La lucha indígena contra el gigante de amoniaco

Marcos Vizcarra

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- Antes de salir a pescar, cualquier persona de la nación mayo-yoreme debe dar gracias a la naturaleza. Eleva su oración al universo para pedir por ese día, por la vida, por los animales y las plantas que le rodean, por el alimento que podrá recoger para su familia. Esa conexión con la tierra es el principal misterio de esta nación indígena que vive en el noroeste de México desde hace cientos de años. Esta comunidad es también la misma que inició una lucha desde hace siete años para tratar de impedir la construcción y funcionamiento de una planta para producir amoniaco en la bahía de Ohuira.

Las comunidades mayo-yoreme, como los yaquis —con quienes comparten territorio y comida—, son silenciosas hasta que llega el peligro. Son ellas quienes legalmente han logrado frenar a un gigante de acero y concreto en la bahía de la región de Topolobampo, donde desde 2015 comenzó a construirse una planta para la producción de amoniaco, lo que pondría en riesgo un ecosistema y el desarrollo de las comunidades pesqueras, rurales e indígenas. El proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), en asociación con Proman, un coloso suizo-alemán, quiere iniciar operaciones, pero hasta ahora la interposición de una serie de amparos lo ha impedido.

Una investigación realizada por Ethos Innovación en Políticas Públicas revela que la empresa con inversión alemana logró obtener permisos de construcción sin haber hecho una consulta previa a los pueblos originarios con las características que marca la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Con el apoyo de políticos locales de alto nivel, quienes fungieron como asesores y promotores del proyecto, y entre quienes se encuentran el político Francisco Labastida Ochoa, su hijo Francisco Labastida Gómez de la Torre, y el exgobernador Mario López Valdez, mejor conocido como Malova, este consorcio comenzó a construir la planta en un humedal protegido por el convenio Ramsar desde 2009. Con ello inició el proceso de destrucción y contaminación del área protegida bajo normas internacionales, según documentos e investigadores entrevistados para este trabajo.

Durante dos recorridos realizados en las zonas de Ohuira, Lázaro Cárdenas y El Maviri, en los que se recabaron una decena de testimonios de activistas indígenas y habitantes de la zona, las comunidades denunciaron la creación de una estrategia para dividir a los pueblos.

La planta que busca producir alrededor de 770 mil toneladas de amoniaco anualmente —lo equivalente a llenar 63% del volumen del Estadio Azteca con ese químico—, traería una inversión multimillonaria en el noroeste mexicano, de aproximadamente 5 mil millones de dólares al término de 10 años, pero según diversos estudios realizados por investigadores, podría poner en riesgo el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira.

Este humedal, en medio de los pueblos de Ohuira, Muellecito, Paredones, Lázaro Cárdenas, Campo Nuevo, San Carlos y Topolobampo, alberga aves playeras. Es un hábitat del delfín nariz de botella y es también zona de cría y alimentación de las tortugas prieta y carey, así como de peces y crustáceos de importancia comercial, de acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

En 2015, activistas ambientales tramitaron un amparo para impedir que continuara la construcción de la planta de amoniaco, un químico que se utiliza como fertilizante en la agricultura tradicional.

La planta es ahora una mole de 26 hectáreas, el equivalente a cinco veces el Zócalo de la Ciudad de México, pero en el proyecto de GPO se prevé que la afectación sea sobre 126 hectáreas, es decir, apenas se ha construido una quinta parte.

La empresa calculó en su solicitud de permisos ante Semarnat que necesitará 2 millones de litros de agua de mar por hora durante los 365 días del año para mantener frío el amoniaco y así evitar que se evapore. El agua tendría que ser sustraída de la bahía y luego se descargaría con una temperatura distinta, entre 1 y 3 grados más y con sustancias químicas.

Tras comenzar la construcción de la planta, habitantes de los pueblos Lázaro Cárdenas, Ohuira, Topolobampo, Paredones, El Maviri y Muellecito comenzaron un movimiento legal en contra y apenas el 6 de abril de 2022 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo todos los permisos obtenidos por la subsidiaria de Proman en México, dándoles la razón respecto a que este proyecto se realizó sin haberles consultado.

El interés en que este proyecto se concrete favorece la estrategia del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pues la reactivación en la producción de fertilizantes, entre ellos el amoniaco y la urea, cubriría mejor las necesidades agroalimentarias del país, pues actualmente para cumplir con la demanda nacional de fertilizantes se deben hacer importaciones desde Rusia y China.

"Los productores de Sinaloa, de Sonora, requieren del fertilizante y se tiene el gas (natural) como materia prima y estamos nosotros a favor de esa planta, de que se construya; aun así, no vamos a lograr la autosuficiencia, pero ya vamos a tener más abasto de fertilizante", dijo López Obrador apenas el 3 de marzo de este 2022 en su conferencia de prensa matutina.

