Sobre la importancia de denunciar la corrupción en México

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Un importante hito hacia la prevención y el combate a la corrupción es contar con visibilidad e información suficiente sobre las denuncias de actos indebidos a nivel nacional, federal y municipal. Las denuncias contenidas en registros oficiales permiten a las autoridades planear y ejecutar la política pública anticorrupción. Lo anterior permitirá además conocer a profundidad la forma en la que opera la corrupción y el impacto que tiene en la sociedad.

México es un país con una de las cifras negras (delitos no denunciados) más altas en el mundo. Se calcula que durante 2022 ocurrieron alrededor de 26.8 millones de delitos, de los cuales 92.4 % no fueron denunciados penalmente, o la autoridad correspondiente no inició una carpeta de investigación. 1 Igualmente, se conoce que solamente el 5 % de los presuntos actos de corrupción fueron denunciados –aproximadamente 170 mil actos de corrupción–. 2

Además, la corrupción afecta negativamente el desarrollo económico, social y político de México, lo que da especial importancia a las denuncias generadas por las diferentes conductas que configuran delitos relacionados con hechos de corrupción y faltas administrativas graves.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)3 2021, estimó que el costo total de la corrupción en actividades relacionadas con la vida cotidiana de los hogares, es decir, el costo de la corrupción para la población mexicana en lo general, relacionado con el realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, ascendió a 9,500 millones de pesos, lo cual representa 3,044 pesos promedio por persona afectada. 4

Tabla con los costos a consecuencia de la corrupción.
Imagen y datos de la ENCIG 2021.

Aunque la lucha contra la corrupción ha sido un tema relevante durante décadas, y en 2015 se reformó el artículo 113 Constitucional para dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y para combatir este fenómeno de manera efectiva y coordinada, fomentar la denuncia de la corrupción sigue siendo un gran pendiente en este proceso. Ello tiene un impacto significativo en la construcción de un México más justo y transparente, en donde constantemente la población percibe el incremento de la impunidad y corrupción.

De acuerdo con los hallazgos del Informe de Sociedad Civil sobre la implementación de los Capítulos II y V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés) en México, 5 la regulación en materia de mecanismos de denuncia y de protección a denunciantes en el país resulta deficiente en relación con el contenido de tratados y recomendaciones internacionales. Además de no existir una ley específica en la materia, el marco actual no considera incentivos para denunciantes, acciones para evitar las represalias, ni la reparación del daño por actos de corrupción, por lo que se requiere una reforma sólida sobre protección a denunciantes –el enfoque de medidas de protección de México se centra en alertadores internos–, reserva de identidad, y los incentivos por denuncia efectiva.

De manera particular, el informe señaló que existe contravención al artículo 36 de la UNCAC en tanto que no se prevé ni para el régimen administrativo ni para el penal un organismo independiente para la atención de las denuncias y para la protección de denunciantes en contra de actos de intimidación y represalia. A su vez, reconoció que el contexto de inseguridad y violencia en México hace latente la necesidad de una normativa con procesos de coordinación interinstitucional orientados a lograr una aplicación efectiva que otorgue la protección necesaria y garantice la seguridad de los denunciantes y la efectividad de las denuncias.

Dentro de los principales retos que enfrenta la ciudadanía para presentar quejas y denuncias se encuentran la carencia de esquemas eficaces de protección y anonimato de los denunciantes; falta de un marco normativo y de procedimientos adecuados que protejan efectivamente a servidores públicos y ciudadanos que denuncian hechos de corrupción; falta de confianza en las autoridades, sobre todo en las Unidades de Control Interno u homólogas; falta de capacidades institucionales (presupuesto, personal y profesionalización), entre otras. Lo anterior se destaca a partir de lo planteado en la Política Nacional Anticorrupción, y con datos del INEGI.

