El infierno de la vejez en Venezuela: ancianos abandonados, atacados y vejados con una pensión de menos de un dólar

No country for old men. El título de la famosa película de los hermanos Joel y Ethan Cohen podría servir hoy de lema a la Venezuela de Nicolás Maduro. Con una crisis política que se profundiza cada día, una economía en ruinas, el colapso de los servicios públicos, el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja y la explosión de la violencia criminal, no hay lugar para los adultos mayores en la atribulada República Bolivariana.

“Esto no fue lo que planifiqué para mi vejez”, admite Moraima Teresa Camacho, una docente universitaria jubilada de 65 años que reside en las afueras de Caracas. “Mi calidad de vida ha mermado, llegando a la supervivencia. Nuestro ingreso está desintegrado por la inflación, mantengo a duras penas la casa y el carro, lo que logré en mis 30 años de servicio”, apunta.

Su proyecto era otro muy distinto. “Quería viajar, viajar y viajar”, dice. En 2019 lo hizo, pero no por un simple afán turístico. Se trasladó a la Argentina para poder abrazar a su hijo mayor y sus dos nietos, parte de los 5,1 millones de venezolanos que desde 2014 se han marchado del país huyendo de la destrucción generalizada. “Pude ir porque él me llevó, pero eso de estar dependiendo de mi hijo es triste, como también es triste ver crecer a los nietos vía Zoom y eso cuando aquí funciona internet”.

La pensión de vejez se ubica en 400 mil bolívares y al momento de escribir esta nota, el tipo de cambio oficial es de 430 mil bolívares por un dólar. “¿Usted cree que puedo hacer mucho con eso?”, pregunta la señora Camacho. Venezuela cumplió en septiembre 36 meses hundida en la hiperinflación y para cubrir la canasta alimentaria familiar se necesitan unos 270 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Sin embargo, la señora Camacho puede considerarse afortunada. Su esposo, un administrador de 65 años, sigue activo y eso le permite hacer frente a los gastos aunque, advierte, “hay que hacer magia”.

Al margen del impacto en el bolsillo, ahora mismo lo que más le duele es el corazón. “Tenemos una familia casi desintegrada, con mi hijo y mis nietos fuera del país, y una hija médico que está terminando un posgrado en un hospital público, percibiendo sueldo base -en este caso, unos 9 dólares mensuales-, y que muy posiblemente también emigrará”, expresa con preocupación.

Sin piedad

La crisis le ha sacado las canas a Venezuela. La última Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), realizada por las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar, destacó entre sus principales hallazgos “el aumento del envejecimiento de la población”, elevándose de 10% a 12% el porcentaje de habitantes mayores de 60 años. Naciones Unidas calcula que la población de Venezuela en 2020 llega a 28,4 millones, cuatro millones menos de lo que originalmente había estimado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“La migración activa de la población joven aceleró el proceso de envejecimiento” afectando el denominado “bono demográfico, ese período favorable en términos demográficos que es una oportunidad para potenciar las posibilidades de desarrollo. El país está alcanzando en el año 2020 la relación de dependencia que debía haber alcanzado en el año 2040”, explicó la profesora Anitza Freitez, coordinadora de la Encovi.

En un informe titulado “Vejez en riesgo”, la asociación civil Convite resalta que Venezuela se mantiene por tercer año consecutivo como el país más violento de América Latina, con una tasa de 60,3 homicidios por cada 100 mil habitantes, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia. En 2019 se habrían registrado 16.506 muertes violentas. “Ese mismo año, las muertes violentas de personas mayores representan, aproximadamente, una tasa de 2,48 por cada 100 mil habitantes”, acota la organización no gubernamental.

De acuerdo con el análisis de Convite, las muertes violentas de personas de la tercera edad pasaron de 333 en 2018 a 411 en 2019. Del total, 183 (45%) ocurrieron por asfixia mecánica, arma blanca, arma de fuego, golpizas y otras, “teniendo como principal móvil el robo”.

Agregan que “13% del total de las muertes violentas sucedidas en el año 2019 es atribuible a la responsabilidad directa del Estado”, y explican: “la gran mayoría de estas muertes ocurren porque el Estado no garantiza el derecho a la vida, a la propiedad, a una calidad de vida digna que permita el acceso a alimentos, medicinas, servicios y asistencia médica, recursos indispensables para la sobrevivencia, especialmente para la población vulnerable, como lo son las personas mayores”.

