ROMA.- El gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni va a poner en práctica la mano dura que siempre ha prometido a sus electores para poner orden. Por ejemplo, será delito penal castigado con hasta dos años de cárcel cortar rutas o vías férreas, aunque sea de forma pacífica, algo frecuente en protestas sindicales o ecologistas y que hasta ahora acarreaba una sanción administrativa. También lo será resistirse pasivamente a un agente en la cárcel o en un centro de acogida de migrantes. Por todo ello, la oposición ya ha bautizado el decreto como “anti-Gandhi”.

Los extranjeros en situación irregular, además, tendrán más difícil acceder a un celular para estar en contacto con sus familias, porque se les pedirá el permiso de residencia para comprar una tarjeta telefónica, con la amenaza de cierre de hasta un mes para la tienda si no lo hace. Todo está en el decreto de seguridad, un gran paquete de medidas que crea hasta 20 nuevos delitos penales o agravantes y aumenta los años de cárcel. La norma ya fue aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de septiembre y solo queda que pase por el Senado, donde el gobierno quiere que tenga toda la prioridad.

El lunes y el miércoles de la semana pasada ya hubo manifestaciones de la oposición y de los sindicatos, que la consideran “liberticida” y “simple propaganda” de escaso efecto práctico, pero exhibición de una “furia ideológica”.

Desde el ámbito judicial se han alzado voces de una vehemencia insólita, como la de uno de los fiscales de Nápoles, Fabrizio Vanorio, miembro de la asociación progresista Magistratura Democrática, que dijo del decreto: “Prevé normas técnicamente fascistas. Si se aprueba, se volvería a un derecho penal autoritario similar al de los años de Mussolini o, por dar un ejemplo más moderno, el de la Hungría de [Viktor] Orbán”.

En todo caso, este tipo de medidas son las que el gobierno de ultraderecha cree que su electorado espera. Meloni agita así una de sus banderas más reconocibles, el orden y la seguridad. De hecho, casi la primera iniciativa legal con la que se estrenó en 2022, para dar una señal del camino a seguir, fue la llamada ley rave, que castigaba con penas de tres a seis años de cárcel a quien organizase fiestas musicales en lugares que no son de su propiedad, pues se suelen celebrar en descampados o naves abandonadas. Se abrió entonces la larga gestación de un gran decreto de seguridad que apretara las tuercas en todos los frentes que componen el catálogo de prioridades de la extrema derecha italiana. De las protestas, a los inmigrantes, el cannabis light o los okupas.

Además, símbolo de las reivindicaciones más extremas, en la tramitación se coló una de las viejas obsesiones de La Liga: la castración química para agresores sexuales. La formación populista de Matteo Salvini consiguió que se apruebe al menos la formación de una comisión técnica que estudie una posible propuesta para inhibir el impulso sexual de los condenados, mediante fármacos, siempre que lo acepten voluntariamente. Si es así, conllevaría una suspensión condicional de la pena. Es una medida que se aplica en Rusia, Polonia y algunos países escandinavos, pero cuya eficacia también está en discusión.

No es probable que esto pase de hablarse en una comisión, pero es prueba de los asuntos que La Liga introduce en el debate público y este simple paso ya fue celebrado por Salvini de este modo en redes sociales: “¡Victoria!”. Tienen otros en la lista. El último, recuperar el servicio militar obligatorio. La semana pasada hicieron dos propuestas parlamentarias.

Tanto el Partido Democrático (PD) como el resto de la oposición y varios juristas ya han asegurado que es inconstitucional y es anacrónico aplicar penas corporales. Es más, cuando La Liga, que lo proclama desde 2002, lo volvió a intentar en 2019 el actual ministro de Justicia, Carlo Nordio, un magistrado entonces fuera de la política, dijo que era un “retorno a la Edad Media”. Entonces ese viaje al pasado no se hizo. Ahora sí.

