Hombre de Broward fue acusado de fraude electoral. Luego le enviaron una nueva tarjeta de elector

El gobernador Ron DeSantis promovió públicamente el arresto de unas 20 personas que, según él, se inscribieron y votaron ilegalmente en 2020. Pero meses después, al menos dos de las personas arrestadas siguen en los padrones electorales de la Florida.

Nathaniel Singleton, quien no es elegible para votar debido a una condena por homicidio en segundo grado, recibió una nueva tarjeta de elector del supervisor de Elecciones Broward el 13 de septiembre, casi un mes después que DeSantis celebró una conferencia de prensa para informar de su arresto.

Y Ramona Oliver, también inelegible debido a una condena por homicidio en segundo grado, todavía está en las listas, un hecho que pasó inadvertido para la administración de DeSantis a pesar que la arrestó casi tres meses después de inscribirse para votar.

En vísperas del día de las elecciones, ambos seguían inscritos en el registro electoral, una prueba más, según los observadores, de la desorganización en el Departamento de Estado de DeSantis, responsable de encontrar y eliminar a los electores inelegibles de las listas.

“La mano izquierda no está hablando con la mano derecha”, dijo el senador Jeff Brandes, republicano de St. Petersburg. “Esto se ha convertido en costumbre en la oficina del secretario de Estado”.

Nueva oficina estatal se encarga de investigar

Los arrestos de agosto fueron promovidos como la primera iniciativa importante de la nueva Oficina de Delitos Electorales y Seguridad del estado, una oficina que DeSantis impulsó durante la sesión legislativa de 2022. Todos los arrestados eran inelegibles porque tenían condenas anteriores por homicidio o delitos sexuales graves.

Para infringir la ley, los electores tenían que votar “voluntariamente” cuando no eran elegibles. Pero muchos de ellos han dicho que creían que eran elegibles, ya que se les expidieron tarjetas de identificación de elector después de ser autorizados por el Departamento de Estado. Los videos de algunos de sus arrestos recogen su confusión.

En el caso de Singleton, no está claro cómo se le expidió otra tarjeta de identificación de elector.

El abogado de Singleton, Adam Goodman, dijo que su cliente no se registró para votar de nuevo después de su arresto. Tras ser arrestado, Singleton, de 77 años, dijo a CBS4 que no sabía que era inelegible para votar.

“Si estuviera tratando de votar ilegalmente, nunca habría ido a la oficina del Supervisor de Elecciones”, dijo Singleton en septiembre.

Pero el portavoz del supervisor de Elecciones de Broward, Iván Castro, dijo que parecía que Singleton se había vuelto a inscribir, aunque no pudo proporcionar de inmediato los documentos de inscripción. Castro dijo que Singleton recibió una nueva tarjeta de elector el 13 de septiembre. (El portal digital del Condado Broward indica que se inscribió el 30 de junio).

Cuando se le pidió más información sobre cómo se le permitió registrarse de nuevo, Castro dijo: “Sus preguntas las responderá mejor el secretario de Estado”.

Si Singleton se registró de nuevo, es probable que se le aplique otro delito de tercer grado, castigado con hasta cinco años de prisión.

El cambio de nombre complica un caso

En el caso de Oliver, el estado aparentemente desconocía que estaba inscrita en el registro.

Oliver, de 56 años, con su nombre de soltera Ramona Brown, fue eliminada de las listas en marzo, dijo la portavoz del Supervisor de Elecciones del Condado Hillsborough, Gerri Kramer. El 24 de mayo, se inscribió de nuevo con “Oliver”, su nombre de casada, dijo Kramer. Ese fue el mismo día en que actualizó su licencia de conducir con su nombre de casada, dice su declaración jurada de arresto.

“Ese registro fue verificado por el Departamento de Estado”, dijo Kramer en un comunicado.

Los agentes de la Oficina de Delitos Electorales y Seguridad de DeSantis estaban al tanto de su cambio de nombre, ya que la acusaron como Romona Oliver. Pero aparentemente no sabían que seguía en las listas, ya que solo se la acusó de registrarse para votar una vez, en febrero de 2020.