Los medios digitales que resisten a la censura impuesta por el régimen de Nicolás Maduro, publican con frecuencia notas que describen la tragedia. “Alexis Becerra, jubilado de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (SIDOR), falleció tras esperar horas en una cola para retirar la caja de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en la Corporación Venezolana de Guayana”. “Manuel Gandarela, de 62 años, falleció de un infarto dentro de su carro, en una cola cuando intentaba comprar gasolina”. “Un abuelo con discapacidad motora murió en Barquisimeto, estado Lara, después de esperar largas horas para cobrar su pensión”.

Para remate, el diario La Verdad informó el 21 de septiembre que el ayuntamiento de Maracaibo, capital del Zulia, el estado más grande del país, discute una “ordenanza de convivencia ciudadana” que plantea imponer una multa equivalente a 55 pensiones a “las personas de la tercera edad que crucen la calle sin la ayuda de un acompañante”. De prosperar esta iniciativa, además de la sanción económica “deberán cursar 12 horas académicas y hacer trabajo comunitario”.

La represión tampoco respeta las arrugas. La opinión pública se estremeció en marzo de 2015 al conocer la muerte del preso político Rodolfo González Martínez, un antiguo piloto de 64 años. La versión oficial indicó que González Martínez se suicidó en los calabozos del temible Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuyos abusos han sido denunciados por la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El régimen de Maduro favoreció con 110 indultos a un grupo de presos políticos el 31 de agosto. Entre los beneficiados estuvo la abogada Antonia Turbay, de 67 años, quien permaneció más de un año detenida pese a tener una boleta de excarcelación. “Si eres culpable uno cumple su condena, a lo mejor con orgullo. Pero estuve presa injustamente por algo con lo que yo no tuve nada que ver (...) Me han alejado de mi familia. Mi hija vive en Bogotá, se fue porque una noche le hicieron un secuestro exprés. Yo prefería que se fuera y tenerla lejos pero viva, y no en Venezuela y muerta”, manifestó Turbay al salir del Sebin con sus ojos llenos de lágrimas.

La investigación de Convite señala que “alrededor de 960 mil personas mayores viven solas a consecuencia de la migración de sus familiares”. Alertan que la ausencia de apoyo familiar “potencia las condiciones de riesgo a las que deben enfrentarse las personas mayores”, que así se convierten en “víctimas fáciles” de la violencia. “Cada vez hay más personas mayores viviendo solas, sin apoyo familiar ni financiero y sometidas a todo tipo de riesgos”, enfatizan.

Abandonados

El Observatorio Venezolano de la Violencia afirma que la tasa de suicidios en el país se ha triplicado desde 2014, presentando un aumento de entre 140% y 170% en el periodo 2015-2019. En el último año, según esta fuente, ocurrieron de 9 a 10 suicidios por cada 100 mil habitantes. Convite asevera que ese fenómeno también se refleja entre los adultos mayores, con 29 suicidios en 2019, nueve más que los reportados en 2018.

La asociación civil identifica entre las razones que llevaron a esas personas a quitarse la vida “la depresión, los problemas económicos y la imposibilidad de costearse un tratamiento para enfermedades catastróficas, a lo cual hay que añadir la soledad por la emigración de los hijos y demás familiares, que genera una falta de apoyo familiar -tan necesaria en estas edades- e incrementa la sensación de soledad y abandono”.

“Las personas mayores son las más afectadas a consecuencia de la emigración forzosa que se genera en Venezuela dentro de una situación de emergencia humanitaria compleja. Los ancianos ante el abandono de sus familiares, quedan desprotegidos e indefensos, no solamente de los afectos, sino económicamente, ante la inestabilidad económica y social caracterizada por la escasez de productos básicos y de medicamentos y el aumento de los índices de delincuencia y violencia en general. Estas muertes se están volviendo comunes en una sociedad inmersa en la hiperinflación, hambre e incertidumbre sobre el futuro. El suicidio se ha convertido en una nueva dimensión de la violencia”, finaliza Convite.

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