Yahoo Noticias Jueza federal Cannon decidirá detalles clave en caso de documentos secretos de Trump
Una jueza federal ocupará el centro del escenario en el caso de los documentos clasificados del ex presidente Donald Trump el martes por la tarde en una sala de Fort Pierce, quien se verá enfrentada a dos preguntas críticas en torno a cómo manejar cientos de registros altamente sensibles sobre la seguridad nacional y cuándo celebrar el juicio políticamente cargado de Trump con las elecciones presidenciales de 2024 en el horizonte.
A la jueza federal de distrito Aileen Cannon se le asignó al azar el caso sin precedentes de 38 cargos que acusan a Trump de retener deliberadamente material secreto en su mansión en Palm Beach y de confabularse con un ayudante para obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperarlos.
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Cannon, una nombrada por Trump y quien que se unió a la judicatura federal en 2020, pidió a ambas partes que estén preparadas para abordar la cuestión del calendario del juicio, así como el crucial intercambio de documentos bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA) en una audiencia el martes a las 2:00 p.m. El equipo de fiscales del fiscal especial está presionando para que el juicio comience en diciembre y los abogados defensores buscan un retraso indefinido debido al enorme volumen de pruebas y las inminentes elecciones presidenciales en las que Trump es el candidato favorito para la nominación republicana.
Algunos expertos dijeron que es comprensible por qué los abogados defensores pueden necesitar más tiempo para prepararse para un juicio tan complejo, pero cuestionaron sus motivos políticos sobre un aplazamiento indefinido, posiblemente más allá de las elecciones de noviembre de 2024, para que, si derrota al titular demócrata Joe Biden, Trump pueda cerrar el caso o indultarse a sí mismo.
“Creo que hay mejores argumentos para conseguir un aplazamiento sustancial, pero al inyectar argumentos políticos en la mezcla están cometiendo un error y harán que el juez reaccione negativamente”, dijo el veterano abogado defensor miamense Mark Schnapp, quien fue fiscal federal en el sur de la Florida.
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Cannon será objeto de un intenso escrutinio por parte de críticos partidistas y observadores legales, pues falló a favor del ex presidente en el nombramiento de un funcionario judicial especial para revisar la incautación por parte del FBI de documentos secretos de la casa de Trump el año pasado. Su decisión, que habría retrasado la investigación del Departamento de Justicia, fue anulada por un panel de jueces de apelación nombrados por el Partido Republicano en un fallo mordaz.
También hay otra curiosidad sobre el histórico caso: mientras que Trump y su coacusado Walt Nauta fueron procesados en el tribunal federal de Miami en junio y julio, respectivamente, el caso fue asignado a la división de West Palm Beach del Distrito Sur de la Florida, que incluye el edificio de tribunales de Fort Pierce, una comunidad costera de clase trabajadora de unos 48,000 habitantes que es la sede del Condado St. Lucie, lo que atrae a un grupo de posibles jurados en una región que apoyó a Trump en las dos últimas elecciones presidenciales.
La semana pasada, en una nueva moción, los equipos de defensa de Trump y Nauta exhortaron a Cannon a posponer indefinidamente la fecha del juicio propuesta por el gobierno, el 11 de diciembre, argumentando que la presión del Departamento de Justicia para procesar a Trump lo antes posible es “insostenible” debido a la amplitud y complejidad del caso de los documentos clasificados.
La moción también fue un esfuerzo por aprovechar la narrativa, tratando de presentar los cargos penales del ex presidente sobre el manejo de documentos secretos como una batalla legal políticamente tensa entre Trump y su sucesor Biden, ya que ambos aspiran de nuevo a la Casa Blanca en 2024.
Aunque los abogados de Trump no propusieron una fecha para el juicio, la sugerencia clara es retrasar cualquier juicio para el favorito para la nominación del Partido Republicano hasta después de la temporada de campaña presidencial del próximo año.
“Este extraordinario caso presenta un serio desafío tanto a los hechos como a la percepción de nuestra democracia”, escribieron los abogados de Trump Christopher Kise y Todd Blanche en una moción a la que se unió Walt Nauta, su coacusado en el caso y ex ayudante personal del presidente.
