Jueza denuncia a Carlos Alpízar, excolaborador del exministro Zaldívar, por intentar interferir en un caso

Leticia Robledo, jueza primera de Distrito en materia de amparo en CDMX, señaló que Carlos Alpízar, actual funcionario en Gobernación y señalado en la denuncia anónima contra el exministro Arturo Zaldívar por presunto tráfico de influencias, la presionó en un caso que llevaba.

De acuerdo con información de N+, a principios de 2021, Robledo Magaña recibió una llamada por parte de Carlos Alpízar, exsecretario general del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para invitarla a su oficina en el piso 14.

“Llega muy relajado, muy sonriente, yo ya bastante inquieta y me dijo que el motivo de mi presencia es que querían hablar conmigo de un asunto (por el) que estaban muy preocupados, por un asunto que tenía yo relativo a un bien inmueble que está en el Estado de México“, relató.

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“Era el rancho del exgobernador de Veracruz”: Testimonio de Leticia Robledo

Se trataba del rancho Las Mesas ubicado en Valle de Bravo, un inmueble asegurado desde 2016 al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y que era reclamado por Moisés Mansur, presunto prestanombres del exmandatario estatal.

“Yo le pregunté si se refería al asunto del señor Duarte. ¿Dónde va promoviendo el señor este que se dice que era prestanombres?’ Y Carlos Alpízar me dice: No, no nos interesa eso, el punto es que el rancho no puede estar parado por una decisión de usted”, declaró la jueza.

Leticia Robledo dijo que se sintió intimidada y ofreció retirarse anticipadamente “con tal de no resolver el asunto a modo”.

Sedena pidió el rancho de Duarte

Días antes de dicha reunión, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió un correo a Carlos Alpízar solicitando apoyo e intervención para quedarse con el rancho, de acuerdo con un oficio de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Ejército que fue filtrado por el grupo Guacamaya.

Después del encuentro, la jueza declaró incompetencia para el caso, señalando que el rancho se encontraba en el Edomex y ella en la Ciudad de México.

“Voy a cumplir 23 años de trabajo en junio próximo y nunca había recibido una llamada de ese tipo. Nunca me habían intimidado, nunca me habían amenazado por parte de la institución”, sostuvo Robledo.

En abril pasado, la juez denunció a Alpízar ante la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura por tratar de incidir en este juicio.

Al ser consultado sobre el tema por N+, Alpízar aseguró nunca haber tratado este tema con ningún juzgador.

Jueza pide a sus compañeros alzar la voz ante presiones 

Leticia Robledo Magaña hizo un llamado a los jueces que han sufrido presiones para que levanten la voz y denuncien ya que considera que “es un deber ético denunciar este tipo de actos”.

“Ahora con la mano en la cintura le hablan a varios titulares para tratar desde asuntos básicos hasta de más relevancia”, declaró en entrevista con Denise Maerker en Radio Fórmula.

La periodista la cuestionó sobre si se necesita hacer una reforma al Poder Judicial, a lo que la jueza respondió que más bien se debe respetar lo que hay, la ley actual, ya que considera que les han quitado garantías.

Sobre la presión que sufrió dijo que no hubo una amenaza particular sobre la resolución del rancho, solo le decían “no queremos que haya consecuencias, estamos preocupadas por usted, queremos que sea sensible en la forma de manejar el asunto de acuerdo a los nuevos tiempos”.

Presiones a jueces

El pasado 9 de abril el Consejo de la Judicatura Federal recibió una denuncia contra Zaldívar y otros exfuncionarios por supuestamente presionar a jueces y magistrados para que cambiaran el sentido de las resoluciones de los casos que llevaban.

La denuncia anónima señala a cuatro altos mandos del Poder Judicial de la Federación y el Gobierno Federal de presionar a más de 70 jueces y magistrados para conseguir una resolución favorable en al menos 18 casos emblemáticos para el gobierno del mandatario Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el documento de admisión de la demanda, quien ejerció principalmente presión contra más de 70 jueces y magistrados fue Carlos Antonio Alpízar Salazar, a quien se le acusa por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción y extorsión.

Sin embargo, días después, cuando Zaldívar anunció que promovería un juicio político contra la ministra Norma Piña por supuesta “intervención en el proceso electoral”, aseguró que sus colaboradores no se reunieron nunca con jueces ni magistrados para presionarlos o tratar asuntos particulares.