José Rubén Zamora, el fundador de elPeriódico de Guatemala, es condenado a prisión

El juicio al periodista, condenado por lavado de dinero y sentenciado hasta seis años de prisión, se produjo, aseguran los críticos, cuando la democracia en el país se desmorona.

Uno de los periodistas de más alto perfil de Guatemala fue condenado el miércoles por lavado de dinero y sentenciado a hasta seis años de prisión, en un juicio que fue denunciado por defensores de los derechos humanos y de la libertad de expresión como otro indicio del deterioro del Estado de derecho en Guatemala.

El periodista, José Rubén Zamora, fue juzgado por cargos de irregularidades financieras que, según los fiscales, se centran en sus negocios y no en su trabajo periodístico. Fue absuelto de chantaje y tráfico de influencias y se le impuso una multa de alrededor de 40.000 dólares.

Zamora fue el fundador y director de elPeriódico, un diario líder en Guatemala que investigaba con regularidad la corrupción gubernamental, incluidas las acusaciones contra el actual presidente, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, María Consuelo Porras.

Para los activistas que defienden la libertad de expresión y los derechos civiles en Guatemala, el veredicto y sentencia del miércoles, emitido por un panel de jueces, fue otro golpe a la frágil democracia guatemalteca, ya que el gobierno y sus aliados han apuntado repetidamente a instituciones clave y medios de comunicación independientes.

Zamora, de 66 años, ha negado en repetidas ocasiones haber actuado mal y acusó al gobierno de tratar de silenciar a sus críticos.

“Tenemos una dictadura’’, dijo Zamora durante una breve pausa antes del veredicto, que se dio dentro de un juzgado en Ciudad de Guatemala, la capital. “Una dictadura velada, multipartidista, tiránica”.

Zamora también enfrentaba muchos años más en prisión pero los jueces consideraron que la evidencia presentada para sustentar los otros cargos era insuficiente.

Rafael Curruchiche, quien lidera la oficina especial de la fiscalía contra la impunidad, dijo el miércoles a los periodistas que las autoridades intentarían conseguir una sentencia de 40 años de prisión para Zamora.

“Si él decía que luchaba contra la corrupción, pues ahora él es parte de esa corrupción”, dijo Curruchiche. “Él es un corrupto”.

Los grupos que defienden la libertad de expresión deploraron el resultado del juicio.

La condena de Zamora sirve como “cruel testamento de la erosión de la libertad de expresión en el país y de los intentos desesperados del gobierno del presidente Alejandro Giammattei para criminalizar el periodismo”, dijo Carlos Martínez de la Serna, director de programa en el Comité para la Protección de los Periodistas en Nueva York.

El juicio también se produjo cuando el país se dirigía hacia una elección presidencial este mes que ha estado plagada de irregularidades, con cuatro candidatos de la oposición descalificados antes de la contienda.

“El Estado de derecho está roto”, dijo Ana María Méndez, directora para Centroamérica de WOLA, un instituto de investigación con sede en Washington antes del veredicto. El caso de Zamora, agregó antes del veredicto, representa “un paso más hacia la consolidación de una dictadura” en Guatemala.

Sin embargo, a diferencia de otros países centroamericanos, como Nicaragua y El Salvador, donde la democracia también se ha erosionado, el poder en Guatemala no se concentra en una familia o un individuo, dijo Méndez. En Guatemala, agregó, “el autoritarismo se ejerce por redes ilícitas que están conformadas por la élite económica, la élite militar y el crimen organizado en contubernio con la clase política”.

Durante su cargo al frente de elPeriódico, Zamora fue demandado decenas de veces, principalmente por difamación, demandas interpuestas por parte del gobierno como resultado de la cobertura del diario. Pero su enfrentamiento legal más serio con las autoridades se inició en julio, cuando fue puesto en detención preventiva acusado de diversos delitos.

Como parte del caso de la fiscalía, las cuentas bancarias de elPeriódico fueron congeladas, lo que dificultó sus finanzas antes de que cerrara sus puertas de manera definitiva el mes pasado.

El principal testigo del caso fue un exbanquero, Ronald Giovanni García Navarijo, quien dijo a los fiscales que Zamora le pidió que lavara 300.000 quetzales guatemaltecos, o casi 40.000 dólares. También afirmó que Zamora lo había obligado a pautar publicidad de paga anual en el periódico para evitar recibir una cobertura poco halagüeña.