“La corte ahora preside una acusación promovida por la administración de un presidente en ejercicio contra su principal rival político, él mismo un destacado candidato a la residencia de Estados Unidos”, escribieron en la moción ante la jueza federal de distrito Aileen Cannon, con sede en el tribunal de Fort Pierce. “Por lo tanto, una consideración y un calendario mesurados que permitan una revisión cuidadosa y completa de los procedimientos que condujeron a esta acusación y de las cuestiones jurídicas sin precedentes que aquí se presentan sirven mejor a los intereses de los acusados y del público”.
Retraso del juicio es la gran incógnita
Los expertos que han estado siguiendo la acusación que imputa a Trump haber retenido documentos secretos en Mar-a-Lago y confabularse para obstruir la justicia con Nauta pronostican que la defensa buscaría retrasar el juicio del ex presidente contra de los deseos de Jack Smith, el fiscal especial del Departamento de Justicia Su equipo, en una respuesta presentada el jueves pasado, dijo que “no hay base en la ley o en los hechos para proceder de una manera tan indeterminada y abierta y los acusados no proporcionan ninguna”.
Los expertos dijeron que los factores clave sobre la fecha del juicio incluyen no solo el caso penal sin precedentes contra un ex presidente que se dirige a otra posible elección, sino también el hecho que Trump tiene programado otro juicio penal el próximo marzo en Nueva York relacionado con su presunto pago de dinero por su silencio a una actriz porno durante la campaña de 2016.
Aunque sigue sin estar claro cómo Cannon decidirá esta disputa crítica sobre a la fecha del juicio, Cannon ya eligió a un funcionario de seguridad del gobierno para que custodie los cientos de registros clasificados que se ocuparon en la residencia y el club Mar-a-Lago de Trump a través de una orden de registro el año pasado. El nombre de ese funcionario es secreto.
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Otra cuestión crucial es en dónde se almacenarán esos materiales con marcas de “alto secreto”, “secreto” y “confidencial” —unos 340 documentos clasificados en total, según los fiscales— en el tribunal de Fort Pierce o en otro lugar que sea una “instalación de información sensible compartimentada” para que ambas partes los revisen antes y durante el juicio. (Durante su presidencia, Trump tenía una habitación en su residencia en Mar-a-Lago designada para que él y sus principales asesores revisaran los registros clasificados).
Hasta ahora, según la última presentación de los abogados de Trump, el equipo del fiscal especial ha entregado una montaña de pruebas: más de 428,300 registros que suman 833,450 páginas, incluidos 122,650 correos electrónicos con archivos adjuntos, 305,670 documentos de más de 90 fuentes diferentes y 57 terabytes de imágenes de circuito cerrado de televisión sin comprimir que abarcan nueve meses.
Los abogados defensores apuntaron a ese voluminoso descubrimiento, junto con la desalentadora tarea de revisar materiales clasificados que involucran armas, defensa y programas nucleares de Estados Unidos, como la principal razón para requerir más tiempo para prepararse para el juicio.
Los abogados de Trump dijeron que planean solicitar la desestimación de la acusación de 38 cargos, que incluye 31 cargos que acusan al ex presidente de ocultar deliberadamente materiales clasificados en violación de la Ley de Espionaje, al tiempo que desafían la base legal del fiscal especial para el histórico caso contra el ex presidente.
“La intersección entre la Ley de Registros Presidenciales y los estatutos penales en cuestión nunca ha sido abordada por ningún tribunal y, en opinión de los demandados, dará lugar a la desestimación de la acusación”, dijeron los abogados de Trump Kise y Blanche en la presentación judicial, sin aportar ninguna justificación.
“Otras cuestiones significativas incluyen el estado de clasificación de los documentos y su supuesto impacto en los intereses de seguridad nacional, la conveniencia de usar cualquier prueba ‘secreta’ en un caso de esta naturaleza y la potencial incapacidad de seleccionar un jurado imparcial durante una elección presidencial nacional”, escribieron en la presentación.
“Además, el extenso y voluminoso descubrimiento, junto con los desafíos presentados por el material supuestamente clasificado que aún no se ha presentado, requerirá un tiempo significativo para su revisión y asimilación”.
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