Irinea Buendía exige justicia plena en caso de feminicidio de su hija

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Irinea Buendía Cortez, madre de Mariana Lima Buendía, quien fue víctima de feminicidio por su esposo Julio César Hernández Ballinas, se manifestó este viernes frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para denunciar que no se ha logrado la reparación del daño y tampoco se han impulsado medidas de no repetición en el caso de su hija.

A más de ocho años de que la SCJN ordenó reabrir el caso ocurrido en 2010, en Chimalhuacán, Estado de México, la señora Irinea regresó al máximo tribunal del país con una sentencia de 70 años de prisión contra el esposo de su hija.

Sin embargo, denunció que no se le ha reparado el daño y no se han impulsado las medidas de no repetición, por lo que consideró que justicia a medias, no es justicia.

Acompañada de familiares de víctimas de desaparición y feminicidio en el país, Irinea Buendía agradeció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el amparo que concedió en 2015 para que el caso de su hija se reabriera en la Fiscalía del Estado de México, se investigara como feminicidio y se lograra una sentencia contra el feminicida

"Vino a romper la cadena de impunidad, vino a darle la perspectiva de género en donde toda muerte violenta de mujeres y niñas tiene que ser investigada con perspectiva de género para poder acreditar que se trata de un feminicidio", expresó.

Buendía recordó que la sentencia de la Primera Sala de la SCJN estableció un parámetro para que todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas con perspectiva de género, mismo que no se ha aplicado en el país.

"Tienen que leer (la sentencia), el conocimiento no les va a caer del cielo. Si no leen esa sentencia Mariana Lima Buendía que trae criterios, estándares y dice claramente qué es lo que se tiene que hacer cuando se trata de la investigación de un feminicidio y no es nada más como a ellos se les ocurra hacer esas investigaciones.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación da tres efectos y son muy claros: Investigar con perspectiva de género y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas para acreditar un feminicidio, incluidos suicidios y accidentes, en las 32 fiscalías de los 32 estados. Sancionar a servidores públicos corruptos que incurran en omisión en las diligencias y obstruyan la justicia y el tercero efecto es reparar el daño", indicó.