NUEVA YORK.- En una decisión sorpresiva, el juez que preside el juicio contra Donald Trump en Nueva York por sobornos por silencio indicó este viernes que no impondrá castigo alguno en su sentencia que se conocerá el próximo 10 de enero, pero que lo condenará diez días antes de la asunción del presidente electo.

La declaración de culpabilidad pone a Trump en camino de ser el primer presidente en asumir el cargo en Estados Unidos condenado por delitos graves.

El juez Juan M. Merchan, quien presidió el juicio de Trump, señaló en una decisión escrita que sentenciaría al expresidente y futuro presidente a lo que se conoce como descargo condicional, en el que un caso se desestima si el acusado evita ser arrestado nuevamente.

De todas maneras, Merchan rechazó la presión de Trump de desestimar el veredicto y todo el caso por motivos de inmunidad presidencial y debido a su inminente regreso a la Casa Blanca. El juez dijo que no encontró “ningún impedimento legal para sentenciar” a Trump y que le “correspondía” sentenciarlo antes de su juramento el 20 de enero.

“Solo si se pone fin a este asunto” se servirán los intereses de la justicia, escribió Merchan.

La primera reacción de Trump llegó a través de uno de sus voceros que calificó el anuncio del magistrado como una “violación” de la inmunidad presidencial.

“La orden de hoy del profundamente conflictivo juez interino Merchan en la cacería de brujas del fiscal de distrito de Manhattan es una violación directa de la decisión de inmunidad de la Corte Suprema y otra jurisprudencia de larga data”, dijo Steven Cheung, el director de comunicaciones entrante de Trump.

La cuestión de la inmunidad

Antes de la elección de noviembre de Trump, sus abogados intentaron revocar su condena por una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en julio que otorgaba a los presidentes una amplia inmunidad frente a procesos penales. Esa solicitud todavía estaba pendiente cuando la elección planteó nuevas cuestiones.

De todas maneras el fallo de julio de la Corte Suprema se refería a los cargos penales federales relacionados con los esfuerzos de Trump por revertir su derrota electoral de 2020 ante Joe Biden.

“Concluimos que bajo nuestra estructura constitucional de poderes separados, la naturaleza del poder presidencial requiere que un expresidente tenga cierta inmunidad frente al procesamiento penal por actos oficiales durante su mandato”, señaló el presidente de la Corte, John Roberts.

Merchan recordó que el pago de sobornos a Stormy Daniel se realizó en 2016, cuando Trump era un ciudadano común que buscaba llegar a la presidencia.

El caso Stormy Daniels

Trump fue condenado en mayo por 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Se trataba de un presunto plan para ocultar un pago de dinero por silencio a la actriz porno Stormy Daniels en las últimas semanas de la primera campaña de Trump en 2016. El pago se hizo para evitar que ella publicara afirmaciones de que había tenido relaciones sexuales con el casado Trump años antes. Él dice que esa historia es falsa y que no hizo nada malo.

Después de la elección presidencial del 5 de noviembre, Merchan detuvo los procedimientos y pospuso indefinidamente la sentencia para que la defensa y la fiscalía pudieran opinar sobre el futuro del caso.

Los abogados de Trump instaron a Merchan a desecharlo. Dijeron que, de lo contrario, plantearía “interrupciones” inconstitucionales a la capacidad del presidente entrante para dirigir el país.

Los fiscales reconocieron que debería haber algún tipo de ajuste, con vistas a su próxima asunción del cargo, pero insistieron en que la condena debería mantenerse. Para eso, sugirieron varias opciones, entre otras, congelar el caso durante su mandato o garantizarle una sentencia sin cárcel. También propusieron cerrar el caso al tiempo que se señalaba formalmente tanto su condena como su apelación, una idea novedosa extraída de lo que hacen algunos tribunales estatales cuando los acusados penales mueren mientras apelan sus casos.

Pero Merchan dictaminó que el status actual de Trump como presidente electo no le otorga el mismo tipo de inmunidad que a un presidente en funciones y por lo tanto no requiere que se anule el veredicto y se desestime el caso, una noción que el juez describió que sería “drástica” y “rara”.

Hacer eso “socavaría el Estado de Derecho de manera inconmensurable”, escribió Merchan.

El castigo que le hubiera correspondido va desde una multa o libertad condicional hasta hasta cuatro años de prisión. El caso se centró en cómo Trump contabilizó el reembolso a su abogado personal por el pago de Daniels.

El abogado, Michael Cohen, estaba al frente del dinero. Más tarde lo recuperó a través de una serie de pagos que la compañía de Trump registró como gastos legales. Trump, para entonces en la Casa Blanca, firmó él mismo la mayoría de los cheques.

Los fiscales dijeron que la designación estaba destinada a encubrir el verdadero propósito de los pagos y ayudar a encubrir un esfuerzo más amplio para evitar que los votantes escuchen afirmaciones poco halagadoras sobre el republicano durante su primera campaña.

Trump sostuvo que a Cohen se le pagó legítimamente por servicios legales, y que la historia de Daniels fue suprimida para evitar avergonzar a la familia de Trump, no para influir en el electorado.

En aquel momento, Trump era un ciudadano común que hacía campaña para presidente, pero aún no había sido elegido cuando Cohen le pagó a Daniels en octubre de 2016. Pero ya estaba en el cargo cuando Cohen recibió los reembolsos, y Cohen testificó que discutieron el acuerdo de pago en la Oficina Oval.

Trump, un republicano, denunció el veredicto como el resultado “amañado y vergonzoso” de una “caza de brujas” llevada a cabo por el fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg.

El caso de dinero para silenciar fue el único de las cuatro acusaciones penales de Trump que llegó a juicio.

Agencia AP y diario The Washington Post