La peligrosa tentación de México de implementar la pena de muerte para asesinos de menores de edad

Cámara de la muerte en Huntsville, Texas | Getty Images

El problema de la violencia en México ha dado como resultado que sea uno de los países en los que se cometen más asesinatos. El indicador actual es de 10 muertes violentas cada día. Las causas por las cuales se arrebata la vida a alguna persona son diferentes. Se reconoce la acción del narcotráfico, el crimen organizado y los delitos del orden común.

El efecto de la violencia en el ciudadano es la percepción constante de inseguridad en lugares como el hogar, la comunidad, el transporte publico y privado, el trabajo, en calles y escuelas. La necia realidad arrojó un saldo en 2019 de 35 mil 588 homicidios dolosos y feminicidios en México, la cifra más alta que se haya registrado.

En semanas recientes se cometieron los feminicidios de Abril Pérez Sagaón, Abigail Escamilla y la niña Fátima que indignaron al país por la violencia que ejecutaron sus asesinos. Con este antecedente el senador Víctor Fuentes Solís, del Partido Acción Nacional (PAN), propuso abrir un debate sobre si se debe imponer la pena de muerte para los feminicidas. (El Financiero, 22 de febrero de 2020)

Similar propuesta planteó el diputado Arturo Escobar y Vega, del partido Verde y los diputados de Morena Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Erika Mariana Rosas Uribe. Proponen la pena de muerte para quienes cometan homicidio doloso y feminicidio a menores de edad.

Los diputados del partido Verde y Morena argumentan, para justificar su propuesta, que “la pena de muerte representa un castigo que podría ayudar a reducir la magnitud y la frecuencia” de los asesinatos.  

Afirman en su exposición de motivos que “Esta clase de criminales no temen pasar el resto de sus vidas en prisión, pues saben que en razón de la debilidad de nuestro sistema de justicia y de seguridad existe la posibilidad de recobrar su libertad mucho tiempo antes de lo previsto e incluso puede darse el caso de que sigan delinquiendo al interior de los propios centros penitenciarios.”

En el pasado existió la pena de muerte en México, pero fue abolida del Código en 1929 y prohibida en la Constitución en 2005. No obstante, según los legisladores, la pena de muerte ha permitido inhibir este tipo de delitos en algunos países en donde, “cada pena de muerte aplicada ha evitado entre tres y 18 asesinatos en las calles.” (Animal Político, 25 de febrero de 2020)

Para reimplantar la pena de muerte en México se tendrían que reformar los artículos 18, 22, 29 y 94 de la Constitución, además de renunciar a dos tratados internacionales que vinculan al país “a las normas de derecho internacional que han abolido la pena de muerte, y de acuerdo con el artículo 4, párrafo tres del Pacto de San José, se compromete a que una vez abolida la pena de muerte no podrá ser restablecida jamás.”

En el Senado y la cámara de diputados los dirigentes de las fracciones parlamentarias de Morena, Ricardo Monreal y Mario Delgado manifestaron que no comparten la propuesta del Partido Verde y de algunos legisladores de su bancada y la calificaron como una “barbaridad”. (El Financiero, 22 de febrero de 2020)

La propuesta de legisladores en el Senado y la Cámara de Diputados no es viable por estar prohibida la manera expresa la pena de muerte en la Constitución y por la vigencia de los tratados internacionales en los que se encuentra México.

La iniciativa de ley que plantean los legisladores del Partido Verde y de Morena es oportunista y se presenta en el contexto de un ambiente de violencia que afecta a la totalidad del país. El estado de ánimo de los ciudadanos es propicio para que estas medidas sean aceptadas y vistas como eficaces para frenar la violencia que se encuentra en lugares antes seguros.

La pena de muerte no es garantía de disminución de los delitos. La saña con que se ejecutan crímenes como el homicidio, secuestro, violación, extorsión y demás, difícilmente va a disminuir por el hecho de que se amenace la vida del delincuente.

Eso sin contar la cantidad de veces que hemos visto en México la fabricación de culpables por medio de un sistema que no busca la impartición de justicia, sino a quien castigar. Sin resolver antes esto, estaremos siempre ante la posibilidad de tener a un inocente tras las rejas o peor aún, en un sepulcro.

La asignatura pendiente es la depuración del Poder Judicial para erradicar la corrupción que permite que los delincuentes evadan la ley, entren y salgan del juzgado o se escapan de la cárcel. Si los legisladores actuaran en consecuencia seguramente se evitarían muchas muertes y violencia en México.


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