Levine Cava se comprometió a arreglar las cárceles del condado. La supervisora judicial ve ‘falta de actuación competente’

La reforma de las cárceles ha sido una de las principales prioridades de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, desde que asumió el cargo hace dos años, pero el Departamento de Correccionales del condado sigue sufriendo una mala gestión y un historial de seguridad deficiente después de 11 muertes de reclusos este año, según una supervisora federal.

En un reporte del 12 de agosto, la jefa de un grupo de supervisión que hace cumplir un plan de mejora federal de 2013 para el sistema penitenciario dijo que se sintió alentada por las declaraciones de la alcaldesa, pero desalentada por las continuas fallas en la gestión en las cárceles.

“El daño continuo a los reclusos se debe a la falta de actuación competente del Condado, después de todos estos años. Esto es más que una preocupación; es alarmante”, escribió Susan McCampbell, la supervisora en el caso de derechos civiles del Departamento de Justicia contra Miami-Dade por su Departamento de Correccionales.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, responde a una pregunta durante una conferencia de prensa en el Centro de Gobierno en Miami, el 29 de agosto de 2022. Jose A. Iglesias/jiglesias@elnuevoherald.com
La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, responde a una pregunta durante una conferencia de prensa en el Centro de Gobierno en Miami, el 29 de agosto de 2022. Jose A. Iglesias/jiglesias@elnuevoherald.com

Levine Cava prometió una reforma carcelaria en Miami-Dade

Se espera que Levine Cava defienda los esfuerzos de su administración para dar un giro al sistema penitenciario en una audiencia que tendrá lugar el miércoles por la mañana en el tribunal federal de Miami, donde la jueza que ve el caso está exigiendo que el condado dé explicaciones tras las conclusiones de McCampbell.

“Este reporte es consecuencia de una flagrante falta de cumplimiento por parte de los demandados, que ha tenido consecuencias que han puesto en peligro la vida de los reclusos”, escribió la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Beth Bloom en una orden del 30 de agosto en la que se convocaba a la audiencia.

En el centro de la crítica de McCampbell se encuentra la supuesta incapacidad de Miami-Dade para gestionar a más de 4,000 reclusos de forma que se mantenga la seguridad de la población.

Eso incluye servicios de salud mental y supervisión para evitar los suicidios entre rejas. De las 11 muertes ocurridas este año en las cárceles del condado, cuatro fueron autoinfligidas, dijo McCampbell.

También criticó la incapacidad de Miami-Dade para clasificar a los nuevos reclusos en función de su potencial para atacar a los demás, un elemento central para el plan de seguridad de cualquier sistema de detención. El Departamento de Correccionales tardó más de un año en presentar los resultados de la investigación de dos homicidios de reclusos en 2021, y McCampbell calificó ambos reportes de “asombrosamente inadecuados”.

Abogados federales demandaron a Miami-Dade en 2011 por las condiciones carcelarias

La orden de 2013, conocida como “decreto de consentimiento”, impuso un plan de mejora en las cárceles de Miami-Dade bajo la supervisión de supervisores judiciales. Las correccionales de Miami-Dade albergan a unas 4,500 personas en un día promedio y planean gastar unos $430 millones este año, cerca del 68% de ellos provenientes de los impuestos a la propiedad y otros fondos locales.

En una declaración el martes, Levine Cava señaló que el plan de mejora requerido en las Correccionales comenzó siete años antes de que ella asumiera el cargo a finales de 2020. “Puse en marcha un nuevo equipo de liderazgo que supervisa las Correccionales y he estado trabajando estrechamente con nuestro dedicado personal para avanzar en las reformas críticas”, dijo.

En su reporte, McCampbell dijo que dejaría su cargo a finales de 2022, cuestionando el bien que ella y su equipo de supervisores de las cárceles estaban haciendo después de años de que Miami-Dade no mejorara.

“Sinceramente, no sabemos qué más podemos hacer para impulsar el cumplimiento del condado”, escribió. Culpó a una “cultura interna” en el Departamento de Correccionales, una dependencia con “ambivalencia de liderazgo” y una “ausencia de suficiente experiencia en la materia”.

McCampbell señaló que el COVID estaba detrás de algunas de las muertes en la cárcel en los últimos dos años. Contabilizó 11 muertes de reclusos en el período comprendido por el reporte y 14 en 2021. Sin embargo, dijo que ambos totales de muertes dejan a las Correccionales de Miami-Dade “sustancialmente” por encima del promedio del sistema carcelario de Estados Unidos en cuanto a tasas de mortalidad.

