La fiscal estatal Katherine Fernández Rundle, bajo fuego

La fiscal estatal Katherine Fernández Rundle, durante mucho tiempo una figura de popularidad y triunfo político en Miami-Dade, está terminando el año en un terreno desconocido.

Durante gran parte de 2024, recibió acusaciones de que su oficina se había desviado de su deber y de que impartía una justicia desequilibrada. Un juez criticó a sus fiscales por imprudencia y posible mala conducta. El Colegio de Abogados de Florida abrió investigaciones sobre cuatro de sus fiscales. En Internet y en persona, miembros del tribunal ridiculizaron su oficina.

Siguiendo las pistas de las víctimas de delitos, sus familias y fuentes de la comunidad jurídica, el Miami Herald expuso el engaño, la mala conducta y la actuación policial deficiente en una selección de casos controversial. Cuando estos casos llegaron a la Fiscalía del Estado, los periodistas del Herald descubrieron que se había fallado a las víctimas.

Se desestimó el caso de una víctima de tráfico sexual cuando apareció muerta en un canal. Un rico navegante escapó de consecuencias graves durante dos años por la muerte de una adolescente. Las denuncias sobre la conducta indebida de un entrenador de gimnasia con niñas jóvenes fueron inicialmente desestimadas sin investigación. Una madre afligida cuyo hijo con problemas mentales fue asesinado a tiros por un policía fue condenada a un año de cárcel por infringir una orden de alejamiento presentada por el agente. Un asesino confesó y recibió inmunidad judicial, pero nadie se lo dijo a los padres de las víctimas.

Este vergonzoso capítulo para la Fiscalía Estatal de Miami-Dade se inició con la llamativa orden de un juez en marzo. La jueza de circuito Andrea Ricker Wolfson echó a dos fiscales estatales de un caso de nueva sentencia de pena de muerte por mala conducta.

“Fue el tipo de orden que llama la atención de todos en el sistema de justicia penal”, dijo al Herald uno de los principales jefes de Fernández Rundle, José Arrojo.

La orden fue seguida por críticas incesantes. Los abogados defensores se animaron.

“Ahora es el momento de que la fiscal estatal reconozca los fallos de su oficina”, declaró en marzo el capítulo de Miami de la Asociación de Abogados de Defensa Penal de Florida.

El mes siguiente, la organización estatal emitió su propia declaración, en la que afirmaba que “la Fiscalía Estatal de Miami-Dade ha perdido de vista sus obligaciones éticas hacia los ciudadanos del condado de Miami-Dade y su deber hacia el estado de derecho”.

En un blog judicial de Miami-Dade frecuentado por abogados defensores, jueces y fiscales, se lanzaron cientos de críticas, en su mayoría de forma anónima.

“La [Fiscalía del Estado] es una broma y sus prácticas de encubrimiento son criminales”, escribió un comentarista. Otro afirmó: “La [Fiscalía del Estado] es una vergüenza y es corrupta”.

En los documentos presentados ante el tribunal, los abogados también menospreciaron su cargo.

“La Fiscalía Estatal de Miami-Dade ha sido recientemente objeto de escrutinio por su cultura tóxica y las acciones éticamente cuestionables de ciertos fiscales de alto rango en el cumplimiento de su deber hacia los ciudadanos de Miami-Dade”, decía una moción en abril.

Fernández Rundle se negó a entrevistarse con los periodistas del Herald para hablar de los altibajos de este año y en su lugar las dirigió a Arrojo. Dijo que las críticas han sido injustas y señaló que los jueces no estaban de acuerdo con muchos de los casos que los abogados defensores de Miami señalaron como inapropiados.

“Si tomamos una o dos o tres personas, y un caso o dos o tres, y luego lo analizamos con una brocha muy, muy amplia, y decimos que esto es evidencia de un problema que afecta a toda la oficina desde hace muchos años”, dijo. “No creo que sea una representación precisa”.

Sin embargo, Arrojo, un experto en ética contratado por Fernández Rundle a principios de este año, dijo que el fiscal estatal está “evaluando con nuevos ojos cómo hemos estado haciendo las cosas”.

