Los diez exalumnos del Colegio del Salvador que denunciaron haber sido abusados sexualmente por un cura de la institución fallecido en 2015 apelaron el fallo de la Cámara Nacional de Casación N°3 que confirmó la prescripción del delito, y con un recurso extraordinario llevaron su reclamo contra los directivos a la Corte Suprema de Justicia.

Los exalumnos los acusan de encubrimiento de los delitos de abuso y corrupción de menores al haber tenido algún tipo de responsabilidad en la vida institucional de César Fretes, un religioso jesuita que entre 1997 y 2003 habría abusado de 40 chicos, a algunos de ellos en más de oportunidad, según el conteo de la querella.

La sentencia de Casación fue apelada por el fiscal Mauricio Agustín Viera, en favor de los denunciantes, pero también por los abogados de los acusados: es que pese a declarar la prescripción del delito, el tribunal habilitó un “juicio por la verdad”, es decir, abrió una nueva instancia sin responsabilidades penales para esclarecer lo ocurrido en ese período, a lo que los directivos se oponen.

En un recurso presentado ante la Corte, Alejo Pisani, abogado defensor de uno de ellos, sostuvo que el principio de inocencia no puede doblegarse, “resultando absolutamente improcedente toda instancia revisora posterior, aunque más no sea por la averiguación de la verdad, más allá de lo dicho en el fallo”.

Las mayorías detrás de las dos resoluciones de Casación en su fallo –por la prescripción del delito y por el juicio a la verdad– tuvieron distintas composiciones dentro del tribunal.

Quien determinó la forma de la sentencia fue el juez Alberto Huarte Petite. En línea con su colega Mario Magariños, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, y el Juzgado N°59, el magistrado sostuvo que desde 2003 había “transcurrido holgadamente” el plazo de doce años previsto en el Código Penal.

No obstante, afirmó que “deb[e] habilitarse una instancia jurisdiccional para que quienes se presentan como víctimas en [la causa] puedan acceder a la determinación de la verdad de los hechos que denuncian”.

En esto último se alineó con Pablo Jantus, el tercer magistrado, quien votó en disidencia con respecto a la prescripción, pero que al saberse en minoría, apoyó el juicio a la verdad.

Plegándose a su propio accionar en sentencias previas, afirmó que lo juzgado en la causa en instancias anteriores “omitió una consideración integral de todo el cuadro normativo vigente”.

Para el juez, al igual que para la querella, la Convención sobre los Derechos del Niño ya contaba con jerarquía constitucional al momento de la presunta comisión del delito –fue incorporada con la reforma de 1994– y desde entonces, afirmó el magistrado, “el Estado argentino tiene la obligación internacional de cumplir con el deber de protección de la niñez allí proclamada”.

“Negarles el derecho a que se investiguen esos sucesos –y, en su caso, a que sea juzgado y eventualmente sancionado su presunto autor o quienes tuvieron alguna forma de participación o que hayan podido encubrir los sucesos impidiendo su investigación– para salvaguardar el principio de legalidad [por la irretroactividad], implica desconocer nuevamente el principio del interés superior del niño”, argumentó.

Las autoridades del Colegio del Salvador denunciadas son Luis Rafael Velasco, rector de la institución entre 1999 y 2003; Alfonso José Gómez, superior provincial de la Compañía de Jesús entre 2003 y 2009; Ricardo Moscato, vicerrector desde 1999; Álvaro Pacheco, el delegado provincial para la prevención y denuncias de abusos; y Andrés Aguerre, rector del colegio entre 2004 y 2010.

“Nos oponemos a volver a exponer a un juicio a personas que están sobreseídas en tres instancias”, dijo a LA NACION, Alejandro Romano, abogado defensor de Velasco y Moscato, en alusión a la apelación. “Estos juicios por la verdad tenían otro contexto en su génesis. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. En la época del Proceso hubo interrupciones [del Estado de Derecho]. Acá no es ese contexto. Ellos dejaron correr el tiempo voluntariamente”, señala, en referencia a la prescripción.

Los denunciantes señalaron que ambos directivos no apartaron a Fretes de sus funciones luego de haber recibido al menos tres denuncias por parte de alumnos y una cuarta por parte de otro sacerdote de la orden.

Sobre Pacheco, Aguerre y Gómez pesa la acusación de no haber instado ninguna acción sobre las anteriores autoridades y de haber encubierto a Fretes, quien fue relocalizado en la provincia de Mendoza. “En aquellos años estaba prohibido la denuncia para aquellos que no fueran los padres”, recordó Romano.

Respecto del accionar del religioso, los denunciantes señalan en su demanda: “Se destacó como patrón común que César Fretes construía un vínculo de confianza con los niños, quienes veían en él una figura de acompañante por su rol de tutor, además de que era el encargado de impartir la ‘Educación para el amor’, una suerte de educación sexual que lo habilitaba para indagar en cuestiones relativas al desarrollo y la sexualidad de los estudiantes”.

La denuncia tuvo el impulso inicial de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, cuya competencia e interés alcanza también a los delitos contra niños menores.

“Esperamos que la Corte en breve declare que los casos de abuso sexual sobre niños son imprescriptibles al considerarlos una grave violación al derecho de las personas, conforme viene sucediendo en el resto del mundo”, señaló a este medio Pablo Mayer, abogado de la querella.

Los dichos del Papa

En abril del año pasado, el Papa Francisco mantuvo una encuentro con diez jóvenes de todas partes del mundo, que luego sería incorporado al documental Amén: Francisco responde, disponible en Star+. Allí, el Sumo Pontífice fue confrontado por los jóvenes que lo llevaron a tocar temas sensibles para la Iglesia, como el aborto y el rol de la mujer en la institución.

Uno de ellos lo consultó por los abusos cometidos por curas. “Estos casos de abusos a menores no prescriben para la Iglesia y si por los años sucediera, yo levanto la prescripción automáticamente. Es un drama en todas partes, pero en la Iglesia es más escandaloso porque precisamente en el lugar en donde tenés que cuidar a la gente, la destruís. Si hay alguien que está jugando mal, viene la denuncia y limpiamos. Tolerancia cero, esa es la política de la Iglesia”, sostuvo Francisco.