Actualmente se lleva a cabo una consulta. El gobierno eligió 15 comunidades, de las cuales 11 ya votaron que sí la quieren y una que no, pero faltan otras tres por votar, que son las que se oponen y han interpuesto los amparos. Posteriormente será la Corte la que avale todo el proceso y tenga la decisión final.

Víctor Vaca Cuéllar, director de Desarrollo de Proyectos de GPO, reconoce que están trabajando con la academia "para que de alguna manera pueda mejorar el sistema ambiental de la zona". Y dijo estar convencido de que las comunidades alrededor del proyecto ya conocen el impacto ambiental y social que va a tener. "Tenemos como norma internacional mejorar la biodiversidad, no empeorarla".

"Aquí no": la defensa del territorio

"Sabemos la operatividad que va a tener la planta, qué tantos metros cúbicos va a succionar y cuántos metros cúbicos se van a regresar al mar. Es un ecocidio y es una forma de acabar con nuestra bahía, que para nosotros es un lugar sagrado", nos dice Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, cobanaro (gobernador indígena) de Ohuira.

En esta región al norte de Sinaloa, seis gobernadores indígenas formaron un consejo consultivo como medida de defensa. Entre los integrantes hay activistas, políticos, abogadas, académicos y más. La organización fue bautizada con el nombre de "Aquí no", en alusión a su protesta contra la instalación de la planta en la bahía.

No defender el territorio —nos explican—, sería dejar a 3 mil 500 familias pescadoras ante un problema mayor. "Estamos ante una bomba de tiempo al momento que nos pongan esta empresa", agrega Felipe de Jesús Montaño, quien ha asegurado ante funcionarios estatales y federales que defenderá la zona con su vida.

El entramado político

Esta historia comenzó en 2012, cuando Francisco Labastida Ochoa era senador y presidente de la Comisión de Energía en la cámara alta. Este político nos narra que supo de una inversión millonaria: la empresa alemana Proman quería instalarse en Veracruz para invertir en la producción de amoniaco y urea.

Su labor como senador era clave y buscó la forma de concretar el ingreso de capitales en el país, pero propuso a los inversionistas mover la ubicación de la planta a Sinaloa, una región conocida por él. Ahí tenía contactos que le ayudarían a generar condiciones para que GPO decidiera instalarse.

La ayuda vino de Mario López Valdez, mejor conocido como Malova, entonces gobernador del estado (2011-2017), y de su propio hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, quien fungió como coordinador de Proyectos Estratégicos del gobierno estatal. El encargo de este último era crear condiciones para la inversión extranjera en Sinaloa.

Labastida Ochoa dejó el Senado en 2012, e inmediatamente se integró a GPO como asesor externo, según explicó en entrevista. "La empresa Proman me contrató porque querían hacer un proyecto de inversión en México, en el estado de Veracruz"; pero el político los convenció para mirar al norte.

Malova lo corrobora en entrevista. "Era una inversión que iba a aterrizar en Veracruz; pero habría que reconocer al senador Francisco Labastida, que al enterarse del proyecto y al entrar en contacto con ellos (los empresarios) los puso en contacto conmigo, les dijo que no había mejores condiciones para hacer una inversión de esa naturaleza que el norte de Sinaloa (...) Vinieron, conocieron el lugar, y les ofrecí apadrinar ese proyecto para que aterrizara".

En la fracción VI del artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se define el conflicto de interés como: "La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios".

Para el político Francisco Labastida, el haber sido asesor de Proman mientras que su hijo era coordinador de Proyectos Estratégicos en Sinaloa no formó parte de ningún conflicto de interés. Desde su punto de vista, solo apoyó para que una inversión extranjera pudiera concretarse en Sinaloa.

"Si es bueno para el país, si es bueno para el estado, si es bueno para la agricultura ¿qué conflicto tiene impulsar algo que es bueno para las partes? (...) Yo cobré como asesor el tiempo que fui asesor y ya, es todo, y mi hijo no cobró absolutamente nada", agregó Labastida al ser cuestionado.

La oportunidad de tener esa inversión, dijo Malova, era detonar el norte del estado como un polo de atracción para otros proyectos, y la inversión para la planta inició hacia el final de su administración, pero esta tuvo tropiezos con amparos que frenaron su construcción.

*Este reportaje fue coordinado por Laure Delalande, Néstor Genis y Silvia Márquez de Ethos Innovación en Políticas Públicas; con la edición de Karla Casillas. Corrección de estilo: Maura Arzate.