Yahoo Noticias Gobierno desinforma sobre el proceso de Pemex contra María Amparo Casar: estos son los puntos clave del caso
El presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios del Gobierno de México han presentado información falsa y engañosa sobre el caso de la pensión que recibe María Amparo Casar -presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)-, tras el fallecimiento de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla García quien trabajó en Pemex hace 20 años. MCCI ha publicado reportajes sobre corrupción que involucran a familiares del mandatario.
Por ejemplo, en la conferencia del pasado 3 mayo Octavio Romero Oropeza, dijo que se abrió una investigación para cancelar la pensión vitalicia de 123 mil pesos mensuales que recibe Casar y recuperar el dinero pagado desde 2004, que supera los 31 millones de pesos. Ello, según Romero Oropeza, por considerar que hubo corrupción para conceder la pensión cuando la muerte se trató de un suicidio.
Sin embargo, en el reglamento de Pemex no se menciona que la causa de muerte sea una condición para la entrega de la pensión.
Además, el presidente López Obrador afirmó que se le había concedido un amparo a Casar, cuando ella sólo inició el trámite, y calificó al Poder Judicial de tendencioso por ordenar que se reanudara el pago a Casar. También difundió datos de los ingresos de la académica alegando que eran públicos, cosa que es falsa, aunque después rectificó que los obtuvo a través del SAT.
Aquí te presentamos las claves para entender el caso y las afirmaciones falsas y engañosas que han presentado los representantes del Gobierno de México.
Buscan cancelar la pensión que recibe Casar
En la conferencia del 3 de mayo de 2024, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, afirmó que la muerte de Carlos Márquez se trató de un suicidio, lo que supuestamente era un impedimento para que la familia del fallecido recibiera la pensión vitalicia de Pemex, aunque en el expediente que difundió el gobierno, el reglamento de los trabajadores de Pemex no sustenta esta afirmación.
“Entonces, al verificarse que este señor intencionalmente se privó de la vida, se suspendieron ya de inmediato las prestaciones que habían estado reconociéndole y pagándose a favor de la señora María Amparo Casar, y se realizaron ya las denuncias correspondientes contra quienes participaron”, sostuvo el funcionario.
Además, ese mismo día se publicó el expediente del caso y el día 5 de mayo se divulgó el dictamen de la entonces Procuraduría General de Justicia del DF en que se afirma que se trató de un suicidio.
El lunes 6 de mayo, Romero Oropeza agregó que: “Fue un suicido y, por lo tanto, no procede ni la pensión, ni procedía tampoco el pago del seguro”.
Por ello, alegó, se buscará por la vía legal recuperar los montos pagados por esta pensión a la presidenta de MCCI, así como fincar responsabilidades a los servidores públicos involucrados.
Sin embargo, el Reglamento de trabajo del personal de confianza de Petróleos Mexicanos y su empresas productivas subsidiarias, mostrado en el propio expediente, no menciona cláusula alguna en que la causa de la muerte de la persona sea una condición para entregar el recurso.
“Existe una disposición que establece que la persona que dependía económicamente del difunto tenga derecho a recibir esa pensión siempre y cuando no se contraponga a los lineamientos expresos que existan en las disposiciones internas de la dependencia. La Ley (Federal del Trabajo) no habla específicamente nada de eso y el reglamento es el que en todo caso tiene aplicación directa. En todos los juicios que hemos llevado contra Pemex, siempre tenemos que apegarnos a lo que dicen los reglamentos internos”, explicó el abogado laboral Enrique Otriz a El Sabueso.
Además, el propio expediente refiere que Pemex solicitó para el pago de seguros documentos como el acta de defunción, expedida por el Registro Civil, donde no se precisa si se trató de un homicidio o de un suicidio.
INAI investiga a la Presidencia por difundir datos confidenciales
El sábado 4 de mayo, el INAI informó el inicio de una investigación por la divulgación de datos personales de María Amparo Casar, su hija y su hijo por parte de la Presidencia.
En la exposición de Romero Oropeza y con la posterior difusión del expediente, se dieron a conocer datos personales de María Amparo Casar, su hija y su hijo, como registros escolares, identificaciones oficiales, domicilio y número telefónico, lo que va en contra de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Como te contamos en esta nota, Romero Oropeza hizo una interpretación sesgada de la ley para defender esta acción, pues aseguró que se permitía la difusión de información de casos de corrupción, pero omitió que también se ordena proteger los datos confidenciales.
AMLO afirma que Casar presionó para que se considerara suicidio
Tanto el presidente como el director de Pemex afirmaron que María Amparo Casar se había reunido con el entonces procurador General de Justicia del DF, Bernardo Bátiz, para solicitar cambiar el dictamen pericial para que la muerte de Carlos Márquez se registrara como accidente y no como suicidio; sin embargo, tanto la académica como el propio exprocurador dijeron no conocerse en persona, por lo que esta versión es dudosa.
En su libro “Gracias”, el presidente afirma que Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, se reunió en 2004 con Bernardo Bátiz, para pedirle que cambiara el dictamen con el fin de garantizar el pago de la pensión.
