Juristas piden a CPI arrestar a Maduro y su cadena de mando por ‘crímenes atroces’ tras elecciones

Un grupo de juristas y exfuncionarios de alto rango de varios países solicitaron a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Oficina del Fiscal Karim Khan que emitan órdenes de arresto y activen medidas coercitivas internacionales en contra del gobernante venezolano Nicol[as Maduro y su cadena de mando por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos tras las elecciones presidenciales.

Los firmantes del documento de la solicitud, presentado el sábado en la CPI, afirman que Maduro ha perpetrado una serie de “crímenes atroces” en su intento por mantenerse en el poder que incluyen detenciones arbitrarias, tortura, violaciones, ejecuciones sumarias y persecución política sistemática, tras desatar una feroz represión después de los comicios del 28 de julio.

“Un grupo de juristas, defensores de los derechos humanos y de la justicia penal internacional, solicitan ante la CPI y la Oficina del Fiscal Karim Khan, que activen medidas de detención, comparecencias forzosas y coercitivas contra Nicolás Maduro y la cadena de mando”, dijo el abogado y exembajador, Orlando Viera-Blanco.

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Viera-Blanco informó a el Nuevo Herald este domingo que en un periodo de 12 días han presentado a la CPI un total de 702 incidencias con pruebas y testimonios de víctimas de crímenes de lesa humanidad, de las que 346 se entregaron al inicio de ese lapso, luego 300 y 56 más el pasado viernes.

En el documento de la demanda se arguye que desde los comicios del 28 de julio la represión ha escalado a niveles alarmantes, con informes de torturas a menores, violencia sexual, y asesinatos extrajudiciales, y que no son hechos aislados, sino parte de una política de Estado dirigida a silenciar a la oposición y a cualquier forma de disidencia.

La denuncia resalta la responsabilidad de la cadena de mando dentro del régimen, incluyendo a Maduro y otros altos funcionarios, quienes habrían ordenado y facilitado estas violaciones.

Entre las instituciones señaladas se encuentran la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), además de grupos paramilitares conocidos como “colectivos”, que han “actuado con total impunidad bajo la protección del Estado”.

Piden celeridad

Los juristas han pedido a la CPI que actúe con la mayor celeridad, invocando el principio de urgencia penal para prevenir la continuación de estos crímenes y garantizar que los presuntos perpetradores sean llevados ante la justicia.

“Es imperativo que la CPI tome medidas inmediatas para detener las atrocidades que se están cometiendo en Venezuela”, declaró Camille Wagner, una de las firmantes y ex asistente del Fiscal General de Washington D.C. “La justicia no puede esperar cuando se trata de proteger vidas humanas y restaurar el orden democrático”.

Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano de Caracas y uno de los firmantes de la denuncia, dijo que el mundo no puede permanecer indiferente ante la crisis humanitaria y de derechos humanos que atraviesa Venezuela.

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“Es nuestra responsabilidad moral y legal actuar para poner fin a este sufrimiento y llevar a los responsables ante la justicia”, expresó.

El llamado a actuar por parte de la CPI también cuenta con el apoyo de diversas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y el Grupo Iberoamericano para la Justicia Internacional.

Los solicitantes dijeron en el documento que la CPI tiene ahora en sus manos la posibilidad de detener la “impunidad en Venezuela y de ofrecer esperanza a un pueblo que ha sufrido demasiado”.

“La comunidad global espera con ansias una respuesta firme y decisiva por parte de la CPI, confiando en que la justicia prevalecerá y que aquellos que han cometido estos crímenes atroces serán finalmente responsabilizados por sus acciones”, enfatizaron.

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