En términos de esa política, “existe una preocupación por la veracidad, impacto y condiciones en las que se presentan las denuncias, por lo que es necesario construir un mecanismo de validación explícito y transparente, que brinde confianza a la ciudadanía y a los servidores públicos para la presentación de denuncias”. 6 Esto sin contar las posibles represalias, en un país con altos niveles de violencia.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como llave a las denuncias

El SNA es un conjunto de leyes, políticas y mecanismos que busca prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en el ámbito gubernamental y en la sociedad en general. La creación del SNA representó un importante paso en la lucha contra la corrupción en México, ya que promovió la colaboración entre diversas instituciones gubernamentales y la ciudadanía para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. El SNA ha establecido un marco legal sólido que permite la denuncia de actos de corrupción de manera efectiva, tanto en el ámbito penal 7 como en el administrativo, 8 tanto para el sector público como para el privado; consecuentes con lo previsto en la UNCAC.

En su origen, el SNA consideró a las denuncias como uno de los ejes fundamentales, las cuales están señaladas tanto en la Política Nacional Anticorrupción (PNA), como en uno de los seis Sistemas de la Plataforma Digital Nacional (PDN). 9

La PNA en su Eje 1, “Combatir la corrupción y la impunidad”, describe las prioridades desde las cuales se espera trabajen las instancias del SNA para abordar los temas fundamentales antes mencionados de corrupción-impunidad, lo cual tiene un hilo conductor importante, que es la presentación, procesamiento y resolución de denuncias. Se presenta esa información a continuación: 10

Prioridades del Sistema Nacional Anticorrupción para combatir este delito.
Fuente: Elaboración propia con infomación de la PNA.

En lo que se refiere al Sistema o Prioridad “5” relativo a denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción de la PDN, actualmente en construcción, “permitirá establecer un canal único para la denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción y simplificará su presentación, trámite y seguimiento, generando información relevante para el Sistema Nacional Anticorrupción”. 11

Tanto en la PNA como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) está previsto que las autoridades investigadoras establezcan “áreas y medios electrónicos suficientes y de fácil acceso con personal capacitado para proveer orientación a cualquier persona que quiera presentar denuncias por presuntas faltas administrativas”. Asimismo, en el artículo 93 de la ley referida, se señala que las denuncias podrán formularse por escrito, debiendo contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad por la comisión de faltas administrativas y pudiendo presentarse directamente ante la autoridad investigadora competente o ante la Plataforma Digital Nacional (PDN), que deberá contener el Sistema de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y hechos de Corrupción, como lo señala el artículo 49 de la LGSNA”. 12

Denunciar la corrupción como un deber ciudadano

Denunciar la corrupción es un deber ciudadano al que aspiramos todos, pues se espera que esto vigorice y estimule a nuestras instituciones dentro  del siguiente círculo virtuoso: 13

Gráfica con las denuncias ciudadanas sobre corrupción.
Fuente: Elaboración Propia.

El Comité de Participación Ciudadana, por ejemplo, tiene un protocolo mínimo para la recepción y canalización de denuncias ciudadanas; sin embargo, requiere de un mecanismo sólido y duradero para que dichas denuncias puedan no solo presentarse ante las autoridades, sino que se puedan registrar y dar seguimiento dentro del Sistema 5 de la PDN. Lo anterior permitirá dar cumplimiento al artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA)14 y sobre todo, fortalecer la confianza de las personas en las instituciones y el SNA.

Razones por las cuales las denuncias son cruciales para el combate a la corrupción

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en su artículo 39, numeral 2, menciona que cada Estado Parte considerará la posibilidad de alentar a la ciudadanía a denunciar ante los organismos nacionales de investigación y el ministerio público la comisión de todo delito tipificado en la UNCAC. 15

Por lo anterior, a continuación se presentan cinco razones para que el Comité Coordinar del SNA centre su atención en el fortalecimiento de las denuncias:

  1. Fomento de la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Las denuncias públicas y privadas contribuyen a exponer la corrupción, lo que presiona a las autoridades a actuar y tomar medidas para su no repetición. Esto fomenta un ambiente más transparente y la rendición de cuentas, reduciendo la impunidad para estos delitos. Por lo anterior resulta importante apoyar a los colectivos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general que denuncia y visibiliza hechos que podrían constituir faltas administrativas graves o delitos.