El resultado principal: los fiscales recibirán capacitación sobre cómo cumplir correctamente las leyes. La Fiscalía del Estado también ha ampliado la revisión de casos anteriores procesados por Michael Von Zamft, el abogado litigante principal al que Wolfson desplazó del caso.

Von Zamft, ahora retirado, se negó a hacer comentarios para este informe.

Von Zamft sigue siendo investigado por el Colegio de Abogados de Florida, al igual que sus cofiscales en la nueva sentencia de pena de muerte, Stephen Mitchell y Joshua Hubner. Hubner ya ha dejado el cargo.

El fiscal Khalil Quinan también está siendo investigado por el Colegio de Abogados, confirmó una portavoz al Herald, pero no pudo proporcionar detalles. Mitchell, Hubner y Quinan declinaron hacer comentarios.

En una respuesta de 14 páginas a las preguntas del Herald, la oficina de Fernández Rundle dijo que tuvo una serie de éxitos este año y restó importancia a las controversias. En un condado con 2.6 millones de personas y miles de arrestos cada año, su oficina dijo que había “obtenido condenas en juicio en aproximadamente 10 casos de homicidio, aproximadamente cinco casos de agresión y agresión sexual y muchos otros casos de delitos graves”. La declaración también admitió que debido a la falta crónica de personal, los fiscales inexpertos están manejando una gran cantidad de casos y muchos de ellos .

Una mirada más amplia al desempeño de la oficina muestra patrones preocupantes

De 638,872 cargos criminales en los últimos 10 años en Miami-Dade, la gran mayoría (71%) fueron desestimados, abandonados o no procesados, según los informes de antecedentes penales de la Policía Estatal de la Florida. A nivel estatal, esa cifra fue del 39%.

Según el mismo análisis de datos de la FDLE, el 40% de los cargos en todo el estado durante ese período condujeron a condenas, incluidas las condenas por acuerdos de culpabilidad. En Miami-Dade, las condenas fueron apenas inferiores al 16%.

En los casos que llegaron a juicio con jurado, la tasa de condenas de Miami-Dade se queda constantemente por detrás de la de Broward y el resto del estado, según muestran los datos. En cinco de los últimos 10 años presupuestarios estatales, Miami-Dade tuvo la peor tasa de condenas por juicio con jurado del estado, según los informes anuales de la Oficina del Administrador de Tribunales Estatales.

En su declaración escrita al Herald, la Fiscalía del Estado señaló fallas y errores en el análisis de datos de la FDLE, que ofrece al público una amplia vista, aunque peculiar e imperfecta, del desempeño de cada condado.

La oficina señaló las estadísticas para el año presupuestario 2022-2023 de la Oficina del Administrador de Tribunales Estatales de Florida que mostraban que Miami-Dade juzgó más de 221 casos, más que cualquier otra jurisdicción en Florida. (Miami Dade es la más grande). De ellos, 129 resultaron en condenas por jurado.

En respuesta a una solicitud del informe anual más reciente que muestra los resultados de los casos, la oficina envió datos al Herald, pero no pudo garantizar su precisión porque provenían del sistema informático obsoleto del condado.

La oficina ofreció innumerables razones por las cuales los casos en Miami-Dade resultan en relativamente pocas condenas, incluyendo turistas que van y vienen, víctimas renuentes o temerosas, testigos o agentes de policía que no se presentan y lentos informes de laboratorio o policiales.

La oficina de Fernández Rundle también dijo que puede ser difícil ganar cuando los abogados de la otra parte son realmente buenos.

“Si bien empleamos a algunos de los abogados más talentosos y competentes que se pueden encontrar en cualquier parte de este país, hay que reconocer que también participamos en un proceso contencioso con un grupo de defensa altamente sofisticado y competente. Todos estos factores influyen en el procesamiento de los casos en nuestra jurisdicción”.

El Miami Herald investigó algunos de los casos más preocupantes del año, siguiendo las pistas de personas que denunciaban errores judiciales.

