“El gobierno intenta desaparecer a los desaparecidos”, acusan colectivos de familiares en Michoacán

Familiares de personas que fueron víctimas de desaparición en Michoacán convirtieron en un memorial, con fichas de búsqueda de sus seres queridos, el llamado puente de los colgados en Uruapan, donde hace cuatro años 19 personas fueron asesinadas.

Mientras que madres, hermanas, esposas e hijas siguen buscando a sus desaparecidos y resignifican con este memorial la enorme estructura de concreto, que representa un símbolo del horror en Michoacán, denuncian que el gobierno de la República y los gobiernos de los estados, “intentan desaparecer los desaparecidos” de las estadísticas, con ese censo “que nadie conoce”, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Eso nos lastima a los familiares de víctimas de desaparición forzada”, dice Isis del Rocío Macías Gracián, del colectivo “San Pedro Cahro, en Busca de Ángeles”, sobre el censo del presidente.

Macías Gracián asegura que incluso la cifra oficial está muy por debajo de la cifra real. Actualmente existen reportadas 113 mil 252 personas desaparecidas y no localizadas en el país, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta el pasado 16 de noviembre. 

“Es esconder la realidad. Vienen tiempos electorales y siento que quieren hacernos ver como que todo está bien, cuando en realidad no”, acusa.

“(La desaparición forzada de personas) va en aumento, escalofriante. Es impresionante la cantidad en la que van aumentando estas cifras y ahora, ya quieren desaparecer a los desaparecidos”, añade.

El titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Michoacán, José Alfredo Tapia Navarrete, explica que con base en la contabilidad del sistema nacional y el estatal, que data de los años 60 a la fecha, se tiene el registro de más de 9 mil 500 personas desaparecidas en el estado, pero con los datos de las personas localizadas, con la información actualizada, “tenemos aproximadamente 6 mil 500 personas desaparecidas, a la fecha”.

“En la actualidad, tenemos más o menos, unas mil 800 personas registradas, ya en el periodo actualizado del 2019 que se forma la Comisión a la fecha”, apunta.

Sobre el nuevo censo de desaparecidos, que se impulsa desde el Ejecutivo federal, Tapia Navarrete, comenta que durante la pandemia de Covid-19, muchas personas que se fueron a vacunar se encontraban reportadas como desaparecidas, y ahora se tiene que revisar que no sean homónimos y la información se tiene que actualizar.

“En ese contexto se hizo un cruce a nivel nacional con las personas que están desaparecidas y sí efectivamente, hay un buen número de personas que estuvieron reportadas desaparecidas, pero al ser localizadas, ese censo se tiene que trabajar y se tiene que revisar a efecto de verificar si efectivamente no son homónimos, que deben de ser un mínimo, y que se encuentran ya no en esa calidad de desaparecidos”.

El funcionario estatal dice que las comisiones de búsqueda no pueden bajar del padrón nacional o estatal a las personas desaparecidas, “si no es que, tenemos la prueba de muerte o la prueba de vida”.

“La prueba de vida es que tú lo veas y que tengas la claridad de haber tenido una prueba contundente de que la persona está viva o desaparecida”, enfatiza.

“De repente se escucha que hay posibilidad de manipulación del padrón y eso es bien complicado, porque además, el Sistema Nacional implica: la Comisión Nacional, FGR (Fiscalía General de la República), autoridades federales en materia de seguridad y todas las comisiones locales de búsqueda, sus homólogos en fiscalías y en autoridades de seguridad. Entonces, es un padrón de alguna manera sólido, posiblemente con errores o algunas cosas que hay que ajustar, pero es un padrón técnicamente muy cuidado”.

José Alfredo Tapia reitera que las estadísticas de personas desaparecidas están fundamentadas en las denuncias de familiares y en las que se presentan en las comisiones locales y/o la nacional.

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En Uruapan crece la desaparición de personas

A raíz de la desaparición de su hijo y de la falta de seriedad de las autoridades para investigar, María Eugenia Ruiz Favela y familiares de otras víctimas de desaparición, formaron un colectivo de búsqueda.

Gustavo Segura Ruiz, desapareció el 8 de agosto de 2018, luego de ser privado de la libertad por un grupo armado sobre la autopista Siglo 21, a la altura de Arteaga.

El joven regresaba a Uruapan, después de pasar unos días en Ixtapa, Zihuatanejo, Guerrero, donde estuvo en un evento deportivo.

María Eugenia Ruiz dice que las desapariciones de personas en Uruapan se agravaron desde hace tres años y coincide con otros familiares y colectivos de búsqueda: la desaparición es la forma en la que esconden los homicidios dolosos, “al no haber cuerpos, no hay delito”.