  2. Fortalecimiento del Estado de Derecho. La denuncia de actos de corrupción contribuye al fortalecimiento del estado de derecho, ya que ayuda a garantizar que la normativa sea aplicable de manera justa y equitativa, además presupone que se tendrá oportunidad de evaluar su efectividad, y en su caso, hacer ajustes en las políticas públicas en la materia.

  3. Combate a la impunidad. La corrupción a menudo está vinculada a la impunidad. Al denunciar actos de corrupción, se abre la posibilidad de que los responsables sean llevados ante la justicia y sancionados, lo que desincentiva la comisión de futuros actos de corrupción, disminuye la cifra negra y ayuda a profesionalizar la operación cotidiana de las instituciones.

  4. Mejora en la calidad de los servicios públicos. La corrupción reduce los recursos del sector público, impactando negativamente la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Denunciar ayuda a identificar y eliminar prácticas corruptas, lo que se traduce en una mejora en el suministro de servicios esenciales.

  5. Desarrollo económico y social. La corrupción socava el desarrollo económico y social, ya que desvía recursos, disminuye oportunidades y la posibilidad de satisfacer las necesidades más básicas, sobre todo de las personas con menos recursos. Denunciar contribuye a la distribución más justa de recursos y al desarrollo sostenible de México.

En resumen, la importancia de denunciar la corrupción en México es innegable. A través de las personas que trabajamos en el Sistema Nacional Anticorrupción, la denuncia debe ser un medio efectivo para combatir este problema y generar los medios suficientes para prevenir, detectar y sancionar la corrupción.  Al asumir la coresponsabilidad de denunciar la corrupción, la ciudadanía y las personas servidoras públicas abonamos al fortalecimiento del Estado de Derecho en México.

* Vania Pérez Morales es consejera del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (@ComiteCPC) y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Este artículo fue posible a la ayuda de la organización Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, A.C. (DLM) y sus conclusiones en el informe de la UNCAC Coalition, disponible en el Informe de sociedad civil sobre la Implementación del Capítulo II (Prevención) & Capítulo V (Recuperación de Activos) de la UNCAC.

 

1 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, disponible aquí.

2 Sistema Nacional Anticorrupción. (2018). Propuesta de Política Nacional Anticorrupción. Ciudad de México. Obtenido de acá.

3 El objetivo de la ENCIG es “recabar información sobre las experiencias y la percepción de la población con trámites y servicios públicos proporcionados por los diferentes niveles de gobierno, incluyendo servicios de seguridad pública y justicia; que aporte elementos para la toma de decisiones de política pública”. Disponible aquí.

4 Ídem.

5 Disponible aquí.

6 Política Nacional Anticorrupción, p. 69. Disponible aquí.

7 Ver el Título Décimo del Código Penal federal que contiene los Delitos por hechos de corrupción. Disponible aquí.

8 Ver faltas administrativas incluidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Disponible aquí.

9 Con la PDN “las autoridades encargadas de la lucha anticorrupción pueden tomar decisiones basadas en evidencia a partir de grandes cantidades de datos. El desarrollo de la PDN considera seis sistemas contemplados en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA): Sistema 1 | Evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal (S1). Sistema 2 | Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas (S2). Sistema 3 | Servidores públicos y particulares sancionados (S3). Sistema 4 | Información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización (S4). Sistema 5 | Denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción (S5). Sistema 6 | Información Pública de Contrataciones (S6)”. Disponible aquí.

10 Política Nacional Anticorrupción, op.cit.

11 PDN. Disponible aquí.

12 Política Nacional Anticorrupción, op. cit., p. 69.

13 Basado en el modelo planteado por Vania Pérez. Disponible aquí.

14 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Disponible aquí.

15 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Disponible aquí.