Luis Vizcaíno, exfuncionario de Benito Juárez, queda vinculado a proceso por el caso del “cártel inmobiliario”

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Luis Vizcaíno, cártel inmobiliario
Luis Vizcaíno, cártel inmobiliario

Luis Vizcaíno Carmona, exdirector jurídico y de gobierno de la alcaldía Benito Juárez, fue vinculado a proceso por presunto enriquecimiento ilícito mientras se desempeñó como funcionario público, entre 2012 y 2016.

Para continuar con las indagatorias —a fin de que la defensa y la fiscalía capitalina reúnan todas las pruebas y con ello se decida si el exfuncionario local enfrentará un juicio—, el juez Júpiter López Ruiz otorgó tres meses para que se realice la investigación complementaria. Durante este tiempo, Vizcaíno deberá permanecer en prisión preventiva justificada.

A la salida de la audiencia, la defensa del exfuncionario público acusó a la fiscalía de dar información falsa a la ciudadanía, al asegurar que Vizcaíno encabezaba el denominado “cártel inmobiliario” de Benito Juárez. Según la defensa, en la carpeta de investigación no hay ningún señalamiento respecto de que él haya ejercido presión a los desarrolladores, para que a cambio de permisos de construcción recibiera propiedades.

“Son afirmaciones totalmente erradas; la fiscalía y el vocero, Ulises Lara, están dando información que no es la misma que corresponde a la carpeta de investigación. Hay una desinformación por parte de la fiscalía y es lamentable que estén haciendo esto a la ciudadanía”, reclamó el abogado Irving Regino.

“Están engañando a la ciudadanía con información que han dado, porque en ningún momento en la carpeta de investigación se advierte que exista una coerción por parte de mi representado hacia empresarios”, agregó.

La acusación al exfuncionario, continuó, fue por enriquecimiento ilícito por la transferencia de recursos económicos a cuentas bancarias de empresas que, según la fiscalía, son propiedad de Vizcaíno, así como por la adquisición de dos inmuebles. Sin embargo, el defensor sostuvo que no hay elementos para legitimar la acusación de la fiscalía, porque las empresas en las que presuntamente recibió más de 65 millones de pesos no son de él.

“Lo que hoy se debatió aquí, en audiencia inicial, fue únicamente respecto de dos inmuebles y respecto de un incremento patrimonial que tuvo por un efectivo que ingresó a unas empresas morales que no son, ni siquiera, de manera directa de mi representado. Mi representado no es dueño de esas empresas”, agregó el abogado.

Animal Político informó que entre 2012 y 2016, mientras se desempeñaba como director jurídico y de gobierno en Benito Juárez, Vizcaíno obtuvo ingresos ilícitos —a través de empresas fachada— por 65 millones 734 mil 992 pesos, según la acusación de la fiscalía

Estos recursos los habría obtenido a través de Residencial Cami, SA de CV, y Residencial Mariposa, SA de CV, empresas con irregularidades diversas como no ubicarse en el domicilio fiscal dado de alta o no tener alta patronal ante el IMSS.

“Es importante señalar, de manera muy enfática, que esta investigación es totalmente política. Existía una línea muy marcada en donde había una investigación deficiente por parte de la fiscalía”, abundó el también abogado Adrián Regino.

“Él no es dueño de las empresas, no tiene participación en las empresas y, aun así, el juez dijo que se tiene que investigar, es decir, estamos en un proceso en donde primero se detiene y posteriormente se investiga”, reclamó.

Respecto de la adquisición de dos inmuebles de los cuales la fiscalía ha señalado que los montos por los cuales Vizcaíno los compró no corresponden a su valor comercial, los abogados comentaron que el juez señaló en audiencia que están justificados dentro de la legalidad.

“Las autoridades capitalinas negaron la existencia de cárteles del crimen organizado, pero políticamente sí refieren esta famosa frase de un cártel inmobiliario. Obviamente, se entiende que es para generar un efecto corruptor dentro de la investigación”, agregó la defensa, que pedirá cambio de medida cautelar para que el exfuncionario pueda continuar con su proceso en libertad.

Al tiempo que se realizaba la audiencia, la dirigencia del PAN en la CDMX dio una rueda de prensa en la que insistió en que la investigación contra Vizcaíno es parte de una “persecución política” promovida por Morena en contra de un partido de oposición.

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