disputas internas. En 2007, Luis Emilio completó la donación de 12 hectáreas para consolidar la reserva. Con la administración de Ricardo en manos de su hijo, Ricardo Adolfo La Regina, se impulsaron nuevos proyectos, incluido un lote turístico, del cual se destinó parte de los fondos para adquirir la retroexcavadora que, según la acusación, se usó para destruir la colonia de pingüinos.

El tribunal valoró las pruebas, entre las que se destacan imágenes satelitales y fotografías del terreno. Las imágenes y huellas de la maquinaria evidencian que el camino fue trazado en el período de reproducción de los pingüinos, causando un daño irreversible en el hábitat de la especie.

Mientras que la defensa de La Regina sostiene que los trabajos realizados con la topadora tenían como único fin delimitar la propiedad para la cría de ganado, y niega que el daño haya afectado de manera permanente a los pingüinos adultos. Según el abogado Ruffa, las acusaciones son “estimaciones sin base científica de ONG ambientalistas con un interés político” y los videos y fotos virales son “irrelevantes para determinar el número exacto de ejemplares afectados”.

No obstante, el fallo del tribunal contradice los argumentos de la defensa y resalta el impacto grave en el ecosistema. El impacto del caso trasciende lo legal, debido a que la condena y la solicitud de protección ampliada a 500 hectáreas en la estancia La Perla podrían convertirse en un referente en la conservación de ecosistemas sensibles. José María Musmeci, presidente de la Fundación Patagonia Natural, declaró que “la expectativa está puesta en fortalecer herramientas de defensa para la biodiversidad, los ecosistemas y las áreas protegidas en toda la región”.

Mientras se espera la decisión final, este caso se ha convertido en una referencia nacional sobre la importancia de las acciones judiciales para proteger el ambiente y la fauna local. La fiscal Gómez, en su declaración, señaló que este hecho de “extrema crueldad y sin precedente contra la fauna local” tiene características de ecocidio y representa un desafío para la conservación a largo plazo en la región.