Jurado de Florida ordena a Chiquita pagar millones a víctimas de paramilitares colombianos

Un jurado federal en West Palm Beach ordenó a Chiquita Brands International a pagar $38.3 millones en daños a las familias de ocho hombres asesinados por un grupo paramilitar en Colombia, en una resolución histórica que podría conducir a mayores riesgos legales para la bananera estadounidense.

Según la demanda presentada contra la empresa en Florida, Chiquita tiene responsabilidad en las muertes porque durante casi una década realizó pagos a las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, agrupación declarada como una organización terrorista por Estados Unidos.

La empresa argumentó durante el caso que no tenía más remedio que pagarle dinero a la AUC para proteger a sus propios trabajadores del grupo armado, conocido por secuestrar a civiles durante las noches y dejar sus cadáveres mutilados para que sean encontrados por sus familiares. La organización se disolvió a principios del 2006.

Abogados que representan a las familias de las víctimas dijeron que el veredicto federal, alcanzado el lunes por la tarde, tendrá implicaciones legales de largo alcance.

“Esta es una maravillosa noticia para todas las víctimas en Colombia. De hecho, esto sentará un precedente que afectará positivamente a todos los demás casos”, dijo el abogado Jonathan Reiter.

“Es un veredicto histórico en el sentido de que no creo que jamás haya habido un veredicto emitido por un jurado en este país contra una corporación estadounidense por violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el extranjero”, agregó.

Al pronunciarse en contra de la compañía, el jurado dijo que Chiquita no había actuado de manera comercial razonable y que se había involucrado en una actividad peligrosa.

Adicionalmente, el jurado también rechazó los argumentos de la empresa de que había actuado bajo coacción cuando pagó a las AUC porque la empresa había sido víctima de extorsión.

Chiquita fue acusada de haberle pagado a la organización paramilitar casi $2 millones entre el 1997 y el 2007.

La empresa no ha emitido ningún comunicado sobre el veredicto del jurado.

Tras el pronunciamiento, los familiares recibirán hasta $2.3 millones por cada víctima, pero el riesgo económico para la empresa es mucho mayor dado que en Colombia familiares de las víctimas han presentado muchos casos similares. “Habrá juicios adicionales y esto será algo positivo para muchos de los afectados”, dijo Reiter.

En 2007, en un acuerdo alcanzado con fiscales federales de Nueva York que evitó que los ejecutivos de la empresa enfrentaran cargos penales, Chiquita admitió haber pagado a las AUC y acordó pagar $25 millones en multas.

Ese acuerdo, sin embargo, no incluía ningún tipo de reparación para las familias de las víctimas. Sus abogados le dijeron al jurado de West Palm Beach la semana pasada que tuviera esto en cuenta antes de comenzar sus deliberaciones.

Autodefensas Unidas de Colombia, eran consideradas por las autoridades estadounidenses como una agrupación de extrema derecha que se financiaba a través de operaciones criminales, incluyendo el narcotráfico.

Durante su época de mayor apogeo, la organización llegó a contar con casi 20,000 miembros activos que luchaban contra elementos de la guerrilla colombiana y perseguían a civiles que sospechaban que tenían vínculos con las organizaciones de izquierda.

En uno de los episodios más infames, miembros del grupo paramilitar llegaron cerca de un pequeño pueblo en el departamento de Meta en 1997 y utilizaron machetes y motosierras para matar y desmembrar a civiles, en lo que más tarde se conoció como la “Masacre de Mapiripán”. Si bien no se sabe exactamente cuántas personas murieron en el incidente, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que fueron al menos 30.

Tras conocer la decisión en Estados Unidos, el presidente colombiano Gustavo Petro dijo que el pronunciamiento deja en evidencia la ineficiencia del sistema judicial de su país.

“¿Por qué la justicia de Estados Unidos pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá?”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X “¿Por qué no pudo (hacerlo) la justicia colombiana?”