Lorenza Cano buscaba a su hermano desaparecido, ahora la buscan a ella

Solo quedan algunos trozos de la cinta de la escena del crimen alrededor de la casa de Lorenza Cano. Los pedazos de cristal de la puerta de entrada han desaparecido. También los casquillos de bala.

Lo único que queda es la esperanza de que Cano sea encontrada.

Cano, una activista de 55 años, forma parte de los cientos de mujeres de México que se convirtieron en defensoras de la población desaparecida del país luego de que sus propios seres queridos tuvieron el mismo destino. El hermano de Cano, José Francisco, fue secuestrado en 2018 y hasta ahora no lo han encontrado.

Ahora, ella misma fue desaparecida.

La semana pasada, unos hombres armados irrumpieron en su casa de Salamanca, una ciudad industrial del estado de Guanajuato, en el centro de México, mataron a su esposo, a su hijo y se la llevaron por la noche.

El secuestro evidencia una de las tragedias nacionales más inquietantes de México: la crisis de las desapariciones.

La impunidad es rampante, las fuerzas de seguridad pública han estado implicadas en algunos de estos delitos y se han descubierto fosas clandestinas por todo el país.

La desaparición de Cano ha sido un golpe devastador para su comunidad en Salamanca donde, en los últimos años, la guerra entre cárteles ha desencadenado una violencia sin precedentes. Ahora las buscadoras locales se sienten preocupadas y vulneradas.

“Nosotras quedamos con la duda: ¿ahora a qué horas entran por mí y me llevan?”, dijo Alma Lilia Tapia, vocera de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, un colectivo de 206 familias que buscan a sus seres queridos, y del que Cano también forma parte.

Tapia ha buscado a su hijo, Gustavo Daryl, desde 2018, cuando fue secuestrado mientras estaba en su puesto de comida, con el delantal puesto y las pinzas de parrilla en la mano.

El gobierno dice que más de 94.000 personas están desaparecidas en México, aunque la Organización de las Naciones Unidas dice que podría existir un subregistro. La mayoría de los casos siguen sin resolverse porque a menudo no se realizan investigaciones detalladas. Los familiares se ven obligados a investigar y seguir pistas por su cuenta en un esfuerzo desesperado por encontrar a sus seres queridos o, al menos, cerrar el caso.

“Aquí no hay protección”, dijo Tapia, de 55 años, desde la sala de su hogar, ubicado a unas cuadras de la casa de Cano. “Corremos mucho riesgo todos”. Decenas de folletos sobre personas desaparecidas estaban apilados en la mesa del comedor. En las paredes, unos bordados hechos a mano les rendían homenaje a los desaparecidos.

En Guanajuato, la violencia se ha recrudecido en los últimos años debido a la lucha por el control del estado entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima, una organización criminal local. Según cifras oficiales, en los últimos seis años han muerto unas 21.200 personas en Guanajuato, lo que lo convierte en uno de los estados con mayores tasas de homicidios en México.

Las personas que se dedican a la búsqueda de los desaparecidos también se han convertido en objetivos de las organizaciones delictivas. En Guanajuato, la oficina de derechos humanos de la ONU documentó el asesinato de al menos cinco personas que buscaban a sus familiares entre 2020 y 2023.

“La búsqueda de las personas desaparecidas toca los intereses de los grupos delincuenciales o, eventualmente, de agentes del Estado, y por lo tanto se constituye como una amenaza”, dijo Raymundo Sandoval, miembro de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, una coalición que ofrece apoyo a las familias de los desaparecidos. Los ataques contra las buscadoras “tienen un efecto inmediato, inhibidor”.

No está claro por qué Cano fue atacada. No era una activista de alto perfil y sobre todo se centraba en el trabajo administrativo, debido a un problema en la cadera que le impedía salir al campo.

“Desafortunadamente, en este asunto, no hubo ningún indicio”, dijo Guillermo García Flores, secretario del ayuntamiento de Salamanca. “Fue un evento totalmente sorpresivo”.