Criminalizar las protestas

Buena parte del decreto, la más polémica, se concentra en endurecer la ley afinando las penas en todo el ámbito de las manifestaciones de protesta. El primer sindicato italiano, CGIL, ha denunciado que “es una vergüenza introducir normas pensadas para castigar de forma indiscriminada a quien expresa su desacuerdo con el Gobierno o se manifiesta para defender un puesto de trabajo”. Participar en cortes de rutas o vías férreas puede suponer un mes de cárcel, pero si se hace en una movilización colectiva irá de seis meses a dos años. Pero esto es solo una parte.

También, pensando por ejemplo en las protestas que se han producido contra los trenes de alta velocidad o el puente del estrecho de Messina, el decreto introduce un agravante, que aumenta las penas hasta un tercio, si la violencia o las amenazas a un agente se realizan “con el fin de impedir la realización de una obra pública o una infraestructura estratégica”. Además se suben las penas, que ahora serán de un año y medio a seis años de cárcel, por el delito de daños durante una protesta si hay violencia a las personas o amenazas. Por otro lado, los agentes de policía podrán llevar armas sin licencia cuando estén fuera de servicio, como revólver, pistola o arma larga.

Pero la referencia a Gandhi también se debe a otra medida, el castigo de la “resistencia pasiva” como método de protesta en cárceles, pero también en centros de acogida de migrantes. Este último artículo establece penas de uno a cinco años de cárcel a quien “participa en una revuelta mediante actos de violencia o amenaza o resistencia a la ejecución de órdenes impartidas”, en grupos de tres o más personas. Y se subraya que “constituyen actos de resistencia también las conductas de resistencia pasiva”. Es una iniciativa que llega en medio de una gran tensión en las cárceles, donde se suceden las protestas por una situación de emergencia: son instalaciones decadentes, están saturadas (61.840 reclusos para 46.929 plazas), y en lo que va de año se han registrado 72 suicidios.

Embarazadas, a la cárcel

Por eso también se critica el aumento de delitos de cárcel, con un sistema que ya no da más de sí. Es más, el nuevo decreto acaba con la salvedad de que las mujeres embarazadas o con niños menores de un año no vayan a prisión. Cuando se apruebe, deberán ir a la cárcel. Es una más de varias medidas hechas pensando en la inmigración irregular. Esta en concreto está específicamente diseñada para mujeres carteristas que practican pequeños hurtos, a quienes esta excepción les permite ser detenidas una y otra vez sin más consecuencias. También estas personas son el objetivo declarado de otro nuevo agravante, que un delito se cometa “dentro o en las inmediaciones de una estación ferroviaria o de metro”, o dentro de los vagones. El metro y las estaciones de Roma o Milán se han convertido en un foco de delincuencia que aparece frecuentemente en los medios.

Los inmigrantes irregulares también son el objetivo explícito de otra medida ideada para complicarles la vida, en concreto, obstaculizar la posibilidad de comunicarse con sus familias: para vender una tarjeta telefónica SIM a un extranjero no comunitario deberá presentar el permiso de residencia. Si una tienda no lo hace, se arriesga a que le cierren el negocio de cinco días a un mes. Cáritas y otras organizaciones que trabajan con migrantes han mostrado su preocupación por una medida que juzgan “discriminatoria” y va a incidir “en el derecho a comunicarse con la propia familia”.

En cuanto a los okupas, el decreto prevé penas de dos a siete años de cárcel a quien ocupe un inmueble o impida el acceso al propietario, y esto incluye tanto viviendas como garajes, terrazas o patios. Se establece un procedimiento de urgencia para desalojar la propiedad y se hará de oficio si el dueño es una persona incapaz por edad o enfermedad.

Otro frente que ha despertado fuertes críticas es el que acaba con la legalización de 2016 del llamado cannabis light, con un porcentaje de THC, sustancia psicoactiva, inferior al 0,2%. El nuevo decreto lo equipara al resto de drogas. El problema es que en estos ocho años ha florecido un importante negocio en torno a este producto: hay 800 empresas que lo cultivan y 1500 se ocupan de su transformación. Facturan 500 millones y dan trabajo a 11.000 personas. Se supone que era un sector en expansión. Pero la Liga quería prohibir incluso el uso del dibujo de la hoja de marihuana para fines publicitarios, una propuesta que finalmente se ha caído del decreto.

Por Íñigo Domínguez