Del paraíso del Roraima al infierno de Maduro: la muerte surrealista de un indígena en una cárcel chavista

Salvador Fernando Franco Pérez vivía en el paraíso y murió encerrado en el infierno. El domingo 3 de enero este indígena de la etnia pemón, de 44 años, inscribió con sangre su nombre en la lista de los presos políticos que han fallecido en las prisiones venezolanas bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Casado y padre de dos adolescentes de 14 y 16 años, residía en la comunidad de Kumarakapay, en la Gran Sabana, zona ubicada en el sureste de Venezuela que forma parte del parque nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y que destaca por su riqueza natural, impresionantes mesetas rocosas conocidas como tepuyes y el imponente Salto Ángel, la caída de agua más elevada del mundo.

“Salvador Franco trabajaba como promotor turístico y agricultor. Era uno de los guías que llevaba a los visitantes al Roraima”, el tepuy más alto de la cordillera con 2.810 metros sobre el nivel del mar, recuerda el abogado Olnar Ortiz, coordinador nacional de pueblos indígenas de Foro Penal, organización no gubernamental que promueve la defensa de los casi 400 presos políticos que existen en el país.

Sin embargo, su prima Felicia Pérez, de 52 años, dice que en los últimos tiempos se dedicaba más a su pequeña siembra de plátano y yuca que a escalar el monte con los forasteros. “Por culpa de la inseguridad, poca gente está yendo para allá. Ahora que todo se acabó con el turismo, estamos en el conuco”, comenta la señora Pérez.

Extraño incidente

La historia de cómo Franco terminó a cientos de kilómetros de su hogar, en una peligrosa cárcel cercana a Caracas, es totalmente surrealista. Junto con otros 12 indígenas de la etnia pemón, fue detenido y acusado de participar el 22 de diciembre de 2019 en el intento de asalto a una instalación militar enclavada en la Gran Sabana. Esa acción denominada “Operación Aurora” fue reivindicada por oficiales sublevados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

El abogado Ortiz explica que Franco afirmaba que los indígenas fueron víctimas de un “engaño” por parte de los militares que, para involucrarlos en el alzamiento, habrían usado como coartada la oferta de trabajar en una mina de oro.

La señora Pérez insiste en la hipótesis del “engaño” y aporta su testimonio: “Los muchachos fueron secuestrados. La noche del 21 de diciembre todos estábamos en una fiesta en el cierre de campaña de un candidato a la capitanía de la comunidad. Comimos carne, sopa, de todo. Las mujeres regresamos a las casas y ellos fueron a otra fiesta. Luego, nos cuentan que se montaron en un camión y fueron sometidos por militares vestidos de camuflaje”.

De los 13 indígenas, ocho se presentaron voluntariamente ante las autoridades argumentando su inocencia. “Los que se entregaron fueron golpeados y humillados, razón por la cual Franco decidió escapar. Al final, lo capturaron el 29 de diciembre de 2019 y testigos aseguran que fue tan maltratado que le partieron una costilla”, relata Ortiz. El 10 de enero de 2020, el Ministerio Público les imputó los delitos de conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego y asociación.

Oídos sordos

Al principio, Franco estuvo recluido en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), órgano que ha sido señalado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, por ejecutar detenciones arbitrarias y torturar a opositores y sus familiares.

“A pesar de que sufrió malos tratos en la DGCIM, allí estaba gordo”, describe la señora Pérez. Todo cambió cuando lo enviaron al centro penitenciario Rodeo II, parte de un sistema que según el Observatorio Venezolano de Prisiones se caracteriza por sus altos niveles de hacinamiento, violencia y deficiencias en los servicios de alimentación y salud.

“En la cárcel Rodeo II pasaba dos o tres días sin comer, no tenía agua potable. Nosotros teníamos que llevarle todos los días la comida, pero era difícil por la falta de transporte y por los costos”, abunda la señora Pérez. A mediados de 2020 Franco enfermó y la situación se hizo prácticamente insoportable para la familia, que también debía pedir auxilio para adquirir los medicamentos que necesitaba con urgencia.

El 27 de noviembre un tribunal de Caracas ordenó trasladarlo a un hospital para que se sometiera a un chequeo médico, pero la disposición jamás fue acatada. “El subdirector del retén nos explicó que sin la autorización de la ministra de Servicios Penitenciarios (Mirelys Contreras) no podían sacarlo de allí porque mi primo era un preso político”, detalla la señora Pérez.

En ese momento Franco “estaba flaco, no comía y estaba escupiendo sangre”, revela su prima. Los familiares emitieron un comunicado donde demandaban “un gesto de humanidad” y expresaban: “Tememos por su vida”. Nunca los escucharon y el terrible desenlace llegó el primer domingo de 2021. “Salvador murió desnutrido, el señor de la funeraria que lo atendió nos dijo que tenía una costilla rota”, cuenta su prima.

“No pudimos hacer más nada porque el gobierno de Maduro se negó a trasladarlo a un centro de salud”, expone el abogado Ortiz, quien describe a Salvador Franco como “una persona humilde, trabajadora, un luchador que se convirtió en un mártir de este régimen”. Hasta el momento de redactar esta nota, ningún vocero del oficialismo había declarado sobre el deceso.

En peligro

El pueblo pemón ha pagado con vidas la represión chavista. Kumarakapay fue en febrero de 2019 el epicentro de un enfrentamiento entre militares e indígenas, que arrojó como saldo cuatro civiles fallecidos y decenas de heridos.

El choque se produjo porque los uniformados leales a Maduro bloquearon el paso desde Brasil de un cargamento con ayuda humanitaria reclamado por los indígenas y gestionado por Juan Guaidó, líder de la oposición que es reconocido como presidente encargado de la República por unos 60 gobiernos, incluidos los de Estados Unidos, las potencias europeas y la mayoría de América Latina.

Atendiendo una solicitud de la ONG Foro Penal y tras analizar los hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los indígenas de la etnia pemón de Kumarakapay y del abogado Ortiz -de la etnia baré- por “considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

Con la herida aún abierta por los sucesos de 2019, ahora lloran la desaparición de Salvador Franco. Una desgracia que ha podido evitarse. “Todo esto ha sido muy difícil para nosotros. Estamos lejos del territorio, sin dinero y no teníamos donde dormir y comer”, admite la señora Pérez, forzada a mudarse a Caracas. Además de cargar con el dolor por la muerte de su primo, en la comunidad siguen preocupados por la suerte de los otros 12 indígenas que continúan tras las rejas.

“Estamos lamentando mucho la muerte de nuestro hermano Salvador y tememos por la vida de los que siguen presos. Pedimos a las madres que se pongan en nuestro lugar. Queremos que los liberen para regresar a nuestras casas. Todo esto nos da mucho miedo”, exclama la señora Pérez.

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