Un proyecto del Gobierno porteño para agilizar la habilitación de un local comercial, de modo tal que se pueda completar en solo 15 minutos, será debatido en la Legislatura como parte de una propuesta oficial que prevé la derogación de ordenanzas antiguas. Además, plantea cambios normativos que fueron objetados por la oposición, como quitar la obligatoriedad a bares de contar con una expendedora de preservativos y la confirmación del horario de cierre de los boliches bailables a las 7 de la mañana.

Las reformas, casi un centenar, serán votadas mañana en el recinto legislativo luego de ser evaluadas en comisiones durante semanas por los diputados de la ciudad, quienes plantearon dudas y críticas sobre algunas de las medidas. La intención del oficialismo es simplificar trámites y eliminar restricciones obsoletas, algunas de ellas, que datan de inicios del siglo XX.

El proyecto fue presentado en septiembre por la administración de Jorge Macri, quien remarcó la intención de “reducir la carga burocrática y de costos” a los comerciantes mediante la eliminación de algunos trámites y la simplificación de otros a los que se enfrentan al momento de, por ejemplo, iniciar una habilitación.

Tras varias reuniones, los diputados firmaron el dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico y llevarán el tema al recinto, en lo que será la última sesión ordinaria del año, en la que también se tratarán leyes como la del Presupuesto porteño y la reforma al Código Urbanístico.

El Gobierno porteño estimó que los cambios facilitarán las gestiones administrativas de más de 130.000 locales comerciales y representarán un ahorro para quienes emprenden y generan trabajo en la Ciudad de más de 70.000 millones de pesos.

El proyecto introduce la posibilidad de habilitar un local comercial de menos de 200 metros cuadrados “en 15 minutos” con la presentación de una declaración jurada de manera virtual por parte del emprendedor. Además, simplifica el trámite del “sistema de autoprotección” para controlar riesgos, cuya falta de cumplimiento puede derivar en una clausura.

Para el sector hotelero, se instala la digitalización de la información mediante códigos QR y se elimina la obligatoriedad de mantener folletos impresos. Y amplía la vigencia de uno a tres años de la habilitación de los “foodtrucks”, un segmento comercial que registra un fuerte crecimiento en los últimos años.

Gimena Villafruela, del bloque Vamos por Más, explicó que se busca “un ordenamiento normativo y una optimización de procesos y de costos, con un objetivo central que tiene que ver con cómo poder seguir impulsando la actividad económica, no solo para el inicio, sino que también para poder sostenerla en el día a día”.

Los puntos polémicos que generaron resistencia

Uno de los artículos que generó dudas durante el debate en la comisión está vinculado a la nocturnidad en la ciudad y al funcionamiento de los boliches bailables. En la actualidad, el Código de Habilitaciones distingue tres categorías de locales de baile: los de Clase A, B y C. Y establece, para cada una, diferentes regulaciones y alcances, por ejemplo, del horario de apertura y cierre.

La simplificación propuesta deja solo los locales de baile Clase C y elimina las escalas A y B. Y tiene sentido ya que, en el primer rango, perduraban definiciones como la autorización de ingreso “de público femenino con la condición de que se cumplan recaudos como que se trate de mujeres acompañadas por personas del otro sexo”.

La unificación de estatus, sin embargo, generó una controversia en el ámbito legislativo. Desde la oposición indicaron que “se está sacando la restricción horaria” de las 4 de la madrugada que, entienden, rige para el funcionamiento de los sitios de Clase C y se impulsa la extensión del cierre a las 7. Para el oficialismo, la norma ya dispone ese horario en la actualidad.

“Esta modificación es meramente por ordenamiento normativo para poder adecuarla al Código Urbanístico que refiere solo a locales de baile de Clase C”, explicaron fuentes del Gobierno porteño, que relativizaron las preocupaciones vertidas por las bancadas opositoras.

El segundo cambio que despertó opiniones encontradas en el debate entre los diputados fue el cambio de carácter de obligatorio a optativo de la presencia de una máquina expendedora de preservativos en bares, confiterías, restaurantes, teatros, locales de baile y clubes de música.

Según argumentaron desde el Ejecutivo porteño, la medida respondió, en su momento, a que estos locales eran los únicos que permanecían abiertos en horario nocturno; sin embargo, en la actualidad esta situación cambió y “hay farmacias y kioscos que están disponibles las 24 horas”.