Dra. Jeffrey Kamlet

La Fiscalía del Estado retiró los cargos contra una destacado médico acusado de tráfico sexual cuando la víctima apareció muerta, flotando en un canal.

“El temor de una madre por el bienestar de su hija ayudó a exponer las presuntas actividades ilegales de un individuo que pudo haber sentido que su riqueza y prominencia le daban licencia para hacer cualquier cosa”, dijo Rundle al anunciar el arresto del Dr. Jeffrey Kamlet el 10 de marzo de 2023.

Pero su oficina cerró el caso después que la víctima murió y el Dr. Kamlet quedó libre después de cumplir un día de libertad condicional.

George Pino

La Fiscalía del Estado llevó a cabo una investigación inadecuada sobre la muerte de una adolescente que involucraba a un rico navegante y durante dos años sostuvo que sólo podía ser acusado de un delito menor.

Los fiscales de Miami-Dade, que colaboraron con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), prometieron completar una “investigación independiente y exhaustiva” sobre el accidente que mató a un adolescente y dejó lesionada permanentemente a otra.

Pero pasaron dos años —y una serie de artículos del Miami Herald que describían los fracasos de la investigación— para que la Fiscalía del Estado acusara a Pino de un delito grave a finales de octubre. El Herald encontró tres testigos oculares a los que ni la Policía ni la Fiscalía del Estado habían hecho seguimiento después del accidente. Después de las historias del Herald, un nuevo testigo, un miembro del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se presentó, lo que provocó la presentación de un cargo por delito grave de homicidio contra Pino.

Oscar Olea

La Fiscalía del Estado desestimó rápidamente las acusaciones de que un popular entrenador de gimnasia había abusado sexualmente de sus estudiantes, y solo lo acusó después de que el Herald investigó y encontró más víctimas.

Las acusaciones de abuso sexual siguieron a Oscar Olea, entrenador de gimnasia de Key Biscayne, durante más de una década.

El otoño pasado dos madres acusaron al entrenador de tocar de forma inapropiada a una niña de cuatro años y a otra de siete. El caso llegó al escritorio de un fiscal estatal en enero y se cerró el mismo día, a pesar de que ya había sido mencionado en informes policiales anteriores de Key Biscayne.

Después que el Herald informó que ex alumnas denunciaron que había abusado sexualmente de ellas, la policía investigó y Olea fue arrestado. Actualmente está en prisión a la espera de juicio.

Gamaly Hollis

La Fiscalía del Estado envió a la cárcel a una madre en duelo cuyo hijo fue asesinado a tiros por la Policía.

El policía de Miami-Dade Jaime Pino disparó y mató a un joven con problemas mentales en su apartamento. La Fiscalía Estatal de Miami-Dade exoneró al agente de cualquier delito y encausó a la madre en duelo.

Ella había llamado a Pino asesino y había publicado fotografías del agente y su familia para sus 39 seguidores en Facebook.

Fue sentenciada a 364 días de cárcel por infringir una orden de restricción y aún enfrenta juicio por acechar al agente Pino.

William “Little Bill” Brown

La Fiscalía del Estado le dio inmunidad total a un asesino confeso que cometió uno de los peores tiroteos de Miami. No se lo dijeron al público ni a los padres de las víctimas.

Cuando el fiscal Michael Von Zamft fue acusado de mala conducta y expulsado de un juicio importante en marzo, el nombre de William “Little Bill” Brown salió a relucir en el tribunal. Se alega que era uno de los tres reclusos que Von Zamft había intentado reunir en la cárcel antes del juicio para aclarar sus testimonios.

El Miami Herald siguió una pista e investigó el trato de Little Bill con los fiscales, que se había mantenido en secreto de forma indebida. Una vez expuestos, los tratos de la Fiscalía del Estado con Little Bill contribuyeron al colapso de tres casos de asesinato.

Los redactores Grethel Aguila, Julie K. Brown, Clara-Sophia Daly, David Goodhue, Carol Marbin Miller y Linda Robertson contribuyeron a este informe.