Pero la acusación no presentó ninguna prueba que demostrara que Zamora hubiera obtenido el dinero de manera ilegal. La mayor parte de los fondos, que según Zamora eran para pagar los salarios de los empleados del periódico, provenían de un empresario que no quería que se revelara su conexión con elPeriódico por temor a represalias.

Su defensa se vio obstaculizada por varias medidas tomadas por los fiscales y una organización de extrema derecha que apoya a la fiscal general, la Fundación Contra el Terrorismo. Según los críticos, la fundación ha tratado de intimidar a algunos de los abogados de Zamora.

Pasó por nueve abogados defensores, y al menos cuatro han sido acusados ​​de obstrucción de la justicia por su papel en el caso.

“La defensa de Zamora se ha visto obstaculizada desde el primer día por una puerta giratoria de abogados defensores”, dijo Stephen Townley, director legal de la iniciativa TrialWatch de la Fundación Clooney para la Justicia, un grupo defensor de derechos. “Cuatro de sus abogados han sido procesados ​​por las autoridades guatemaltecas. Otros parecían no tener acceso a los materiales de sus predecesores”.

Un juez que había estado presidiendo el caso anteriormente no permitió que Zamora presentara ningún testigo y rechazó la mayoría de las pruebas que trató de presentar por considerarlas irrelevantes.

José Carlos Zamora, hijo de Zamora y quien también es periodista, calificó el juicio como “una persecución política”.

Por su parte, Giammattei, refiriéndose al caso contra Zamora, ha dicho que ser periodista no le da a una persona el “derecho a cometer actos criminales”.

Aun así, su gobierno ha sido acusado por grupos de derechos humanos de usar el sistema de justicia para atacar a cualquiera que lo desafíe. Los casos de corrupción y derechos humanos se han estancado y el sistema de justicia ha sido “secuestrado” por una red de actores corruptos, según un informe de WOLA.

Desde 2021, casi tres decenas de jueces, fiscales anticorrupción y sus abogados han huido de Guatemala, al igual que 22 periodistas que dijeron haber sido amenazados por su trabajo.

Cuando en 1996 se fundó elPeriódico, Guatemala estaba entrando en un periodo más esperanzador luego de una brutal guerra civil que duró casi cuatro décadas y dejó cientos de miles de muertos o desaparecidos. Para muchos guatemaltecos agotados, existía la sensación de que la democracia se estaba afianzando y que el gobierno gobernaría con transparencia.

Un panel internacional de investigadores respaldado por la ONU trabajó 12 años junto con el poder judicial de Guatemala para exponer la corrupción en la élite del país, incluidos altos funcionarios gubernamentales y empresarios, antes de ser expulsado del país en 2019 por el presidente anterior, a quien el panel estaba investigando.

“Lo que vemos hoy es un sistema que quiere seguir protegiendo esa clase de prácticas”, dijo Daniel Haering, analista político en Ciudad de Guatemala.

El caso de Zamora y la desaparición de su periódico hacen retroceder los esfuerzos para hacer que el gobierno rinda cuentas por sus acciones, dijo Méndez, de WOLA.

“¿Quién va a decir ahora la verdad en Guatemala?”, dijo. “Quedará un vacío enorme”.

El país se está preparando para las elecciones nacionales del 25 de junio, que según los grupos de derechos civiles ya se han visto empañadas.

Entre los candidatos a los que se les ha prohibido participar está Carlos Pineda, un populista conservador, que se había comprometido a luchar contra la corrupción y que, según una encuesta reciente, había ascendido a puntero. El tribunal supremo de Guatemala lo retiró de la contienda por acusaciones de que los métodos que usó el partido de Pineda para elegirlo como su candidato habían violado la ley electoral.

El caso de Zamora también ha entrampado a los periodistas simplemente por cubrirlo. Ocho reporteros, editores y columnistas están siendo investigados por obstrucción a la justicia tras escribir sobre el proceso para elPeriódico. La mayoría se ha ido de Guatemala.

Desde que Giammattei asumió el cargo en enero de 2020, el Asociación de Periodistas de Guatemala ha documentado 472 casos de hostigamiento, agresiones físicas, intimidación y censura contra la prensa.

El miércoles, Zamora dejó en claro que iba a apelar el veredicto y que acudiría con su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos. “Todos mis derechos han sido violados”, dijo en una declaración final ante el tribunal.

c. 2023 The New York Times Company