Los "juegos del hambre" de Maduro: ahora persigue a una ONG que alimenta a 25 mil niños

¿Por qué el régimen de Nicolás Maduro persigue a una asociación civil que brinda alimentación a más de 25 mil niños en zonas pobres y azotadas por una emergencia humanitaria compleja? La respuesta estaría en las intenciones del chavismo de someter a la población por el hambre y eliminar a los opositores que desafían su control en los sectores más depauperados.

Maduro ha emprendido una cacería contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive, en el marco de una nueva arremetida contra los activistas sociales en la República Bolivariana.

A través de un comunicado publicado el miércoles 25 de noviembre, Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive denunciaron que su director y fundador, Roberto Patiño, así como otras instituciones que apoyan esta iniciativa, “hemos sido objeto de hostigamiento por parte de las autoridades”, lo que pondría “en riesgo la atención a más de 25 mil niños y sus familias” en comunidades de bajos recursos.

Antiguo dirigente universitario, Patiño, de 32 años de edad, obtuvo el título de ingeniero en la Universidad Simón Bolívar de Caracas y posteriormente completó una maestría de Políticas Públicas en la escuela Kennedy de gobierno de la Universidad de Harvard. Además de impulsar este emprendimiento social, milita en el partido opositor Primero Justicia y es una figura cercana al ex candidato presidencial Henrique Capriles Radonski.

De acuerdo con el testimonio de los afectados, la Policía Nacional contra la Corrupción allanó la residencia de los padres de Patiño y la antigua sede de las organizaciones que lidera, al tiempo que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) congeló sus cuentas.

“El hostigamiento en nuestra contra y de aquellas instituciones aliadas busca criminalizar las actividades de ayuda y asistencia a las comunidades”, alertan las ONG que sostienen 239 comedores populares en 14 de los 24 estados del país y acumulan siete años de experiencia fomentando actividades de prevención de la violencia y atendiendo a madres lactantes, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad en barrios humildes.

Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive son aliados de la organización internacional Save The Children, que hasta hace un año tenía como presidenta de su junta directiva a la doctora Jill Biden, esposa del mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden.

Guerra total

Luego del ataque contra Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive, Maduro declaró: “recientemente descubrimos un plan para tratar de infiltrar los CLAP, comprarlos con unas tarjeticas, con dinero sucio de Estados Unidos”.

Los CLAP son un programa de venta de comida a precios subsidiados que la revolución socialista reivindica como un “milagro” que ha logrado garantizar el abastecimiento de productos básicos a más de 7 millones de familias, en una nación de más de 30 millones de habitantes.

En contraste con la propaganda oficial, la Encuesta de Condiciones de Vida desarrollada por las principales universidades del país afirma que 74% de las familias “presenta inseguridad alimentaria moderada y severa”. A su vez, los CLAP han protagonizado diversos escándalos de corrupción por la importación de alimentos de mala calidad y son cotidianas las protestas de vecinos por las fallas en su distribución.

“Nos bloquean, nos impiden distribuirlos, tratan de infiltrar, comprar y dañar el liderazgo de los CLAP. No han podido ni los vamos a dejar”, insistió Maduro, quien ordenó a la Sudeban “monitorear todas las operaciones de negocios o financieras llevadas a cabo por las organizaciones sin fines de lucro” y, en particular, restringir el uso de una tarjeta en dólares que algunas empresas utilizan para otorgar beneficios a sus empleados.

Asfixiados por la hiperinflación y la devaluación diaria del bolívar, los venezolanos experimentan una especie de dolarización de facto. En el sondeo de octubre de la firma Datanálisis, 42,2% de los entrevistados dijo haber hecho compras y ventas de productos y servicios con moneda extranjera. La revolución socialista y bolivariana que durante años mantuvo un férreo control de cambio, ahora baja la cerviz ante la divisa del “imperio”.

Para justificar esta acción, el oficialismo construye un relato que es difundido por sus medios. La página web La Tabla recuerda que Patiño acompañó en 2017 al expresidente del Parlamento, Julio Borges, en una gira por las principales capitales europeas que tenía como fin aumentar la presión internacional sobre el régimen. Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, se vio forzado en 2018 a marcharse al exilio en Bogotá por las amenazas de Maduro.

“Ante el fracaso de la acción política tradicional pareciera que el antichavismo y sus patrocinantes ahora pretenden activar operaciones por medio de estas ONG dirigidas a crear redes de activistas y tener una estructura para desarrollar actividades de desestabilización en el país”, expone La Tabla la coartada del chavismo. De acuerdo con esta versión, “seis directivos de cuatro ONGs humanitarias tienen orden de aprehensión y decenas de cuentas fueron bloqueadas” por supuestamente administrar “fondos que provendrían de cuentas de Venezuela confiscadas en Europa”.

Prácticamente desde su ascenso al poder en 1999, la revolución chavista ha torpedeado la gestión de los grupos de la sociedad civil, firmando leyes y decretos que dificultan su registro y acceso a financiamiento. En el discurso oficial, las ONG son estigmatizadas como agentes de potencias extranjeras que atentan contra la soberanía nacional.

Control total

Al analizar este caso, el activista social Feliciano Reyna concluye que “todo parece tener una raíz política muy dañina, pues buscan limitar el impacto que pueden tener programas como Alimenta la Solidaridad para generar en las comunidades condiciones de autonomía, autosustento y mejor calidad de vida”.

El defensor de Derechos Humanos indica que la embestida del régimen chavista no solo afecta a Patiño, sino que obstaculiza la labor “del conjunto de organizaciones que estamos trabajando en el tema humanitario”. Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive forman parte del Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela.

Reyna explica que la llamada arquitectura humanitaria de la ONU abarca una serie de sectores como salud, seguridad alimentaria y educación, entre otros. En el marco de estos planes destaca uno que se enfoca en la transferencia directa de dinero a los beneficiarios.

“La transferencia directa de dinero ha demostrado ser de los programas más efectivos porque da a las personas en necesidad ciertas condiciones de autonomía y también dinamiza a los pequeños comercios”, detalla el director de la ONG Acción Solidaria.

La decisión de Maduro de limitar el uso de las tarjetas en dólares golpea ese plan, gracias al cual algunas familias podían recibir entre 30 y 50 dólares para adquirir alimentos. Para medir la relevancia de estos aportes, debe indicarse que en Venezuela el salario mínimo mensual integral equivale a 0,8 dólares y el régimen entrega bonos de 1,8 dólares a familias de seis miembros.

“Es muy grave que impidan el uso de este mecanismo de transferencia de efectivo, que es de las líneas de trabajo más importante porque le da mucho poder y autonomía a las personas. Además, es parte del sistema de coordinación de la ONU, donde también participa la Cancillería venezolana”, acota Reyna, quien apunta que “la política no puede condicionar la ayuda a las personas” que padecen la emergencia humanitaria compleja.

El zarpazo de Maduro se registra en el peor momento, según Reyna, pues “muchos activistas estamos haciendo incidencia internacional para que el plan de respuesta humanitaria de Venezuela sea financiado con mucha más robustez”. Agrega que ya “Siria, Yemen, República Democrática del Congo y Afganistán, que enfrentan crisis similares, tienen más del 30% de sus programas financiados, y el de Venezuela no llega al 20%”.

El experto advierte que el esfuerzo que despliegan ante agencias, cooperantes y gobiernos extranjeros resulta perjudicado cuando organizaciones inscritas en el Plan de Respuesta Humanitaria son acosadas por el régimen de Maduro. “Esto nos pone un freno”, lamenta indignado.

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