En la conferencia del 3 de mayo, Romero Oropeza reiteró esa versión y sostuvo que hubo una omisión por parte de los funcionarios de Pemex, quienes autorizaron entregar la pensión cuando se trató de un suicidio.
Casar respondió con un mensaje divulgado por MCCI el 9 de mayo, en donde negó haber pedido cambios al dictamen de la entonces Procuraduría del DF en relación con la causa de muerte de su esposo.
“No fue el caso. El propio maestro Bátiz ha declarado que no me conoce personalmente y que no recuerda nunca haberse reunido conmigo. Si tal cosa hubiese ocurrido -como escribe el presidente- tanto el entonces Jefe de Gobierno del DF como su procurador debieron haberme denunciado o, al menos, haberse negado a cometer tal ilegalidad”, afirmó la académica.
En entrevista con Aristegui Noticias, Bernardo Bátiz se pronunció en un sentido similar y reconoció que no recordaba haberse reunido con Casar y Aguilar Camín, aunque acotó que tampoco negaba dicho encuentro, pues confiaba en la buena memoria del presidente.
No obstante, descartó conocer personalmente a Casar, salvo algunos encuentros en que sólo se saludaron o se vieron de lejos. Pero comentó que tenía presente una petición de cambio en el dictamen oficial relacionado con el caso, pero que no se le realizó a él sino al agente del Ministerio Público.
“A mí directamente no. Sé que los litigantes que representaban a las partes que estaban interesadas en el asunto acudían a la agencia del ministerio público de la alcaldía Miguel Hidalgo y que sí hubo algún intento de eso, sí recuerdo que me lo comentaron. Y sin duda alguna, lo comenté en las mañaneras de entonces, de lo que era el gabinete de Gobierno y Seguridad”, afirmó Batres.
Sin embargo, dijo no recordar qué comentó al respecto del incidente.
AMLO reprocha a jueza por ordenar el pago de la pensión
En la conferencia del martes 14 de mayo, López Obrador reprochó que una jueza ordenara que se reanudara el pago de la pensión a María Amparo Casar, y se pronunció por una supuesta parcialidad del Poder Judicial, lo cual es engañoso, pues dicha resolución se da en la generalidad de los juicios de amparo.
Ello aunado a que aún está en proceso de definirse el juzgado competente para el trámite del amparo, y este no se ha concedido, como afirmó el mandatario.
“Hay una actitud del Poder Judicial tendenciosa, lo vimos en el caso de la señora Casar, que en 24 horas le dieron amparo. Además, mintiendo, primero, de que no había una denuncia, que sí la hay, como lo dio a conocer la fiscalía el día de ayer. Y segundo, de que si le quitaban esa pensión no iba a tener para su sustento, cuando la pensión se le suspendió creo que en febrero”, afirmó.
El 9 de mayo, la defensa de Casar tramitó un amparo ante un juzgado laboral para reclamar el pago de la pensión post-mortem de su esposo, luego de que se suspendieran los pagos en febrero de 2024.
La jueza que recibió el caso ordenó una suspensión de plano, es decir, una medida para evitar que el daño causado por la suspensión del pago de la pensión, explicó a El Sabueso Abril Jiménez, académica de la UNAM.
En los argumentos, se menciona que esa decisión se tomó porque Pemex dejó de pagar la pensión de manera unilateral.
“A menos que exista ordenamiento firme jurisdiccional o administrativo, en el que se le hubiere respetado a la quejosa el derecho de defensa, que ordenara la cancelación del pago de la pensión, ya que una vez generado el derecho a percibir esos beneficios, constituyen derechos adquiridos por los beneficiarios del extinto trabajador y no pueden suspenderse unilateralmente por el patrón”, señaló la resolución del pasado 9 de mayo.
En los registros del caso, se detalla que el martes 14 de mayo Pemex interpuso un recurso de queja contra el pago de las pensiones pendientes, aunque informó del cumplimiento de la emisión de un cheque para Casar con el monto adeudado.
En entrevista radiofónica la mañana del 14 de mayo, la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sostuvo que hasta la noche anterior, no había recibido el pago correspondiente.
Falso que datos de los ingresos de la académica sean públicos
También en la conferencia del lunes 13 de mayo, López Obrador aseguró que la información respecto de los ingresos de María Amparo Casar era pública en las páginas de transparencia, cosa que es falsa.
“Cualquiera de ustedes puede encontrar en las páginas oficiales —porque también ese es la otra cosa, lo del debido pretexto de que ya no se puede hablar de nada, pero como está permitido, está en las redes— puede encontrar que en ese instituto para combatir la corrupción, entre comillas, le pagan creo que 250 mil pesos mensuales”, aseguró López Obrador.
Pero dicha información, como reconoció este martes el presidente, se obtuvo a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues los pagos de salarios de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad no son públicos.
“Y también yo dije ayer, me equivoqué, que estaba su sueldo en la página de transparencia. No, es en la del SAT, para aclarar”, reconoció este martes 14 de mayo.
Además, el presidente amagó con preguntarle al encargado del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), Jenaro Villamil, sobre lo que percibe Casar por sus colaboraciones con el programa Primer Plano de Canal Once.
Ello también viola la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, donde se establece que los datos personales son confidenciales.