Señalaron también que los empresarios gastronómicos les manifestaron que los clientes no solicitaban los preservativos y que terminaban desechándolos porque se vencía la fecha de uso.

El legislador de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, marcó su desacuerdo con que sea optativo y tildó a la propuesta de picardía regulatoria. “Hay que eliminar la norma porque fue bien intencionada, pero, hoy por hoy, carece de sentido”.

La legisladora Sol Méndez, de Confianza Pública, recordó que la obligatoriedad está estipulada en una ley nacional para proveer gratis los preservativos. “Si bien sabemos que existen farmacias y kioscos, la ley dice que tienen que ser gratuitos y es importante que así siga siendo en la ciudad”.

Otra de las discordias fue la propuesta del Ejecutivo para facilitar la habilitación de comercios para que solo demande 15 minutos. Actualmente, el proceso lleva más de 20 días y cerca de unos $250.000 de contratación de un profesional, como un arquitecto o ingeniero, de acuerdo con datos del Gobierno porteño.

Los legisladores introdujeron cambios a este artículo que planteaba locales de menos de 500 metros cuadrados y lo fijaron en menos de 200 metros cuadrados. Quedó vigente que el comerciante solamente debe presentar una declaración jurada para efectuar el trámite.

Para Claudia Neira, de Unión por la Patria, “obviamente que quien quiere habilitar un negocio, tiene que poder hacerlo rápidamente, pero que solo deba presentar una declaración jurada y que no tenga ningún tipo de chequeo, ni siquiera exprés, lo deja en una situación de desprotección”.

Del debate legislativo participaron referentes del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y del Consejo Profesional de Ingeniería Civil para expresar su disconformidad con la iniciativa oficial. “Advertimos que la propuesta deja en manos de particulares no idóneos la responsabilidad de evaluar aspectos clave en la habilitación de los locales comerciales. La intervención de profesionales especializados es esencial”, aseguraron.

Ordenanzas que quedaron obsoletas

Dentro del centenar de cambios normativos figuran derogaciones a una serie de ordenanzas que quedaron fuera de tiempo. Entre ellas está una reglamentación que data de mayo de 1907 que prohíbe el juego de barrilete.

También quedará sin efecto el impedimento, establecido en 1908, para los ocupantes de locales cuyos sótanos tengan rejas exteriores desmontables, de dejarlas abiertas. Y la prohibición de colocar muestras salientes y poner bandolas en la vía pública que está vigente desde 1920.

Por obsoletas serán derogadas las normas que requerían la habilitación otorgada por la Municipalidad para “librar al servicio” los establecimientos o locales destinados a baños públicos y la que limitaba las autorizaciones de nuevas bocas de expendio de pan —no envasado en origen—, a las panaderías y despachos destinados específica y exclusivamente a ese rubro.

También desestimarán parcialmente una ordenanza de 1994 que obligaba a los “locales en los que funcionan equipos de radiaciones ultravioletas, camas solares o similares” a contar con un profesional médico “con orientación en dermatología” que tenía la función de “someter al usuario a un control que evalúe sus condiciones físicas”.

Por último, aún resta definir cómo quedarán algunos otros cambios que fueron objetados en el debate parlamentario y que aún no alcanzaron un consenso de cara a la sesión del jueves próximo.

El primer desacuerdo tiene que ver con una modificación para el funcionamiento de las “Casas de Cuidados Paliativos”, que asisten a pacientes cuando la enfermedad no responde al tratamiento curativo y cuyos profesionales tienden a aliviar el dolor y apaciguar el sufrimiento psíquico.

La disposición actual establece que “la ropa de cama y tocador deben ser cambiadas cada vez que sea necesario y no menos de dos veces por semana, según el estado de salud del alojado”, mientras que la nueva versión elimina la frecuencia de “no menos de dos veces por semana”.

Y el otro tema que resta determinar si será incluido alude a la incorporación de una resolución que obliga a los organizadores de eventos masivos a “abonar el valor correspondiente a las tareas de higiene que demandare” la actividad tanto “en las inmediaciones del predio como en la vía pública”. El pago será parte de los requisitos para recibir la autorización para la realización del evento.