La semana pasada, durante una conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tenía información sobre el caso. “Pero todos los días estamos protegiendo al pueblo y no hay impunidad para nadie”, agregó.

En Salamanca, los buscadores voluntarios dicen que tienen poca fe en los funcionarios locales y federales.

“Nos sentimos agraviadas”, dijo María Elena Pérez, de 62 años, otra integrante del colectivo cuya hija, Martha Leticia, fue secuestrada en 2018.

“No tenemos ningún apoyo del gobierno, ni con seguridad ni nada. Hay veces que tenemos que ir nosotras solas, como podemos andar buscando”, dijo. “Queremos que todo esto cambie”.

Julio César Prieto Gallardo, alcalde de Salamanca, defendió la actuación de su gobierno.

“Nosotros damos el apoyo, independientemente de que nieguen”, dijo en una entrevista, refiriéndose a las familias que critican la respuesta del gobierno a las desapariciones. “Las puertas del municipio de Salamanca están abiertas”.

Esta semana, dos hombres fueron detenidos y acusados de asesinato y desaparición en relación con el caso de Cano.

Solo cinco días antes de su secuestro, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Morena, el partido gobernante en México, celebró un mitin en Salamanca y reconoció la violencia que azota a la región.

“Guanajuato era un estado próspero, seguro y hoy es el primer lugar en homicidio doloso en todo el país”, dijo a la multitud. “Aquí en vez de crecer la economía, salen las inversiones por la inseguridad”.

Antes del discurso, Tapia, la portavoz del colectivo de buscadoras, se subió a una barandilla para entregarle a Sheinbaum un sobre con una lista de peticiones en las que se le pedía a quienquiera que gane las elecciones presidenciales de mediados de este año que no abandone la organización ni su misión.

Sheinbaum prometió que no lo haría, dijo Tapia. Pero el colectivo ya ha escuchado eso antes. “Nos ha pasado que toman el tema, pero después ya nos botan”, dijo.

La gestión de López Obrador ha sido criticada por un nuevo recuento del registro oficial de personas desaparecidas que fue presentado en diciembre, un esfuerzo que, según ha dicho el gobierno, se hizo para actualizar la base de datos y eliminar registros falsos. El nuevo censo redujo el número de desaparecidos de casi 111.000 a unos 94.000 en el registro nacional, pero los críticos argumentaron que el proceso fue opaco.

Al final de ese proceso, las autoridades dijeron que solo se podía confirmar la desaparición de unas 12.370 personas, aunque reconocieron que más de 62.000 casos carecían de información básica para iniciar una búsqueda.

Algunas de las integrantes del colectivo se reunieron hace poco afuera de un bar del centro de Salamanca. Buscaban restos humanos que, según les dijeron, habían sido enterrados cerca de un río.

“El tiempo de nosotras se nos está yendo. Ya nos estamos haciendo más grandes”, dijo Tapia. Fragmentos de huesos, que ella identificó como pertenecientes a animales, salpicaban el campo.

Sin embargo, ni la edad, ni los problemas de salud, ni la presión de los familiares les impedirían hacer su trabajo, dijo Francisca Caudillo, otra buscadora.

Caudillo, de 50 años, es una de las pocas personas que han encontrado a un ser querido desaparecido. El pasado mes de julio estaba en el vertedero donde el colectivo desenterró el cuerpo de su hijo, Martín Eduardo. Llevaba más de dos años buscándolo. Cuando por fin devolvieron sus restos a casa, Caudillo lo conmemoró con flores, música en vivo y cohetes.

“Me gusta cuando encuentro a alguien, no me importa quién sea”, dijo. “Me da un poco de paz que ya esté con su familia”.

Simon Romero colaboró con información desde Ciudad de México y Miguel García Lemus desde Salamanca, México.

Simon Romero colaboró con información desde Ciudad de México y Miguel García Lemus desde Salamanca, México.

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