No fue hasta finales de octubre, cuando un reportero notificó al supervisor del Condado Hillsborough, que se dieron cuenta de que Oliver todavía estaba en las listas, dijo Kramer. Notificaron a la Policía Estatal y comenzaron el proceso para eliminarla. El 25 de octubre, el Departamento de Estado notificó al condado que Oliver no era elegible.

El 26 de octubre, el condado envió a Oliver un aviso de que no era elegible para votar, dijo Kramer.

“Ramona Oliver será eliminada de la lista de electores una vez que haya pasado el tiempo requerido, de acuerdo con [la ley estatal]”, dijo Kramer.

El abogado de Oliver, Mark Rankin, dijo que ella se registró varias veces porque se casó y tuvo un cambio de nombre y de domicilio.

“No tengo conocimiento de que ella haya recibido ninguna notificación de que sería eliminada de las listas de electores”, dijo Rankin en un mensaje de texto. “La primera vez que se enteró de cualquier problema fue el día en que fue arrestada”.

La Enmienda 4 creó una ‘pesadilla administrativa’

El sistema de la Florida para determinar la elegibilidad de los electores se ha convertido en una “pesadilla administrativa”, en palabras de un juez federal, desde que los electores aprobaron la Enmienda 4 en 2018.

La enmienda eliminó la prohibición de por vida de la Florida sobre el derecho de voto de los delincuentes, pero no aplicó a las personas con homicidios o delitos sexuales graves en sus registros o para cualquier persona que no haya completado “todos los términos” de su sentencia, incluida la libertad condicional y cualquier obligación financiera pendiente.

Antes de la Enmienda 4, el Departamento de Estado se limitaba a verificar si alguien tenía un delito grave en su historial. Ahora tiene que verificar el tipo de delito, si la persona sigue en libertad condicional y si todavía debe tarifas judiciales, multas penales o restitución a las víctimas, información que a menudo es difícil o imposible de determinar.

La anterior secretaria de Estado, Laurel Lee, pidió que se contratara a más personas para ayudar a eliminar a los electores inelegibles, pero DeSantis no cumplió la solicitud hasta este año, cuando se asignaron $1 millón y 15 nuevas plazas.

El actual secretario, el ex representante estatal Cord Byrd, ha argumentado que los propios electores potenciales son responsables de determinar si pueden votar.

Aproximadamente una semana después de los arrestos de agosto, el Departamento de Prisiones emitió un formulario actualizado para que todos los que están en libertad condicional firmen atestiguando “que únicamente usted debe determinar si está legalmente calificado para votar”.

“Parece haber un persistente y completo malentendido del proceso de verificación del departamento y de los procedimientos estatutarios para añadir electores a las listas de registro”, dijo el portavoz del departamento, Mark Ard.

Cuando alguien se inscribe para votar, tiene que marcar una casilla indicando bajo pena de perjurio que no es un delincuente condenado, “o si lo soy, mi derecho a votar ha sido restaurado”.

Si marcan la casilla, el departamento verifica la autenticidad del número de la licencia de conducir de la persona, el número de la tarjeta de identificación de la Florida o los últimos cuatro dígitos del número del Seguro Social. Si todo cuadra, la persona se incorpora al padrón, dijo Ard.

Después de eso, el departamento, basándose en la ley de la Florida, toma medidas para ver si la persona es elegible, incluyendo verificaciones diarias contra otras bases de datos del gobierno, dijo Ard. Sin embargo, el proceso puede durar años: muchos de los arrestados permanecieron en las listas hasta tres años.

“Si los floridanos desean que se modifique este proceso, deben ponerse en contacto con su representante legislativo para cambiar los estatutos actuales”, dijo Ard.

La Florida Rights Restoration Coalition, un grupo activista del derecho al voto que lideró la iniciativa de la Enmienda 4, ha dicho que los arrestos son la evidencia de un “sistema averiado”.

“Esto solo pide a gritos una reforma inmediata después de las elecciones”, dijo Neil Volz, subdirector de la coalición, al referirse a la expedición de una nueva tarjeta de identificación de elector a Singleton. “Nuestras elecciones valen la pena, el pueblo de la Florida vale la pena”.