Abogados federales de derechos civiles demandaron a Miami-Dade en 2011, alegando que el sistema penitenciario proporcionaba una atención de salud mental deficiente a los reclusos y no adoptaba las medidas adecuadas para prevenir los suicidios entre rejas.

Ex jefe de Policía ahora es el principal asesor en las cárceles de Miami-Dade

A principios de este año, Levine Cava reorganizó la cúpula directiva del sistema penitenciario y contrató a un jefe de Policía retirado de Idaho, Gary Raney, como consultor para la reforma del sistema penitenciario.

La reorganización de la administración de Levine Cava incluyó la destitución en febrero de Daniel Junior, el director del sistema penitenciario nombrado por el anterior alcalde, Carlos Giménez.

En agosto, Levine Cava nombró al director retirado de la policía del condado J.D. Patterson como director temporal del sistema penitenciario mientras busca un sustituto permanente. Patterson era uno de los principales asistentes de Levine Cava antes de su nombramiento, y supervisaba todas las dependencias de seguridad pública en la oficina de la alcaldesa.

“Tengo una larga trayectoria de activismo y servicio en el ámbito de la justicia social, y comparto un profundo compromiso de hacer que el gobierno local sea más receptivo, más responsable y más transparente”, dijo Levine Cava, ex trabajadora social y directora de una organización sin fines de lucro, a la jueza Bloom durante una audiencia celebrada el 15 de abril, según una transcripción.

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“Ahora he hecho una inmersión profunda, y continuaré haciéndolo, para aprender todo lo que pueda para impulsar estas reformas necesarias para hacer nuestro sistema más eficiente, seguro y humano para nuestros reclusos y nuestro personal”, dijo Levine Cava.

Levine Cava usó el dinero de la ayuda por el COVID para reducir los cargos que los reclusos de Miami-Dade pagan por las llamadas telefónicas, y está en proceso de poner fin a las tarifas diarias de alojamiento y comida de $2 que las cárceles del condado facturan a los reclusos pero que rara vez cobran, lo que provoca problemas en los historiales crediticios una vez que finalizan las detenciones.

Sin embargo, la prohibición de las visitas en persona, que data de la época de la pandemia del COVID, sigue afectando a la moral de los reclusos y sus familias, dijo Maya Ragsdale, directora del grupo activista Beyond the Bars, que aboga por un mejor tratamiento de las personas en las cárceles.

“Todo lo que tienen ahora son videollamadas”, dijo. “Ha sido muy, muy duro”.

Miami-Dade ha cumplido la mayoría de los requisitos de la orden sobre las cárceles

El caso contra Miami-Dade comenzó bajo la administración del presidente Barack Obama, y en una presentación judicial del 16 de septiembre los abogados federales señalaron que el condado ha satisfecho 154 de los 171 requisitos del plan de mejora original de 2013.

Aun así, los abogados federales escribieron que el Departamento de Justicia “está profundamente preocupado por las múltiples muertes recientes, incluyendo cuatro suicidios y un homicidio, en 2022”.

La muerte del 22 de septiembre de un recluso, Rodney Latzzis, se produjo después del reporte de la supervisora judicial que analizó 11 muertes en las correccionales. La muerte de Latzzis enfureció a sus abogados defensores, que habían implorado repetidamente al Departamento de Correccionales que lo mantuvieran en “custodia protectora” porque otros reclusos seguían agrediéndolo.

En dos ocasiones a principios de este año, un juez de Miami-Dade firmó órdenes recomendando que Latzzis, quien estaba en silla de ruedas, se mantuviera separado de otros reclusos. Por ley, los jueces no pueden ordenar a las cárceles que alojen a los reclusos en determinadas instalaciones o alas.

Latzzis, de 34 años, quien estaba a la espera de un juicio por un caso de tráfico de personas, estaba en la población general del Centro de Detención Previa al Juicio cuando fue descubierto inconsciente en su celda. La Oficina del Médico Forense aún tiene que determinar la causa y la forma de la muerte.

Una posibilidad es que Latzzis haya muerto de una sobredosis de drogas, algo que ha ocurrido repetidamente en los últimos años. En un caso, dos presos de Miami-Dade fueron acusados de asesinato por suministrar el fentanilo que mató a un recluso.

“Creo que la causa de la muerte es la negligencia, independientemente de lo que muestre la autopsia”, dijo el abogado de Latzzis, Andrew Rier.