Encontrar a su esposo le costó que la desaparecieran

El pasado 8 de marzo, en una jornada de búsqueda, madres buscadoras y autoridades de procuración de justicia, localizaron una narcofosa.

En ese predio, ubicado en los límites de Uruapan y Ziracuaretiro, fueron desenterrados los restos de 28 personas, entre ellas la de un adulto mayor, de ocupación jornalero.

Luego de las pruebas periciales, la Fiscalía de Michoacán informó a la esposa de la víctima que algunos de los restos eran los de su familiar.

No pasaron ni tres días cuando un grupo armado ingresó al domicilio de la señora de 80 años de edad y se la llevó, denuncian vecinos de la víctima.

La señora estaba con sus dos hijas y les ayudó a escapar por el patio trasero de la vivienda mientras los delincuentes forzaban las chapas de la propiedad.

La mujer cambió su vida por la de sus hijas y fue privada de la libertad por los criminales, quienes se la llevaron y desde entonces no aparece.

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Estar en el lugar equivocado, un peligro

Tal vez una confusión o estar en el lugar y momento equivocado le costó a Román Cabrera Coria que fuera interceptado por un grupo de sujetos armados.

El hecho ocurrió el 24 de junio de 2020 en el municipio de Zacapu, cuando el padre de familia, originario de Uruapan, preparaba y vendía como ambulante manzanas.

Su hermana, Juana Cabrera Coria, cuenta a Animal Político que Román fue subido a una camioneta, en una gasolinera ubicada a la salida de la cabecera municipal de Zacapu.

“Él salió a las 6 de la tarde a vender; dijo que iba a regresar a la casa a preparar más manzanas para vender, pero ya no se supo nada de él ni regresó”.

Juana Cabrera relata que presentaron la denuncia ante la Fiscalía de Michoacán, pero a más de tres años no tienen respuesta de la investigación.

“Para todas las personas que estamos pasando por esto, es un dolor muy grande. A mí me parte el alma ver a mi mamá y el verla sufrir, hace sufrir más a uno”, expresa.

Aunque han buscado por todas partes una respuesta de qué fue lo que pasó con su hermano, dónde lo tienen y cómo está, no la hay. No tienen nada.

“Yo les digo que se toquen un poquito el corazón. Que tienen familia, tienen padres, tienen hijos y que si ya se lo llevaron, por lo menos nos lo regresen, ya sea como sea”, dice Juana Cabrera sobre las personas que se llevaron a su hermano.

“Uno qué más quisiera que te lo regresen con vida, porque es lo que más desea uno, pero si ya se los llevan, para qué hacer sufrir más a las familias”, remata.

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“Al gobierno le vale madres nuestro dolor”

A Ismael Barragán Rangel, representante de obras públicas de la comunidad de Tejerías, lo sacó de un palenque un grupo criminal el 18 de mayo de 2022.

Patricia Fierros Valencia, esposa de Ismael, narra que ese día, cerca de las 7 de la tarde, sujetos armados irrumpieron en el palenque en dos camionetas.

“Y lo subieron a la fuerza, más de ocho hombres armados que se bajaron y se quedaron otros adentro de las camionetas y se lo llevaron, por lo que presentamos una denuncia”.

Cuenta que el grupo criminal se puso en contacto con ella y le pidieron dinero a cambio de dejar en libertad a su esposo, con quien tuvo contacto por teléfono durante 22 días.

Patricia dice que la desesperación de que liberaran a su esposo la llevó a pagar el rescate, pero ya no supo más de él.

“No le puedo decir la cantidad, pero sí fue mucha, porque nos dejaron sin nada. Acabaron con nuestros ahorros de 30 años de matrimonio”, revela.

Ismael era un gran esposo y un padre inigualable para sus tres hijos, comenta, entre ellos una jovencita que tiene que utilizar una silla de ruedas.

“Y al gobierno le vale madres el dolor de todas las personas que estamos pasando por este calvario. Yo quisiera que no pasaran ellos por esto, porque ese día se van a dar cuenta del sufrimiento que estamos pasando nosotros. Estamos desprotegidos y solos”.

“Que se pongan las manos en el corazón y que entreguen a estas personas que tienen secuestradas, que nos den una esperanza, que hagan una llamada anónima y que nos digan dónde los tienen o una fosa dónde encontrarlos, porque aparte de que les quitan la vida, todavía se ensañan con su cuerpo”, señala enfática Patricia Fierros.